Iglesia vs Estado: Crecen las "desafiliaciones" y maduran los proyectos separatistas
Una vez terminada la discusión en el Congreso por la despenalización del aborto (al menos por este año), los ánimos en aquellos que ven a la Iglesia como el principal actor contra la ley quedaron más sensibilizados que nunca y esto abrió (o reabrió) otra grieta formal: la de quienes consideran que el Estado no debería seguir financiando a la Iglesia católica.
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La mecha se encendió mucho antes de que el Senado decretara que el aborto deberá seguir siendo clandestino. Fue en marzo pasado cuando el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio uno de sus periódicos informes en el Congreso y reveló que este año el presupuesto para pagarle a los obispos ascendía a $130.421.300. Y dio datos de cuánto gana cada una de las jerarquías por mes: $46.800
un obispo diocesano; $40.950
un obispo auxiliar y un obispo emérito. En tanto que los administradores apostólicos y diocesanos perciben $46.800. A esto hay que sumarle la ayuda financiera a distintas organizaciones e instituciones, exenciones impositivas, subsidios a colegios, mantenimiento de iglesias, y cesión de inmuebles fiscales, entre otros beneficios.
En el presupuesto nacional 2018 figuran 140 obispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas.
Por estos días, esta avanzada naranja pro separación Estado-Iglesia se potencia especialmente a través de las redes sociales, pero también se visibiliza con marchas por una "apostasía colectiva", pedidos de firmas para apuntalar iniciativas más formales e incluso proyectos de ley que apuntan a cortar de cuajo con un vínculo de muy larga data.
En muchos casos, ya no se trata sólo de reclamar la separación sino también el fuerte acto simbólico de "darse de baja" del catolicismo, sobre todo aquellos que si bien fueron bautizados no avalan las normativas y dogmas de ese culto ni practican sus rituales. A ellos convoca la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), que promueve una apostasía colectiva para quienes ya no se sienten representados por la institución religiosa. "Es como un acto de desafiliación", grafican desde esta agrupación que apunta a un Estado laico, con autonomía de lo político ante lo religioso, y en el que el poder civil no se recueste en símbolos y poderes religiosos para obtener legitimidad.
Hecha la ley
La Constitución Nacional de 1853, en su artículo 2, establece que el Estado debe sostener al culto católico apostólico romano, y según el Código Civil y Comercial es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. A su vez, el Vaticano y la Argentina tienen firmado un concordato - homologado por el gobierno de Onganía- que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.
En tanto que el decreto ley N° 21.950, con la firma de Rafael Videla, otorga a la jerarquía eclesiástica una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el Juez Nacional de Primera Instancia. Hasta que cesen en sus cargos, los Arzobispos y Obispos gozan de un sueldo equivalente al 80% de la remuneración fijada para un Juez Nacional de Primera Instancia, mientras que los Obispos Auxiliares y el Secretario General del Episcopado tienen un sueldo equivalente al 70% de la remuneración fijada para el mismo cargo.
Acción & reacción
Para el sacerdote mendocino Sergio Buenanueva, actual obispo de San Francisco (Córdoba), estas reacciones separatistas "hay que verlas en el marco del debate reciente sobre la legalización del aborto y la crítica que estos sectores tienen hacia el modo en que los católicos nos hemos manifestado y en que la Iglesia se ha ido manifestando. Tiene un sabor de reacción a la presencia y a la acción de la Iglesia".
Respecto de la cuestión de fondo, es decir la separación Iglesia-Estado, el prelado, que salió a través de sus perfiles en las redes sociales a aportar argumentos, sostiene que "es expresión anacrónica, porque es del siglo XIX. Hoy tenemos elementos para plantear con mucha más apertura los vínculos entre los ciudadanos, la sociedad y los valores religiosos, las distintas religiones y el rol de Estado en todo esto, ojalá se pueda dar un buen debate".
Buenanueva reconoce que en lo que va del año recibieron cinco pedidos formales de apostasía, pero cree que van a incrementar considerablemente. Nos duele, pero lo respetamos, dice. Pero también aquí conviene no generalizar porque el mendocino siempre ha sido un hábil comunicador, moderado y respetuoso de las ideas ajenas. Sin embargo, hay voces de sectores más radicalizados que no miran con clemencia la actitud de los apostatas.
El aporte económico que hace el Estado a los católicos, aclara el religioso, "no es por su número, sino de razones históricas, culturales y jurídicas, y responde al derecho que tenemos los ciudadanos católicos de que el Estado contribuya con nuestras actividades religiosas".
La movida naranja
Paralelamente a lo que se cocina en los partidos políticos para llevar la discusión al Congreso de la Nación, la campaña que reúne firmas para la Derogación de privilegios de la Iglesia Católica ya sumó más de 91.000 apoyos con el objetivo de alcanzar 150 mil rúbricas y la página oficial en Facebook de la Campaña Federal por la Separación Estado/Iglesia cuenta con más de 31.596 miembros.
Números que pueden decir poco o mucho, pero que sí confirman algo: siguen en alza aunque todavía no se haya coordinado ni convocado a una iniciativa de alcance nacional que una a todas las expresiones aisladas que apuntan a un mismo objetivo. El mensaje ya le llegó a los representantes políticos y sociales. Si estarán o no a la altura del debate, dependerá -una vez más- del pañuelo con se lo mire.