Nuevamente, la Dirección de Discapacidad de la provincia y los prestadores de servicios a personas con discapacidad se ven envueltos en una polémica que los enfrenta.

¿Qué ocurrió esta vez? Desde el Gobierno provincial anunciaron este jueves, que se "elaboró un protocolo general de actuación para el retorno de las terapias presenciales en los centros terapéuticos de atención a personas con discapacidad". 

Ese comunicado, que asegura en su título que "se habilitará la modalidad presencial en centros terapéuticos de atención a personas con discapacidad en Mendoza" desde la próxima semana, sorprendió a las instituciones y también a los transportistas, quienes no sólo no estaban al tanto de la información, sino que además aseguran que no fueron consultados para elaborar dichos protocolos.

Allí la polémica. Las autoridades de las instituciones, como los transportistas se preguntan cómo es posible que se elabore un protocolo y se decida el regreso de la atención presencial sin consultar a las partes involucradas. De hecho, y por lo bajo, hasta aseguran que se trata de un "mensaje apresurado del gobierno" ante la presión de los padres de las personas con discapacidad y que en realidad ni siquiera existe tal protocolo y que recién se pondrá en consideración la semana que viene. Desde el Gobierno aclararon que el protocolo será puesto a consideración y que tienen la potestad para elaborar protocolos. Pero además, aún no está vigente. 

 La preocupación de las instituciones pasa ahora por saber quién, cómo y cuándo se tomó una decisión que fue comunicada a través de la página oficial del gobierno y que, de alguna manera generó expectativas (y mucha confusión) en las familias de las personas con discapacidad. Y, por supuesto, mucha molestia en las instituciones que, desde el inicio de la cuarentena han tenido que reinventarse para seguir estando cerca de las familias. 

Según el comunicado, dicho documento se "viene trabajando desde mayo" y "tiene como finalidad brindar, a quienes lo necesiten, la posibilidad de asistir a los espacios de contención, educación, rehabilitación y recreación a los que estaban habituados".

Pasando en limpio: el Gobierno le dice a las familias que las instituciones van a recibir a sus familiares con discapacidad, pero esas instituciones no fueron informadas. Y mucho menos, consultadas para saber si realmente están en condiciones de reabrir. 

Y ahí otra duda existencial: ¿Están dadas las condiciones para que reabran las instituciones a las que asiste un 100% de personas de riesgo, cuando ni siquiera han vuelto las clases presenciales a los colegios? La respuesta claramente es "No".

De hecho, la mayoría de las instituciones asegura que tiene concurrentes, familiares de concurrentes y personal con covid-19.  

La situación es confusa y seguramente hay por delante muchos capítulos de una novela más en el polémico ambiente de la Discapacidad. Lo cierto es que, más allá de este llamativo comunicado del gobierno, las instituciones prevén que, al menos hasta el año próximo y, dependiendo de la situación sanitaria por la pandemia, es muy difícil (casi imposible) que puedan volver a la atención presencial.

Cómo se trabaja desde el 20 de marzo 

Tras conocerse el decreto del Gobierno nacional que, en esa fecha, estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, la preocupación de las instituciones se centró en los concurrentes y sus familias. Desde aquellos establecimientos que tienen unas pocas personas con discapacidad, hasta los más grandes. En Mendoza, por ejemplo, hay centros terapéuticos con más de 200 concurrentes. 

"Rápidamente, y ante la situación de vulnerabilidad de la mayoría de las familias, tuvimos que crear un sistema que nos permita llegar a todos y no abandonar el abordaje de los profesionales con las familias", dicen desde las instituciones. 

Cuentan, además, que en la mayoría de los casos se estableció un sistema de teleasistencia, de teletrabajo e incluso que nunca dejaron de enviar bolsones de comida a las familias, a través de los mismos transportistas. 

"Desde el comienzo de la cuarentena, todos los profesionales de las instituciones envían videos y cuadernillos de actividades a las familias y en los casos que requieren más atención, incluso se realizan videollamadas", reconocen.

Así, no solo han logrado continuar con el abordaje terapéutico, sino que también han podido sostener el servicio que exigen las obras sociales para asegurar el pago. Y ese, justamente, es un capítulo aparte. 

#DiscapacidadEnEmergencia

Precisamente este jueves, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Los Derechos de las Personas con Discapacidad, enviaron un comunicado en el que aseguran: "Los aranceles de los servicios no se actualizan desde octubre de 2019 y acumulan deudas que no paran de crecer". 

"Se necesita un aumento de emergencia del 40% para que no se cierren las pantallas (por el teletrabajo) y para que las puertas puedan volver a abrirse cuando todo esto pase", finalizan, en una gacetilla en la que resumen la situación actual por la que atraviesan los prestadores.