En lo que va del 2017 ya se inhabilitaron 10 agencias de seguridad privada
Por haber incurrido en una serie de irregularidades, el ministerio de Seguridad de la provincia sancionó con la inhabilitación por 20 años a la agencia privada Lurkers Seguridad. Pero esta es sólo una de las 10 que durante el 2017 tuvieron que cerrar sus puertas por no cumplir con lo que marca la ley 6.441 que regula a las empresas de vigilancia privada.
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Actualmente hay 156 agencias registradas, pero no todas están activas. En ciertos casos, al no estar en actividad empiezan a generar deuda y al tiempo, en consecuencia, son inhabilitadas. El año pasado se dieron de baja voluntariamente tres empresas. Para ello deben estar al día con todas las responsabilidades administrativas y legales.
Este año ya fueron inhabilitadas 4 en forma definitiva y otras 6 aún están en análisis, con lo que podrían llegar a regularizar su situación. En 2016 fueron sancionadas 19, de las cuales 14 finalmente fueron inhabilitadas.
Según lo publicado en el Boletín Oficial, la dura sanción a la agencia Lurkers, de General Alvear, es por tener impagos los cánones correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, lo que suma una deuda de $42.469,69, más los intereses legales correspondientes. La medida del ministerio de Seguridad también alcanza al propietario, su director técnico y su subdirector técnico.
El modus operandi habitual del Registro de Empresas Privadas de Vigilancia (Repriv), conducido por Fabián Moyano, es emplazar a aquellas empresas que no están al día para que en el término de treinta días hábiles regularicen su situación, bajo apercibimiento de iniciar acción judicial por apremio ante los Juzgados Tributarios competentes.
En el Registro de Empresas Privadas de Vigilancia queda asentada la decisión y también se comunica a los organismos vinculados a este sector para que no ocurra, como solía pasar hasta hace unos años, que vayan cambiando la nominación de la empresa y poniéndola a nombre de familiares.
Moyano advierte que se evite contratar a aquellas firmas de seguridad que no cuentan con habilitación o no tengan a su personal debidamente registrado. Distinto es el caso de aquellos barrios que a través de su Unión vecinal contratan vigiladores. En ese modelo son ellos los que deben tenerlos en blanco.
Si bien no hay un número concreto de agencias truchas, cuando se las detecta se las trata de ingresar al mercado formal. Un plan que en los últimos años ha dado resultado y ha contribuido a ordenar el sector. A través de sus distintas delegaciones, el Repriv realiza controles con un personal de 25 inspectores.
Según lo que establece la normativa, las prestaciones de las empresas privadas de vigilancia deben ser únicamente de prevención, y sólo podrán efectuarse en la vía publica cuando la índole de los servicios así lo requiera.
De hecho desde el año pasado el ministerio de Seguridad impulsa la capacitación universitaria de los vigiladores privados para profesionalizarlos y perfeccionarlos en una tarea tan sensible. Los cursos se realizan en las universidad Maza y Aconcagua, donde hasta el momento ya se han instruido a unos 2.000 vigiladores.