Gran preocupación por cierre de tres importantes Cens de la provincia

Son centros educativos integrales para jóvenes y adultos en condiciones desfavorecidas, que han quedado fuera de la educación formal. Y mucho más que eso: son verdaderos ejemplos de cómo abordar las problemáticas educativas, familiares, de seguridad y de cultura en los barrios humildes de Mendoza.

En ellos, no sólo se incluye educativamente a los excluidos, sino que, además, se les brindan guarderías para sus hijos mientras estudian y se ofrecen comedores escolares comunitarios para sobrellevar la malaria con un plato caliente. Además, se ofrecen actividades de esparcimiento y de cultura. A todas luces, estos Cens merecen premios y no intenciones de clausura, como la Dirección General de Escuelas quiere ejecutar.

Los Centros Educativos de Gestión Social llevan adelante sus tareas de modo cooperativo y solidario para sobrevivir institucionalmente y el Estado participa sólo con “un subsidio mínimo”, según estas comunidades, para pagar a un puñado de docentes y directivos. Todo lo demás, es autogestión, compromiso, dignidad.

Sin embargo, a pesar de la evidente función educativa y social para con miles de familias en situación de exclusión, denuncian que, una vez más, la clara intención de clausurarlos se ciernes sobre ellos. 

Estar donde hay que estar 

Hablamos de tres centros: las Comunidades Trinitarias Mendoza (de Kilómetro 11), el Bachillerato Popular Violeta Parra (del barrio La Favorita) y la Escuela Campesina de Agroecología UST (de Lavalle), emplazados en zonas notablemente carenciadas.  

El proceso se inició el año pasado, cuando la DGE disolvió el área Gestión Social y los pasó a “Educación Privada” (nada más alejado del trabajo comunitario que realizan). Hasta ahí, el paso administrativo fue tolerable. Sin embargo, hace unos días fueron citados por Beatriz Della Savia (directora de Educación Privada), quien, con un acta escrita de antemano, les dijo que los cerrarían, según los denunciantes, basados en dos argumentos: la supuesta sobreoferta de Cens (hay otros, superpoblados, cercanos, pero con distintas modalidades y ofertas educativas) y por problemas administrativos en cargas de datos (“algo que puede adecuarse y solucionarse en una jornada de trabajo”). 

El tema de costo mensual para la DGE es llamativamente bajo para la tarea que se desarrolla. Los denunciantes, al respecto, aclararon que en la reunión se les hizo saber que la intención de cerrar “no se a temas presupuestarios”. Una estimación de estos centros apunta a que cada uno puede costar apenas alrededor de $150.000 en sueldos de docentes y administrativos, una nimiedad al lado del impacto social que provocan. Hay quienes se preguntan cuánto, por caso, se destina a escuelas privadas de familias acomodadas, que no están, ni por asomo, en riesgo de cerrarse o de dejar de ser solventadas por el Estado. 

¿Excluir a los excluidos? 

Naturalmente, en los barrios el estado de alerta social luego de esa reunión es importante, proceso que seguiremos y al que, obviamente, intentaremos sumar al titular de la DGE, José Thomas, para conocer sus pareceres. Al respecto, desde estos Cens aseguran que “jamás” se han acercado a conocerlos funcionarios educativos relevantes de la provincia.

Si estos centros sociales cierran será como excluir a los excluidos del sistema educativo. Y hablamos de proyectos (también culturales, educativos e identitarios) que se desarrollan en comunidades donde las primeras necesidades abundan.

Quienes conocemos de estos proyectos, damos fe de lo importantes que son en los barrios en los que se desarrollan. En lugar de pensar en cerrar, habría que pensar en abrir, fomentar, desarrollar, proveer y aprender de ellos, porque son instituciones que incorporan activamente a la sociedad y generar herramientas para sacar a más mendocinos de la pobreza. 

El documento 

Así las cosas, estas comunidades elaboraron un documento que da a conocer en detalle cuál es la situación. El texto completo es el siguiente:

“Como todos los años desde que asumió el Gobernador A. Cornejo y ahora su sucesor R. Suárez, la DGE notifica la decisión unilateral y sin argumentos sólidos, de cerrar los CENS de Gestión Social.

“Éstos son escuelas para jóvenes y adultos que funcionan en organizaciones sociales con personería jurídica y cumplen con todos los requisitos y exigencias administrativas y pedagógicas de la política pública educativa, con la particularidad de ser un modelo de gestión Social y Cooperativa. Los mismos no cuentan con un financiamiento integral sino con un subsidio mínimo para salarios de docentes y directivos.

“Así, en nuestras escuelas -además de garantizar el derecho a la educación de cientos de jóvenes expulsados/as de la escuela formal, los márgenes de la ciudad y del sistema educativo, por explicitar solo dos dimensiones de la violenta exclusión- gestionamos los recursos escasos para cumplir con la satisfacción de necesidades propias de nuestras comunidades. Nuestros proyectos se desarrollan en, desde y para nuestros territorios en los que además somos centros culturales, comedores, merenderos y espacios de encuentro y contención para atender demandas y problemáticas propias.  

“Tanto los/as docentes como toda la comunidad de los CENS y de los demás proyectos educativos que funcionan en nuestros barrios hemos decidido luchar por nuestro derecho a elegir dónde estudiar, qué modalidad y orientación tener y poder ser garantes de nuestros derechos por los que luchamos a diario en territorios vulnerados y olvidados por la política partidaria.

“Nuestros proyectos educativos jamás han sido visitados por funcionarios/as. No nos conocen, no nos escuchan, no hay diálogo. Tenemos derecho y obligación de garantizar educación y es algo explícito y reconocido en la Ley Nacional de Educación en su artículo cuarto: ‘El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias’. 

“Y seguidamente, en la misma norma, el artículo 6º: ‘El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las Provincias [...] los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad’.

“Por todo ello, queremos que los proyectos educativos se respeten.

Que se valore el trabajo arduo que hemos llevado adelante siempre y especialmente en pandemia.

Que se firmen los convenios de colaboración (a través de los cuales hemos contamos con escaso apoyo del Estado) tal como estaban hasta ahora.

Que se abran mesas de diálogo para recuperar espacios perdidos y mejorar las condiciones de nuestras instituciones.

Convocamos a la sociedad de Mendoza a manifestarse en defensa de la educación, repudiando el cierre de escuelas y en apoyo a la educación de nuestras comunidades.

Comunidades Trinitarias Mendoza - Bachillerato Popular Violeta Parra - Escuela Campesina de Agroecología UST