"Escapada a la montaña": grave acusación contra jefes penitenciarios
Hace algunas semanas, varios agentes que trabajan en las cárceles locales habrían alterado un permiso oficial de circulación para subir a Vallecitos. ¿La excusa? Controlar las prisiones domiciliarias de los detenidos que habitan en esa zona de alta montaña. Pero parece que se dedicaron a otra cosa.
Alrededor del 30 de agosto, unos guardaparques que patrullaban por alta montaña se sorprendieron al encontrar que había un auto estacionado en una zona en la que se realizan escaladas y recorridos de trekking. Les resultó extraño, porque estaban vigentes las medidas de aislamiento a raíz de la pandemia de coronavirus. Tras avisar a la Policía, se comprobó que el vehículo -que estuvo varios días parado en ese territorio agreste- era propiedad de un agente del Servicio Penitenciario. Y fue el inicio de un caso que ya salpica a dos jefes y tres empleados que deberán dar muchas explicaciones.
Desde la Inspección General de Seguridad (IGS) se abrió una investigación para dilucidar qué ocurrió: los acusados son personas de la Unidad de Control de prisiones domiciliarias, entre ellos un Prefecto y un Alcaide Mayor. Se entiende, pues, que el incidente ya despierte interminables rumores al interior de la Fuerza.
El sistema es así: cuando los efectivos tienen que salir a verificar el cumplimiento de domiciliarias en regiones aisladas, suelen tomarse algún tiempo, ya que deben atravesar grandes distancias. Por eso se mueven con autorizaciones. Esos permisos -firmados por el Jefe de Policía, Roberto Munives- habrían sido alterados por los agentes para organizar la "mini vacación" entre colegas. En vez de visitar a los detenidos, parece que se fueron de acampe y escalada.
"Habría al menos dos ilícitos. La alteración de los permisos y el abandono de sus trabajos"
"Habrían cometido dos ilícitos. Por un lado, aparentemente añadieron a dos personas extra en su permiso de circulación, de modo que en total eran cinco. Por otro, abandonaron su puesto de trabajo, ya que en esos momentos se suponía que estaban cumpliendo tareas específicas", contó a MDZ el titular de la IGS, Marcelo Puertas.
Los acusados ya pasaron a pasiva a la espera de que avance la pesquisa. Por 60 días se los apartará de sus funciones, se les iniciará un sumario y también se le dio cauce a una denuncia penal. "Es un caso grave, entre otras cosas, por la responsabilidad de dar el ejemplo que tienen las altas jerarquías", resumió Puerta.
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