Imputaron al ex rector de una universidad pública

El ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Juan Alberto Cerisola y ex diputado nacional radical, Luis Sacca fueron procesados sin prisión preventiva por el juez federal N° 2, Fernando Luis Poviña, quien los consideró penalmente responsables de los delitos de "administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario".

El magistrado, además, le trabó un embargo por 50 millones de pesos a Cerisola y por 10 millones a Sacca, ex secretario administrativo de la UNT y ex diputado nacional por la UCR, quien actualmente se desempeña como director administrativo de la Secretaría de Bienestar Universitario.

Ambos son investigados por el presunto uso irregular de alrededor de 353 millones de pesos provenientes de las regalías mineras recibidas por la casa de altos estudios entre 2006 y 2009, como parte de un acuerdo con la empresa YMAD, responsable de la explotación de Bajo Alumbrera.

En la resolución, que consta de 153 páginas, Poviña consideró que Cersiola, quien fue rector entre 2006 y 2014, es "penalmente responsable de los delitos de administración fraudulenta contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario, al dictar y ejecutar resoluciones u órdenes contrarias a las leyes nacionales".

Según el juez federal, Cerisola -ex representante de la UNT ante YMAD- realizó inversiones financieras con el dinero asignado por esa empresa interestatal "causando un evidente perjuicio económico a las arcas del Estado".

También determinó que hubo presuntas irregularidades en la construcción de varias obras ejecutadas con ese dinero y cuestionó que en 2008 haya aceptado la reducción de utilidades, porcentaje que pasó del 40% (establecido en la Ley 14.771) al 20%, cuando "no estaban dadas las condiciones para ello".

El magistrado concluyó que las operaciones practicadas por Sacca y Cerisola ocasionaron a la UNT un perjuicio de 8,1 millones de pesos, sin contar los intereses que debió percibir la Institución y cuyo destino se desconoce.

En 2006, la empresa interestatatal YMAD comenzó a girar cheques a la UNT provenientes de las utilidades que arrojaba la explotación de la mina Bajo Alumbrera.

La investigación judicial, además, busca determinar el destino de los 353 millones de pesos que recibió la UNT, cuestiones vinculadas a presuntos sobreprecios en las obras y a depósitos en cuentas bancarias.

Olga Graciela Cudmani, ex directora general de Construcciones Universitarias, y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones, también quedaron procesados.

En cambio, el juez Poviña dispuso el sobreseimiento de Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo, y de Horacio Alfredo Lobo, inspector de la obra de Filosofía y Letras.

Fuente: Télam