En Mendoza el Banco de ADN ya suma más de 700 muestras
Pese a que había una buena base técnica y conceptual, todo quedó en un limbo. Las Cámaras del Crimen eran las que debían aportar esos datos para alimentar los registros, pero como la Corte no envió una acordada para tal fin, nunca llegó a activarse este mecanismo fundamental para cercar judicialmente a abusadores de toda laya.
Como parte de las reformas que la gestión de Alfredo Cornejo viene planteando en el ámbito de la justicia, aquella norma original sufrió una serie de modificaciones para decantar todo ese proceso en el actual Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas.
En diciembre de 2015, el recién asumido gobierno puso en manos de la Procuración de la Corte el manejo del registro. Desde febrero del año pasado se iniciaron las modificaciones al proyecto anterior, se elaboró un nuevo protocolo y se nombró como director a cargo del Laboratorio de Genética Forense al doctor Miguel Marino.
La ley 8.916 autoriza la toma de pruebas a condenados, procesados e imputados. Para esto hubo que comprar equipamiento específico. Hoy están operativos cuatro escáneres: dos puestos en la UER (Unidad de Expedición y Recepción de Reincidencia), que funcionan de mañana y tarde en Tribunales; otro en la Morgue; y uno en el Cuerpo Médico Forense, también en doble turno. Todos funcionan 12 horas, de lunes a viernes.
El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino resaltó que "la implementación del Registro es un avance muy importante en el combate del delito. Hoy la mayoría de los casos se descubren y resuelven con testigos. Aquí estamos incorporando tecnología de punta para que los jueces tengan elementos objetivos para condenar".
El costo de la implementación del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas es de $27.000.000, que salen de las arcas
del gobierno provincial.
El Laboratorio de Genética Forense, que depende del Cuerpo Médico Forense, viene tomando muestras de ADN para incorporar al Registro de Huella Genética Digitalizada desde diciembre pasado. En esa base se incluye nombre, apellido, foto, domicilio, nacionalidad y huella dactilar. Todo esto se incorpora con un código de barra porque todos esos datos pertenecen a un número secreto y sólo en caso de impacto identificatorio positivo se descubre la identidad.
Si bien se pone el foco en los condenados que en breve adquirirán la libertad, este procedimiento también contempla a policías y a penitenciarios. Por semana se toman aproximadamente 40 muestras y a marzo de este año el registro ya acumulaba 700. El ritmo va in crescendo ya que se registran de 100 a 200 evidencias por semana.
Para esta base estratégica se necesita un software CODIS, el cual es gestionado en estos días por el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, quien en su visita a Estados Unidos acordó con el FBI que ese organismo lo provea gratuitamente a Mendoza.
Letra muerta
A nivel nacional, recién en julio de 2013 se promulgó la ley 26.879 que creaba el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual y cuyo funcionamiento quedaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. A pesar del fuerte efecto mediático, no llegó a reglamentarse y por la tanto tampoco cumplió su función de almacenar y sistematizar la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal.
En referencia al cuestionado juez Carlos Rossi, quien ordenó liberar al principal sospechoso por la muerte de Micaela García (21), Silvia Irigaray, líder y fundadora de las Madres del Dolor, fue implacable: "Con el registro, esto no hubiera pasado. El 95% de los violadores lo hicieron antes, si nosotras que somos madres podemos verlo, cómo no lo ve un juez. Este hombre es un horrible omnipotente".
El ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció hace más de un año que el registro nacional nunca se había implementado y se comprometió a reactivarlo. Por ahora, promesa incumplida.
El proyecto en cuestión, y al que Cristina Fernández le había puesto por entonces su firma, había sido impulsado por las Madres del Dolor junto con la ex senadora del PJ, Sonia Escudero.
Para Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el funcionamiento a pleno de ese registro no es garantía para evitar más ataques. "El registro no podía evitar la muerte de Micaela. Acá el punto es que hay que cumplir las leyes. El derecho no resuelve ni previene problemas, pero existe y tiene herramientas que están para aplicarse. Es una herramienta imperfecta pero empecemos por cumplirla", dijo a la agencia Télam.
En provincias como Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Entre Ríos, se aprobaron proyectos similares al de Mendoza pero también quedaron en el olvido. Casos como el de Angeles Rawson en su momento o el reciente de Micaela García son los que ayudan a impulsar o reactivar la discusión. No casualmente ahora resurge la pregunta de por qué no hay más información a mano de los abusadores sexuales para que los jueces actúen con más elementos y no caigan en el imperdonable error del entrerriano Rossi.
En alerta
- El 15% de los presos de Mendoza está detenido por delitos sexuales.
- El 99% de los violadores son reincidentes.
- El 80% de estos delitos son cometidos conocidos de la víctima.
- La base más grande de criminales se encuentra en Gran Bretaña y contiene 38 millones de datos de violadores y asesinos.
- En Estados Unidos, el registro de violadores existe desde 1996. Fue creado tras el asesinato de Megan Kanka, una nena de 6 años.
- Desde 2003, sus datos son públicos.
En España, 16 de cada 100 violadores están en tratamiento de rehabilitación en prisión.