Geriátricos: ¿Y las familias qué hacen?

Por Marcela Fernández / Diputada provincial

La pandemia COVID-19 vuelve a poner en escena la endeble situación de los geriátricos. Sin dudas las cifras en el mundo nos muestran que los más vulnerables son nuestros adultos mayores, personas mayores (según parámetros internacionales), como sea, nuestros abuelos y abuelas. 

Para entender de qué hablamos solo basta con ver las noticias de España. En ese país, uno de cada cuatro muertos por COVID-19 vivía en una residencia de ancianos. Al menos 2.170 usuarios de geriátricos han fallecido por el virus ya que la cifra supone el 26% de los 8.189 fallecimientos que registra España. (Diario EL ESPAÑOL- 01/04/2020).

Sin embargo, no fue el único caso. En Argentina, Provincia de Buenos Aires, fue noticia el geriátrico BEITSION, donde se confirmaron casos positivos; o como lo sucedido en Villa Luro, que fue escenario de 15 ambulancias del SAME y se evacuaron a 40 personas mayores.

La Suprema Corte de Mendoza informó que monitorea hogares y geriátricos. El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes se reúne con los directores médicos para trabajar en forma conjunta. Los municipios con compromiso social están colaborando para llegar a estos lugares, que hoy se presentan como un riesgo inminente.

Sin embargo, hay un actor del que nadie habla, del que nadie pregunta, a los que no se le reclama, y son las familias de cada uno de las personas mayores en las residencias.

No estoy hablando de las residencias públicas para personas mayores que los mendocinos todos conocemos, como el Santa Marta, donde su red familiar se encuentra muy debilitada o es inexistente. Más bien, hago referencia a las personas que por diferentes motivos, sobre todo de tiempos, no pudieron atender las diferentes necesidades de sus adultos mayores.

Mendoza cuenta con una ley que regula las residencias para personas mayores, y data de 1990. Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Legislatura vengo trabajando en la necesidad de una reforma estructural de la ley. Entendemos que la parte edilicia es muy importante, que los controles tienen que ser más exhaustivos, pero que la responsabilidad primaria de la familia es indudablemente un aspecto indispensable que nos interpela como seres humanos.

Por eso, como hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, nietos, nietas que con seguridad están pagando de buena fe un albergue que cuide de ese familiar, tenemos que saber que los cuidados de una institución no nos pueden alejar del amor al otro.

Y sin evadir esta responsabilidad que les cabe a las instituciones, con esta misma lógica tenemos que plantear un mayor compromiso que hasta el momento se ha dejado de lado. La situación actual llama a las familias a involucrarse de manera más profunda y por ello creo que deberíamos plantear la posibilidad de que ese abuelo o abuela, pase a un largo aislamiento preventivo y obligatorio en casa.

Porque, si no actuamos de esta manera como primera medida, de qué sirve revisar los protocolos luego de un posible caso COVID 19 en una residencia, o constatar si las medidas de protección se tomaron, si pudieron establecer un protocolo o si se testearon los ingresos. ¿Cuál sería la importancia si la residencia se encuentra habilitada o no?

Como familia tenemos que apelar a la co-responsabiliadad del cuidado. Estoy apelando al afecto, al amor, al cariño, a los recuerdos hacia esa persona. Quizás a lo único que vale la pena.

Es momento de poner el hombro, como ellos ya lo hicieron con nosotros.