Qué provincias aún no tienen protocolos de abortos no punibles
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Qué provincias aún no tienen protocolos de abortos no punibles

Cinco provincias aún no cuentan con protocolos o guías para garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE) en el marco de la legislación nacional que prevé ese derecho. Además, otras jurisdicciones tienen que adecuar sus normativas a las disposiciones nacionales en la materia.

Redacción MDZ

Redacción MDZ

Mientras el Gobierno nacional envía al Congreso un nuevo proyecto para la legalización del aborto en la Argentina, cinco provincias aún no cuentan con protocolos o guías para garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE) en el marco de la legislación nacional que prevé ese derecho. Además, otras jurisdicciones tienen que adecuar sus normativas a las disposiciones nacionales en la materia.

Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes son las provincias que carecen de estas guías, según un relevamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Córdoba y Mendoza, a su vez, son las jurisdicciones que tienen sus propias guías para garantizar el aborto no punible en el sistema de salud.

Si bien el resto de las provincias adhieren al protocolo nacional, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación advierte que Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Catamarca, Chubut, y RÍo Negro "tienen protocolos o normativas que requieren actualización".

El protocolo nacional se actualizó mediante resolución en diciembre del año pasado y establece un marco de acción normado, pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso, debido a que todas la jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.

Desde 1921, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "FAL", de 2012, el aborto es legal en los siguientes casos: si representa un riesgo para la vida de la persona gestante, o para el bienestar físico, emocional y social de la persona o si es producto de una violación. El mismo fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.

 

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