La mayor estafa al PAMI está a un paso de confirmar condenas para los miembros de la asociación ilícita que durante años adulteraron documentación y sellos para robar millones de pesos en medicamentos. Este jueves se acordó un juicio abreviado y los dos líderes de la agrupación delictiva permanecerán tras las rejas, condenados a 5 años y 11 meses de prisión. "Ayer cerramos el juicio con abreviado inicial. Faltaría la sentencia confirmando la pena", explicó a MDZ Carlos Moyano,  abogado de Jorge Emanuel Godoy y su padre José Antonio Moisés Godoy. 

Se trata de un fraude complejo que llevó años de investigación y en el que fue clave el testimonio de un arrepentido. Si bien no se tiene un número preciso, se estima que la asociación ilícita comercializó de forma ilegal cerca de 50 millones de pesos en medicamentos -principalmente insulina- que robaban del PAMI. Según señalan fuentes judiciales, con más de 60 tomos de expedientes se trata de uno de los casos más engorrosos que se han visto en la provincia

Desde 2009 Jorge Godoy se desempeñaba como agente del PAMI en la provincia de Mendoza y a su vez era titular de dos farmacias. Junto a su esposa Rosmary Lourdes Insúa y parte de su familia habían tejido un complejo entramado destinado a fraguar documentación  para hacerse con medicamentos que luego comercializaban en distintos puntos del país. Todo bajo la atenta mirada de José Antonio Moisés Godoy, padre de Jorge y contador que se encargaba de los números.

Gracias a la posición que ostentaba Jorge Godoy en el PAMI, donde pasó de empleado del área contable a ser funcionario en el sector de prevención social, tenía conocimiento de los procedimientos necesarios para la autorización de recetas y la liquidación de las mismas.

En concreto, falsificaron documentación, troqueles, sellos y firmas de médicos e instituciones médicas para poder hacerse de los medicamentos. Aprovecharon que sabían a ciencia cierta qué debía decir la receta, conocían el padrón de beneficiarios del PAMI y la esposa de Godoy tenía acceso a bases de datos de Anses, donde trabajaba. De diversas formas, prescribían insulina a afiliados y sacaban el medicamento sin que esos afiliados supieran que sus nombres estaban siendo utilizados para el ilícito. Incluso usaban nombres de beneficiarios fallecidos que aún no habían sido dados de baja.

Así, fueron ampliando la red delictiva e incluso consiguieron poner dos farmacias propias que les servían para cambiar recetas y justificar el nivel de vida que llevaba la familia. Es que para los propios compañeros de PAMI y Anses eran llamativos los lujos que se daban los Godoy, quienes a pesar de ser empleados públicos viajaban por el mundo, vivían en un barrio privado y tenían vehículos de lujo.

Sin embargo, en 2016 el propietario de una farmacia se sorprendió cuando una persona retiró una cantidad importante de insulina con recetas de distintos beneficiarios. Eso encendió las alarmas en el PAMI y desencadenó la investigación que llevó a la detención de 11 personas.

Así se destapó el escándalo que derivó en allanamientos en oficinas de PAMI y se encontraron sellos truchos y otros elementos en el escritorio de Jorge Godoy. De a poco, los investigadores fueron desentrañado el complejo entramado que involucraba a Rosmery Insúa, esposa de Godoy, y sus padres: José Moisés Godoy y Nélida Resa. También a Cristian Godoy, hermano de Jorge.

Otros imputados en la causa son Carlos Augusto Colombi Miralles, Esteban Genco Olmedo, Miguel Fabio Acerbi Duje y a Carlos Pallares García.

Este último había sido detenido en Río Cuarto con insulina y troqueles truchos en su poder. A raíz de ello, pidió acogerse a la figura del arrepentido y colaboró en la causa con información que sirvió para comprender en detalle cómo operaba la asociación ilícita que integraba.

Las condenas

Salvo José y Jorge Godoy, quienes serían condenados a 5 años y 11 meses de prisión como jefes de la banda delictiva, el resto de los imputados serían condenados a 3 años de prisión en suspenso. Eso es lo que han acordado los abogados defensores con la fiscal de la causa, por lo que solo resta que en los próximos días la Justicia Federal homologue ese acuerdo y ratifique las penas.

El juicio abreviado se acordó dos días después de que el Tribunal Oral 1 de Mendoza resolviera prorrogar la prisión preventiva de los dos individuos a los que se acusa de liderar la asociación ilícita que se dedicó a robar medicamentos por más de 50 millones de pesos