La sesión de la CIDH en Washington, con un ojo en Argentina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará este lunes denuncias sobre supuesta represión de protestas en Jujuy y en ese contexto el caso del arresto de la dirigente social Milagro Sala.

En audiencias convocadas en Washington, el organismo continental también evaluará el impacto de los recientes cambios en la política migratoria que introdujo el gobierno de Mauricio Macri. 

La CIDH, que es un órgano autónomo de la OEA, escuchará los argumentos de organizaciones sociales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional, entre otras, que presentarán "denuncias sobre represión de la protesta y de la sindicalización en Jujuy".

Los peticionantes sostienen que en Jujuy hay un mecanismo de criminalización de la protesta social y si bien no está planteado de manera formal, se espera que se debata la situación de Milagro Sala.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, afirmó que la Comisión ha dado lugar a esta audiencia porque "tiene que ver con un contexto de represión de las protestas que ha llamado mucho la atención de las organizaciones de la sociedad civil en el país, sobre un ambiente represivo en el estado". 

En la audiencia también estará presente el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien expondrá sobre el Código Contravencional y otras normas relacionadas al caso. Inmediatamente luego de esa audiencia habrá otra relacionada con el decreto migratorio firmado a fines de enero por el presidente Mauricio Macri. 

La norma acelera el proceso de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos. La propia CIDH decidió convocar a la audiencia "de oficio" ya que "la legislación argentina sobre migración ha sido un modelo en la región, imitado por otros países y siempre ha sido elogiada por este organismo" pero "el Gobierno tomó la decisión de promover cambios que tienen una mirada más restrictiva y la CIDH está un poco preocupada", precisó Abrão. 

La semana pasada, la canciller Susana Malcorra aseguró que el decreto "no plantea una Argentina xenofóbica". En esa audiencia, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, será quien representará al Gobierno en el tema.