Robos en barrios privados: El que no cuida, paga
La Justicia condenó ayer a un barrio privado de Buenos Aires y a la empresa de seguridad contratada a indemnizar a un vecino que sufrió un robo y desde Mendoza abogados de defensa del consumidor celebraron la noticia ya que, aseguran, “sienta jurisprudencia”.
El caso ocurrió en marzo de 2006 en el exclusivo Tortugas Country Club de Pilar cuando cuatro delincuentes encapuchados perpetraron un asalto comando a la casa de la familia del abogado Alejandro Novak.
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El juez en lo Civil y Comercial de San Isidro Antonio Vázquez hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada por Novak y sentenció al barrio, a dos empresas de seguridad y una consultora a pagar a la familia más de $500.000.
Respecto del country, el magistrado considero que “cuando tercerizó el servicio de seguridad debió controlar la manera en que se prestaba el servicio y si resultaba eficaz, dado que los propietarios son los que pagan por su prestación mediante expensas” según consta en el fallo.
El abogado y referente de la ONG Protectora, Mario Vadillo, celebró la sentencia al asegurar que sienta un precedente que aplica también para los barrios privados de Mendoza.
“Esta jurisprudencia nos está confirmando que a una empresa de seguridad en un country no se le está pagando solo para la recepción y control de invitados, sino con el objetivo final de darle seguridad al vecino”, explicó Vadillo a MDZ.
“Esto seguramente llevará a que los barrios privados hagan una tarea verdadera de seguridad", opina el abogado de consumidores Mario Vadillo.
En este sentido, criticó que “al ir a visitar a alguien a un barrio privado hay que presentar documento, someterse a videocámaras y hasta inspecciones de baúl” pero que, sin embargo, “después entran y roban como si nada”.
El fallo contra Tortugas obligará ahora a los countries a comprometerse aún más en su estructura de seguridad ya que de lo contrario deberán indemnizar a los vecinos damnificados.
“Esto seguramente llevará a que los barrios privados hagan una tarea verdadera de seguridad y que que no deje el tema en manos de empresas que ganan licitaciones por los precios más baratos porque tienen gente que no está preparada en la materia”, aseguró Vadillo.
En el caso de Buenos Aires una de las empresas de seguridad contratadas, Bastida, fue hallada culpable directa del caso ya que según el juez quedó demostrado que “un dependiente suyo facilitó tanto el ingreso como el egreso del vehículo en el que se desplazaban los malhechores”.
La otra empresa de vigilancia sancionada, Securitas, fue castigada “por el accionar de sus empleados, quienes cumplieron negligentemente sus tareas” ya que al momento del ingreso de los ladrones el guardia a cargo del ingreso “estaba realizando una función para la cual no había sido contratado -preparar y cebar mate- descuidando su tarea”.
De todos modos las fuentes judiciales consultadas coincidieron en señalar que en los barrios privados consolidados de Mendoza como Dalvian o Palmares, "hay hechos delictivos, pero muy pocos".
Desde la Oficina Fiscal 2 de Capital, donde recaen las denuncias de Dalvian, explicaron que en la mayoría de los casos se trata de "hurtos o hechos menores donde puede estar involucrada inclusive gente del mismo barrio" y que "es raro" que un ladrón entre y salga del perímetro.
La situación es distinta, aclararon, en otros barrios privados más nuevos en la zona del Challao, por ejemplo, donde la seguridad es más vulnerable.
La publicidad seduce... y compromete
Según explicó Vadillo, el compromiso de los barrios privados comienza ya desde la publicidad de sus lotes y “estilo de vida”.
“La oferta publicitaria de muchos barrios privados cuando venden sus lotes incluye la garantía de seguridad, y esa es una oferta engañosa si después no se cumple. Palamares o Dalvian, por ejemplo, me prometen seguridad entonces, si después te roban, tienen que hacerse cargo”, opinó el abogado, y detalló: “Se llama responsabilidad objetiva; si te ofertan un producto, pagás por eso y tienen que responder”.
"La oferta publicitaria incluye garantía de seguridad y es engañosa si después no se cumple", dice la ONG Protectora.
De esta forma Vadillo diferenció los countries de los denominados "barrios semi-privados", que son abiertos con acceso restringido, en los que los mismos vecinos se organizan para pagar a un sereno o vigilante.
De acuerdo al abogado, en este último caso no hay una promesa de seguridad sino simplemente una organización conjunta para intentar evitar delitos en el barrio.