Política migratoria: "Es necesario revertir las tendencias xenófobas"

Política migratoria: "Es necesario revertir las tendencias xenófobas"

Los hechos sociales y políticos que atraviesa América Latina llevan a reflexionar sobre la situación migratoria. Como provincia de frontera y como histórica receptora de migrantes, Mendoza es sensible a estas problemáticas, tanto por los vínculos humanos y culturales como por los flujos comerciales.

Por Giuliana Guzzo*

Durante los últimos cuatro años la política migratoria argentina atravesó múltiples cambios, a partir de ello diversas voces se alzaron para reflexionar, denunciar e interpelar las prácticas del Poder Ejecutivo que pusieron en jaque el cumplimiento de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871.

En esto, la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, marcó visiblemente el viraje de la posición política e ideológica con la que el Estado argentino abordaría la migración desde un reciclado enfoque securitario, ya que si bien no fue la única medida restrictiva, se constituyó en el hito sobresaliente del vasto universo de medidas al respecto que formaron parte de la gestión nacional.

A mediados del 2016 se anunció la creación de un “Centro de detención para migrantes", que  pretendía mantener privadas de libertad a aquellas personas con irregularidad migratoria para luego ser deportadas a su país de origen. Si bien la medida no logró ser implementada, reinstaló con fuerza el discurso antiinmigrante en la sociedad argentina y proveyó el escenario propicio para la escalada en un doscientos por ciento de los aranceles para los trámites migratorios.

A principios del año 2017, entra en vigencia el DNU 70/17 que modifica la Ley 25.871 estableciendo restricciones a derechos con rango constitucional como son el debido proceso y la presunción de inocencia, instaurando un mecanismo sumarísimo de expulsión aplicable a cualquier migrante tenga o no antecedentes penales y vulnerando además el derecho a la reunificación familiar y el interés superior del niño/a, entre otros. Dicha normativa  implanta condiciones administrativas regresivas en materia de protección de Derechos Humanos en Argentina y si bien fue declarado inconstitucional por  la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal del Poder Judicial de la Nación, aún sigue sin ser derogada.

A partir de ello y durante el 2018 se incrementó el número de expulsiones, calculando que entre 2016 y lo que va de 2019 ascienden a 2.267, cifra comparativamente creciente respecto del período 2012- 2015 donde los casos de expulsión llegaron a 1.256. En cuanto a la regularización migratoria, la puesta en vigencia del sistema de radicación a distancia para extranjeros (RADEX), entorpeció visiblemente la posibilidad de obtener “los papeles” por aquellas personas migrantes que no cuentan con acceso a internet, no hablen castellano, no sepan leer ni escribir y/ o no cuenten con el dinero necesario para realizar el trámite.

En esta línea, cabe mencionar el accionar de algunos gobiernos provinciales durante el mismo período, que aplicaron políticas de restricción de acceso a derechos a esta comunidad o el caso de gobiernos locales donde las personas migrantes fueron ineficientemente empadronados y poco o mal informados para ejercer su derecho al voto.

Un nuevo escenario político 

A partir de la elección del pasado 27 de octubre que diera por resultado el triunfo del llamado “frente de todos”, surgen expectativas del por una nueva política migratoria argentina que implique no sólo recuperar la plena vigencia de la Ley Nacional de Migraciones con la consecuente derogación del DNU 70/17. Sino que además, desde una perspectiva de Derechos Humanos, avance con medidas que promuevan un ejercicio pleno de ciudadanía en Argentina.

Se requiere un Estado Nacional garante y comprometido con una política de acogida y permanencia que implique  el resguardo y cumplimiento de derechos de aquellas personas que llegan a territorio nacional, así como con el diálogo y acompañamiento a organizaciones sociales que bregan por el derecho humano a migrar. Promoviendo además, la participación activa de las personas y colectivos migrantes para  la elaboración  e implementación de políticas desde ámbitos institucionales concretos de expresión y toma de decisiones.

En este aspecto, la recuperación y creación de espacios de integración entre los países de la región resulta fundamental para profundizar en una política migratoria con enfoque de derechos humanos, con el consecuente redireccionamiento de las políticas de seguridad encaminadas al cuidado y resguardo de las personas y las comunidades. Donde funcionarios y funcionarias  colaboren en la elaboración de información verídica y los medios de comunicación asuman su responsabilidad habilitando espacios para favorecer  la pluralidad de voces y como un aporte a la construcción democrática de la información.

En el proceso de fortalecimiento del sistema federal argentino  es necesario pensar el rol de los gobiernos locales como promotores de una ciudadanía integrada, a las administraciones provinciales y municipales como canalizadoras de demandas y recomendaciones de la ciudadanía sobre el diseño y la gestión de programas y políticas que le afectan. Por ello, el ámbito local es escenario estratégico para la promoción de acciones que efectivicen el ejercicio de derechos, donde la participación de  los migrantes constituye un elemento clave para la integración, legitimando el poder político y fortaleciendo los procesos democráticos.

Una nueva política migratoria en Argentina y en ello la importancia geoestratégica de Mendoza, implica insertar en la agenda pública el compromiso gubernamental para el desarrollo integral de estas personas generando políticas laborales, de acceso a la salud, educación, participación política, e integración social que permitan modificar desigualdades estructurales existentes en nuestro país.

Grande es el desafío de construir una nueva institucionalidad migratoria en Argentina que contenga los consensos políticos y sociales necesarios y revierta las violentas tendencias xenofóbicas y racistas que desestabilizan la Región.

Lic. Giuliana Guzzo

* Lic. en Ciencia Política y Administración Pública por la UNCuyo. Especialista en Migraciones y Asilo (México) Coordinadora del Programa Acompañamiento Migrante del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas INTEGRAR. Miembro del Centro de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente-(CERIMA). guzzogiuliana@gmail.com

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