Enviados del Vaticano: "Basta un solo testimonio para condenarlos"

De forma paralela a las investigaciones judiciales, la Iglesia recaba información para conformar los expedientes en la causa contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, presuntamente involucrados en 27 casos de abuso infantil en el instituto Próvolo de Luján.

Para esta tarea se designaron desde la Santa Sede al vicario judicial del Arzobispado de Córdoba, Dante Simón y al sacerdote notario, Juan Martínez. Ambos aseguraron que lejos de esconder la verdad quieren conocerla "aunque duela", pero para ello necesitan los testimonios de las víctimas.

Simón explicó que aunque los sacerdotes denunciados están involucrados en causas en La Plata y en Verona, esas investigaciones serán llevadas a cabo por otras comisiones y se reunirán los expedientes en el Vaticano en donde se determinará la pena que les cabe a Corradi y Corbacho, siempre y cuando sean encontrados culpables. 

 "Tenemos que llegar a la verdad de estos 27 casos. No nos apartemos de las causas. Estamos abocados a Mendoza", explicó Simón.

Por otro lado, contaron que pudieron hablar con Corbacho y Corradi y señalaron que estos aseguran ser inocentes.

"Es obvio que nadie en la cárcel está cómodo. Si están detenidos siendo inocentes se sentirán sumamente mal y si no se sentirán mal bajo el peso de su culpa. No es muy fácil entrar a interrogar a la cárcel. La persona declara bajo un estrés muy fuerte", contaron al respecto.

En cuanto a las víctimas, los sacerdotes han logrado tener contacto con una sola, aunque refirieron que no se trata de una persona sorda, pero aún no reúnen los testimonios necesarios para avanzar en su investigación y le solicitaron a los damnificados que acepten contar sus verdades.   

"Bastaría un solo caso de abuso para que los sacerdotes fueran condenados. A la Iglesia le bastan los testimonios", explicó el notario y agregó que quiere "tener las pruebas para terminar esto lo antes posible".

Los sacerdotes permanecerán en Mendoza hasta este sábado en la provincia pero la investigación no ha concluido por lo que estarán de vuelta tantas veces como consideren necesario.

Si bien aclararon que los procesos canónicos no tienen los tiempos de las leyes civiles y cuentan con una cierta "flexibilidad para ir recogiendo pruebas" les urge "llegar a la verdad aunque duela porque este delito se habría cometido con los más indefensos. Por otro lado, en agosto tiene lugar la feria judicial de la Santa Sede, por lo que los sacerdotes esperan tener pruebas suficientes para constituir los expedientes de ambos sacerdotes antes de esa fecha.

Tanto Corradi como Corbacho están suspendidos para ejercer los ministerios sacerdotales (no pueden dar misa ni confesar, entre otras cosas), pero en caso de que sean encontrados culpables se enfrentarán a la expulsión definitiva. También se suspendió toda actividad pastoral en el Próvolo "como medida de protección a las víctimas".

Los sacerdotes hicieron hincapié en que la Iglesia "no quiere que esto pase nunca más" y aseguraron que desde 1998 hasta la fecha el delito de abuso sexual, y sobretodo cuando la víctima sea un niño o un menor vulnerable se ha ido endureciendo. "No todos somos corruptos", aseguró el vicario y recordó que tanto el que comete el ilícito como los que no lo denuncian están cometiendo un acto de corrupción. "Esconder es un acto de corrupción", insistió. 

La ley se endurece

Por disposición del Arzobispado de Mendoza de ahora en adelante todos los sacerdotes y religiosas que sean enviados a la provincia deberán traer su legajo, una declaración jurada que certifique que no han cometido ilícitos.

Esta disposición se extendió a toda la Argentina, ya que el caso local fue discutido en la última conferencia episcopal.

Además, se actualizarán las declaraciones juradas de los sacerdotes que ya están acá. Hay 60 diócesis y la mayoría de ellas ya ha completado la solicitud tanto de sacerdotes como de religiosas.  

Por otro lado, el Papa Benedicto XVI ya había dispuesto que quien se enterara de un caso de abuso debía denunciarlo directamente a la Justicia Civil y, paralelamente iniciarían las investigaciones canónicas. Esto no se hizo por lo que ambos sacerdotes tienen la tarea de averiguar si hubo superiores dentro del Próvolo que no informaron sobre los antecedentes de los denunciados.