Enojo de padres y docentes por la suspensión del Próvolo

Docentes, padres y autoridades escolares del Instituto Antonio Próvolo están preocupados y en alerta por la decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de suspender las actividades en el colegio a raíz de las denuncias de abuso sexual contra alumnos a manos de dos curas y tres administrativos, hoy detenidos, y piden que el organismo "separe" la "cuestión judicial" con la escuela propiamente dicha, dado que ambas "no tenían relación".

La Resolución 93/2017 emitida por la DGE, y oficializada el lunes a la tarde mediante una conferencia de prensa encabezada por el director de Asuntos Jurídicos, Francisco Fernández, y la directora de Educación Privada, Beatriz Della Savia, por la cual se suspendían las actividades del Instituto Próvolo y el correspondiente envío de subsidios, cayó de "sorpresa" entre los padres y docentes del establecimiento, pese a que ya habían recibido "sugerencias" por parte de la DGE para "enviar a los chicos a otras escuelas especiales", cuestión que, especialmente los progenitores de los alumnos, rechazaron tajantemente.

Analía Tello, madre de una niña de 8 años que asiste al Próvolo desde hace cinco años, explicó a MDZ la importancia que reviste esa institución educativa para los chicos sordos, hipoacúsicos o con trastornos de lenguaje y otras discapacidades: "El modelo del colegio es incluir las distintas discapacidades y, con la enseñanza especializada y la realización de terapias, formar grupos entre los terapeutas y los docentes para que puedan trabajar en conjunto para los niños y, a su vez, que los chicos generen vínculos con ellos y entre sí". 

"Esto ha funcionado muy bien y los chicos son la prueba viviente de que el sistema funciona, algo que no lo ofrecen muchos colegios; y de hecho muchos chicos de otras escuelas han terminado en el Instituto Próvolo porque es el único que tiene esta modalidad de trabajo", añadió. 

De manera tajante, Tello manifestó que desde la DGE "nos están faltando el respeto". "Nos enteramos del cierre por los medios y ni siquiera nos llamaron para decirnos que nuestros hijos no tenían continuidad", aseveró, pese a que, en otras oportunidades "nos sugirieron que anotemos a los chicos en el colegio más cercano a nuestros domicilios, cuando hay papás de San Martín, Tupungato y otros lugares que terminamos yendo a Luján porque no hay otro colegio como este". 

"Una vez fuimos a la Legislatura, donde se hacía una reunión entre la DGE y los legisladores, y el propio Jaime Correas nos dijo que las demás escuelas sí están capacitadas para recibir a los chicos, algo que es mentira porque nosotros las conocemos y sabemos que no ofrecen lo mismo", expresó. De hecho, la mujer indicó que hay un establecimiento que posee cualidades similares al Próvolo, pero que ya no posee capacidad para recibir más alumnos.

Para Tello, "al cerrar la institución están dejándonos a la deriva con los chicos y generando muchas más víctimas".

Por otro lado la mujer, quien no sacó a su hija de la matrícula "al igual que todos los papás", quiso dejar en claro las diferencias entre las actividades educativas del Próvolo y los casos de abuso sexual cometidos en las instalaciones del instituto: "Lo que estamos tratando de explicar es que el colegio está separado de lo que sucedió el año pasado. Entiendo que se deba investigar a los docentes, pero he convivido cinco años con mi hija y siempre ha sido muy positivo para nosotros. La gente que hoy está detenida [puntualmente aludiendo a Armando Gómez, Jorge Bordón y José Luis Ojeda] no estaba dentro del colegio ni participaban de las actividades de la escuela, estaban totalmente ajenos a la actividad educativa. Todo lo relacionado con la escuela lo hemos hecho entre los docentes y los padres para que los chicos pudieran tener sus actividades". 

"Con respecto a los curas, nosotros no teníamos contacto con la congregación, ni siquiera nos permitían asomarnos y siempre creí que era por cuestiones religiosas", destacó haciendo referencia al contacto entre padres y la mayoría de los alumnos con Nicola Corradi y Horacio Corbacho.

En esa misma línea, Tello aseguró que "también se han dicho muchas mentiras, como que a los chicos no les enseñaban a hablar ni a comunicarse, lo cual está totalmente alejado de la verdad, incluso aquellos que todavía no saben el lenguaje de señas tienen canales de comunicación alternativa y los chicos más grandes tienen muy buena comunicación, hasta tienen Facebook". 

Por lo pronto, los padres del Próvolo están organizando una manifestación en reclamo de "respuestas concretas" por parte de la DGE respecto al futuro educativo del instituto. Hasta el momento, la concentración será este jueves 16 de febrero a las 18 en la intersección de avenida San Martín y Peatonal. "No tenemos nada que esconder y queremos que empiecen a decir las cosas como son", manifestó Tello.

Desde la Dirección de Escuelas aseguraron que las autoridades del instituto sabían la decisión y que se negaron a ser notificados. En ese sentido, aseguran que el viernes la representante legal fue citada a Casa de Gobierno para que allí la notificaran. Pero que se ausentó. Lo mismo ocurrió el lunes por la mañana cuando se dirigieron a la sede de la escuela y no había nadie. Recién por la tarde lograron notificar oficialmente la decisión. "Por recomendación de sus abogados no se notificaron", aseguraron desde el Ejecutivo. 

Docentes y directivos, muy preocupados

La directora del Instituto Próvolo, Valeska Quintana, también aseguró que tanto ella como el resto de los docentes y profesionales de la institución se enteraron de la suspensión a través de los medios de comunicación. "Nos tomó de sorpresa, porque la DGE se había comprometido a mantener el colegio abierto durante el mes de enero siempre que hubiera una guardia, por lo cual todo el personal colaboró y todos los días había una o dos personas para recibir las actuaciones necesarias". 

"La forma en cómo se dio esto fue muy incorrecta, porque no se debe jugar con los padres ni con el personal", resaltó. 

Quintana subrayó que "por nuestro lado, siempre se prioriza la educación para los chicos con discapacidad y la DGE está vulnerando esos derechos porque los padres deben elegir dónde enviar a sus hijos a aquella escuela donde crean que los chicos reciben todas las terapias que necesitan, y no que lo manden a establecimientos que no tienen nada que ver con los chicos sordos". 

A diferencia de lo esgrimido por Della Savia y Fernández, Quintana sostuvo que "en Mendoza son pocas las escuelas que tienen una modalidad especializada para chicos sordos y, lamentablemente, el Estado no les otorga a esos establecimientos las mismas herramientas que tenemos en el Próvolo, como los talleres", tras lo cual destacó que "todos los profesionales del Próvolo están siempre comprometidos con sus alumnos, capacitándose en función de las necesidades del alumno y trabajar con las familias". 

"Los padres no quieren mandarlos a otras escuelas por las cuales ya pasaron sus hijos y no tuvieron las respuestas esperadas", indicó.

Al igual que Tello, Quintana marcó como contrapuntos muy distintos los abusos sexuales con la educación impartida por los docentes: "Las personas que cometieron delitos están presas. La lucha de docentes y padres es por la escuela y la enseñanza y las terapias que se le brindan a los alumnos. No hay que juntar las cosas. No entendemos porqué la DGE mezcló lo penal con lo educativo. Todos los profesionales estamos con miras a continuar con nuestro trabajo, porque ningún alumno quiere ir a otra escuela".

Los docentes y directivos también están expectantes ante lo que pueda ocurrir en los próximos días, dado que esta mañana habrá un encuentro con los abogados de la institución para interiorizarse sobre la propia resolución de la DGE y analizar los pasos a seguir.

Hoy, audiencia clave

Este miércoles a las 9 de la mañana se llevará a cabo, en el segundo piso del Palacio de Tribunales, una audiencia oral en la cual se definirá si los cinco imputados por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo continúan detenidos.

El cura Horacio Corbacho y los exempleados Armando Gómez, Jorge Bordón y José Luis Ojeda están alojados en la Penitenciaría Provincial situada en calle Boulogne sur Mer, mientras que el otro sacerdote, Nicola Corradi, se encuentra bajo prisión domiciliaria luego de que la Justicia le concedió ese beneficio por su delicado estado de salud.