El médico suspendido culpó a las "mafias enquistadas en el poder"

El médico psiquiatra Carlos Guzzo, a quien ayer le suspendieron la matrícula por los próximos tres años, se defendió en su cuenta de Facebook y culpó a las "mafias enquistadas en el poder" por la dura sanción recibida.

"Jamás pensé que las mafias enquistadas en el poder le iban a hacer firmar una gran estafa a una ministra de salud. Pero tristemente ocurrió y parece ser que el precio de hacer justicia con la salud de los ciudadanos de una provincia, tiene como obstáculo terminar con personajes nefastos que trabajan en las sombras", fue la defensa esgrimida por el psiquiatra en la red social.

Guzzo es acusado de emitir certificados de "estrés laboral" con licencias de entre 30 y 90 días sin realizar la evaluación adecuada de los pacientes. Entre los damnificados por esta práctica se encuentra la empresa Millán S.A., dueña de los supermercados Átomo y principal denunciante contra el psiquiatra. El testimonio de un supervisor de seguridad y un video que mostraría a Guzzo firmando certificados falsos resultaron claves para que el médico sea sancionado.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que en 2015 ya se habían registrado otras dos denuncias en contra de Guzzo y el Consejo Deontológico había designado como instructora sumariante a la doctora Patricia Gorra, cuyo informe fue lapidario sobre el desempeño del psiquiatra.

La doctora Gorra recomendó una de las penas más altas (el máximo es de cinco años de suspensión) para el psiquiatra y esa sanción fue ratificada desde la cartera que conduce Najul. Si bien Guzzo no es empleado público, el Ministerio de Salud se constituye en parte y aplica la sanción a raíz de que el Estado es el encargado de regular la profesión que desempeña el galeno.

Además de la investigación llevada a cabo por el Consejo Deontológico, Guzzo tiene abierta en su contra una causa penal en la Fiscalía de Instrucción N°1 de Ciudad, que se encuentra en la etapa de Instrucción Penal Preparatoria. Sin embargo, la sanción aplicada por el Ministerio de Salud no influye en lo que pueda resolver la Justicia, ya que ambos procesos se desarrollan por caminos separados. Lo que está claro es que el psiquiatra no podrá ejercer su profesión por los próximos tres años y su pena podría incluso agravarse si avanza la causa judicial en su contra.