Opinión

Mendoza necesita una Constitución para el siglo XXI

"Una Constitución no es el resultado de una mirada científica aséptica, ni mucho menos la ocurrencia de un iluminado. Es el resultado de un proyecto político, de una visión filosófica, y la correlación de fuerzas dominantes que existen en un lugar y en un momento histórico", opina Gómez Portillo.

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MDZ Sociedad lunes, 18 de mayo de 2020 · 10:39 hs
Mendoza necesita una Constitución para el siglo XXI

Por Lucas Gómez Portillo

Una Constitución no es el resultado de una mirada científica aséptica, ni mucho menos la ocurrencia de un iluminado. Es el resultado de un proyecto político, de una visión filosófica, y la correlación de fuerzas dominantes que existen en un lugar y en un momento histórico

Dicho esto, vale la pena prestar atención al mensaje de apertura de sesiones legislativas ordinarias brindado por nuestro Gobernador el pasado 1° de Mayo, analizando en particular los motivos para promover una Reforma Constitucional. De todos los anuncios efectuados como parte de dicha reforma nos detendremos en el que él señaló como la “arista más notoria”, pasar de un sistema Bicameral a uno Unicameral, y en la eliminación de las elecciones de medio término. Los motivos manifiestos de tamañas reformas son: supuesta disminución sustancial del costo de la política y una presunta mayor calidad institucional. Analicemos si esto es verdaderamente así.

Los grandes lineamientos institucionales tienen que estar precedidos de proyectos políticos ambiciosos y miradas de desarrollo a largo plazo. La Legislatura no es el Directorio de una empresa, ni sus legisladores CEOS, es el órgano de representación democrática más importante y su reforma exige algo más que una mirada tecnocrática puesta sólo en ahorrar dinero.

Basta con recorrer nuestra historia constitucional provincial para dar con elementos que sirvan para reflexionar sobre la misma.

En general, nuestra Constitución fue creciendo en mayor y mejor representación, diversidad y debate democrático. Nuestra tradición democrática a esta altura tiene como uno de sus principales pilares el sistema bicameral. Modificarlo requiere dar una discusión seria y plural.

El primer antecedente legislativo en nuestra provincia, preconstitucional, data de 1820 cuando Tomás Godoy Cruz convocó a los vecinos a Cabildo Abierto para elegir una Junta o Sala de Representantes, la cual llegó a tener 25 miembros, y fue, precisamente, unicameral. En 1854, y tomando como base el proyecto de Juan Bautista Alberdi, se sanciona nuestra primera Constitución provincial, manteniendo un sistema unicameral; se exigía tener una propiedad raíz de valor o renta o entrada equivalente a la renta de dicho capital. Lo curioso de este primer antecedente constitucional es que justamente se estableció un poder Ejecutivo fuerte, con un poder Legislativo acotado y de una sola cámara, y su función era gratuita, lo que generaba que fuera muy difícil que pudieran estar presentes para sesionar.

El unicameralismo, además, se justificaba en los inconvenientes que tenían las limitadas economías provinciales, así como la dificultad de contar con gente idónea que ocupara los cargos legislativos al existir muy pocas personas con formación suficiente, considerando que para aquella época existía una escasa población (unas 60 mil personas), un sistema de transporte rudimentario y bajísimo desarrollo productivo. Esta realidad era común para todas las Provincias, las cuales, salvo Buenos Aires, adoptaron un sistema unicameral. En Mendoza predominaba un gobierno de familias o de oligarquía que monopolizaba los poderes públicos desde el Ejecutivo. El modelo unicameral resultaba ideal en el siglo XIX para dotar de mayor poder y control sobre el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Una menor cantidad de miembros permitía negociar con menor cantidad de representantes, reduciendo la capacidad de representación de los mismos.

Ya en 1895 se reforma la Constitución y se instala, hasta hoy, el sistema bicameral, incluyendo una Cámara de Senadores, representativa de los departamentos, junto a una de Diputados, representativa del pueblo, dando cuenta de la mayor complejidad social y económica, que a casi cincuenta años de la primera constitución, había transformado completamente nuestra Provincia. Este sistema era recomendado por el propio Julián Barraquero.

Luego de las reformas de 1900 y de 1910, se realiza una mucho más profunda en 1916, donde se mantiene un sistema bicameral, pero se establece una representación idéntica en ambas cámaras, las dos representaban al pueblo, según cantidad de habitantes de cada sección electoral, lo cual rompe con la idea de dos cámaras para asegurar mayor diversidad en la representación territorial.

En 1949, en plena democracia, luego de años de dictaduras militares y fraude patriótico, se realiza una profunda reforma constitucional, que fue destacada en la época como una verdadera obra institucional de vanguardia, la cual incluyó una segunda reforma que efectuó la Legislatura conforme lo autorizaba la Constitución Nacional de 1949. En dichas reformas se corrige la duplicación de la representación del pueblo por ambas Cámaras volviendo a un esquema de representación del pueblo por Diputados y territorial por Senadores (en la primera redacción por sección electoral y en la segunda por departamento).

Con el golpe militar de 1955 asume como interventor Isidoro Busquets, miembro del partido radical, quien mediante un decreto deja sin efecto las reformas de 1949, de la cual había participado, curiosamente, como convencional constituyente durante todo el año que duró su primera versión, ordenando marcialmente volver a la de 1916. Desde la vuelta a la democracia en 1983 sucesivos gobiernos dieron por vigente, sin mayores explicaciones, la Constitución de 1916, sin aplicar ni mencionar la de 1949.

Resulta interesante este breve repaso histórico para entender algo medular que no fue mencionado por nuestro Gobernador en su discurso. Necesitamos una Nueva Constitución no para bajar el costo de la política, sino para sanear nuestro proceso constitucional fracturado, el cual mantiene como vigente una constitución de 1916 derogada en 1949 y por derogada una constitución que debería estar vigente, la de 1949.

Por otra parte surge claramente que lo que nos propone el Sr. Gobernador es una Constitución del Siglo XIX para el siglo XXI. La cuestión de la bicameralidad significó adecuar nuestra estructura institucional a un proceso de desarrollo social y económico, contar con una capacidad de representación adecuada a una cada vez mayor población y diversidad social, a las posibilidades técnicas y a una mayor ilustración de nuestro pueblo. Proponer en pleno siglo XXI un modelo del 1.800 por el solo hecho de ajustar el costo de la política no sería tan diferente a plantear que los legisladores no cobren, que voten los ciudadanos que tienen bienes suficientes, o que sólo accedan a los cargos públicos los que tengan riquezas.

Debe recordarse que la cantidad y diversidad de los miembros que componen cada cuerpo legislativo implica vasos comunicantes entre legisladores, con sus municipios y zonas de origen, con sus fuerzas territoriales, con minorías políticas y sociales, con grupos económicos, con sindicatos diferentes, etc. Anular una cámara o reducir la cantidad de representantes es perder eso, es perder democracia, es perder debate, es atraso. Mendoza no se merece eso.

Una sociedad compleja merece sistemas complejos en la toma de decisión. La pregunta que queda flotando en el aire es ¿A quién le conviene una legislatura más pequeña, con menos representantes y con menos control electoral, menos transparente y más manejable por los ejecutivos?

Por otra parte, si el problema es que las Cámaras representan lo mismo y eso no sirve, pues entonces sólo bastaría con aplicar la Constitución vigente de 1949 que incluía la adecuada representación en Senadores de los departamentos, o avanzar en una reforma donde eso se corrija definitivamente.

Además, debemos analizar la cuestión del peso presupuestario real que tiene nuestro sistema comparado con los unicamerales. Tomando el artículo de Diego A. Giuliano publicado en la Revista Científica UCES (Volumen V n° 1) tres de los cinco Poderes Legislativos provinciales que más gasto generan en relación a su presupuesto en nuestro país son las Legislaturas Unicamerales de Formosa, Chaco y Tucumán, mientras que provincias como Mendoza, Catamarca y San Luis, bicamerales, figuran como las que menos gastos generan en sus presupuestos provinciales. Pero hay más, y esto debería considerarlo el Sr. Gobernador. De los 24 distritos argentinos a comparar, la provincia de Mendoza está 19° en el ranking de lo que cuesta un legislador provincial por año, la provincia de Catamarca (bicameral) es la número 20° y la provincia de San Luis (bicameral) es la número 23°. Entonces ¿El costo de la política en la Legislatura es el problema de nuestra Provincia? Sería interesante que la propuesta incluya números reales y estudios serios para evaluar la conveniencia de una reforma de tamaña importancia.

En igual sintonía está la propuesta del Gobernador de eliminar la votación de medio término, siendo este un acto fundamental de nuestra democracia, lo cual sólo evidencia una tendencia de asignar poco valor a la voluntad popular, ya que se prefiere un pueblo que se exprese cada vez menos y que lo haga con menor capacidad de ser representado.

Es una lástima que Mendoza pierda la oportunidad histórica de abrir debates que construyan la institucionalidad del futuro, evitando caer en respuestas demagógicas que atrasan. Es esencial ampliar la discusión, tornarla plural, abrir el debate, discutir entre todas, todos y todes una Nueva Constitución, ambiciosa, que incluya mecanismos innovadores e inteligentes que garanticen mayor transparencia, más democracia. Una Constitución de y para el siglo XXI.

Mgter. Lucas Gómez Portillo, abogado constitucionalista / Manifiesto Argentino - Mendoza

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