Córdoba: dos empresarios imputados por caso CBI

Dos empresarios vinculados a una concesionaria dedicada a la venta de automóviles son los nuevos imputados en la causa en la que la Justicia Federal investiga presuntas operaciones financieras irregulares de la firma CBI Cordubensis.  

Se trata de los titulares de la concesionaria Centro Motor, Darío Ramonda padre e hijo, por la presunta comisión de asociación ilícita, estafa e indeterminación financiera ilegal, según informó a la prensa el propio fiscal federal Enrique Senestrari.  

"Se ha hecho una exhaustiva investigación de los distintos elementos con los que contamos", precisaron desde la fiscalía que encabeza Senestrari, que pidió al juez federal, Ricardo Bustos Fierro, que los cite a prestar declaración indagatoria.  

Senestrari tuvo en cuenta la carta que dejó antes de morir el vicepresidente de CBI, Jorge Suau, según el cual había que investigar las supuestas operaciones con CBI que efectuaban los empresarios a partir de "la compraventa de autos usados y con las diferencias de precios de las compra ventas, en general".  

En febrero pasado, el cuerpo de Suau fue encontrado en el interior de su camioneta, en la ciudad de Alta Gracia, a 36 kilómetros de la capital cordobesa, pero antes de hacerlo había dirigido una carta a Senestrari en la que daba precisiones sobre las operaciones de CBI.  

En forma simultánea a la muerte de Suau se desencadenó la crisis de liquidez de CBI, hecho por el cual, además de los Ramonda, están imputados Eduardo Rodrigo (titular de la firma), José María Núñez, Julio César Ahumada, Aldo Ramírez, Daniel Tissera, Luis de los Santos, Víctor Alaniz, Doris Puccetti y Oscar Altamirano.  

A los imputados, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Senestrari, se les atribuye la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, estafa, intermediación financiera clandestina, evasión tributaria y lavado de dinero.  

CBI Cordubensis estaba habilitada únicamente para operar en la administración de cajas de seguridad y no como entidad financiera, ya que no contaba con la autorización de parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).  

Según Carlos Nayi, abogado de clientes supuestamente perjudicados por la firma, se trataría de "una maniobra defraudatoria a gran escala", dado que los ahorristas "entregaban a CBI dinero y, a los 30 días, debían recibir un interés del 27 por ciento anual sobre el saldo final".  

El abogado subrayó que, no obstante, en vez de recibir dinero fresco, tal como habían pactado con CBI por medio de un contrato de mutuo, en la financiera les daban "cheques, de diferentes empresas, todos de procedencia dolosa o declarados como robados".