Coimas: Ofrecían libertad a presos de lesa humanidad por 75.000 pesos

-En el Cuerpo Médico Forense… a través de un penitenciario…- contó el hombre con su padre ex militar preso. Su amigo le aconsejó no pagar y le pidió un nombre. En ese momento se tuvo conocimiento, por primera vez, de una de las operatorias más vergonzantes y peligrosas que hayan ocurrido en el ámbito judicial y penitenciario: una organización –aún no se sabe de cuántas personas- dedicada a “recaudar” entre presos y familiares de detenidos, sumas que arrancarían en los 15.000 pesos, hasta cifras cuyo monto máximo no se sabe. Sólo hay registro de los 75.000 pesos pedidos al hijo de un condenado por delitos de Lesa Humanidad. ¿Habrá sido la tarifa más alta?

Aunque en la Comisión Bicameral de Seguridad, la Inspección General, el gobierno y la policía insisten en que se trata de “casos aislados”, la seguidilla de delitos con personas que deberían dedicarse a velar por la seguridad de la población resulta llamativa. Podríamos decir que los casos complejos arrancaron un par de años atrás, cuando una mujer policía participó de un asalto a Cambio Santiago en San Rafael y se llevó 500.000 pesos junto a un cómplice. Ambos estaban armados. El año pasado, en octubre, un policía quedó preso por el doble crimen de un matrimonio chileno. El efectivo pertenecía a la División Drogas de la policía local. Esta semana arrancó con el caso del policía que se emborrachó, y junto a dos cómplices con antecedentes montó un falso control policial y le robaron la billetera a un automovilista para huir y volcar una camioneta policial. Ese policía era -en el momento del robo- un oficial de servicio. Y había sido condecorado tiempo atrás por salvar la vida de una persona en un canal de riego. Este efectivo será procesado por robo agravado, muy posiblemente va a quedar detenido mucho tiempo y además tendrá que pagar la camioneta que destruyó. Hay más: la justicia federal aún investiga si el joven Andrés García Campoy se suicidó o si lo mataron o si murió en un raro accidente con su arma, en un control de Gendarmería. Y ahora, un integrante del Cuerpo Médico Forense está preso por certificar de forma falsa condiciones para sacar presos a la calle. Ayer, el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, el radical Héctor Quevedo, pidió informes por unos 20 casos de presos libreados en cuyos expedientes habrían existido certificaciones que deben ser investigadas.

¿Qué pasa en las fuerzas de seguridad? ¿No pasa nada? ¿No hay que preocuparse por nada? De postre, ayer se supo también que un funcionario del área de Turismo de la provincia de San Luis se quejó de que efectivos de la Policía de Mendoza también le pidieron una coima de 500 pesos. 

El caso del psiquiatra forense y el penitenciario presos ayer es de película clase B pero muy peligroso. Han ofrecido certificados de salud para conseguir salidas o prisión domiciliaria a detenidos por homicidios, robos agravados, reincidentes de crímenes varios; un verdadero desastre. La justicia deberá investigar ahora cada uno de los expedientes del psiquiatra Luis Chacón –tal es su nombre- para ver en qué condiciones se concedió la libertad a determinadas personas.

La detención del psiquiatra y su cómplice –el agente penitenciario Pablo Espagnolo- fue posible por el increíble descuido de ambos. El padre de un detenido había aparecido al fin de la feria judicial en una de las fiscalías especiales, y alguien recordó el caso del intento de coima al preso por delitos de lesa humanidad, por lo que prestaron especial atención al caso. La semana pasada hubo un primer operativo para detener a la banda, pero el intento fracasó: el penitenciario había citado a su “cliente” pero nunca apareció. Se ve que ayer quisieron agilizar el cobro. Entonces, el hombre del servicio penal de la provincia llamó al padre del detenido "sujeto" de la operación, y le dio “turno” nuevamente. Increíblemente, acordaron hacer la transacción en la explanada del Palacio Policial, donde además funciona la Unidad de Delitos Complejos, y en un edificio lindero, el propio Cuerpo Médico Forense. En este caso la suma acordada era de 5.000 pesos. “Fue increíble ver desde la ventana cómo hacían la maniobra” dijo una fuente judicial. Allí mismo los metieron presos. Los detenidos son tres: el psiquiatra, el penitenciario y una tercera persona de la que no trascendieron detalles. Ahora, se trata de saber si hay más implicados. Es difícil que una organización de esta naturaleza –que debe certificar “enfermedades” gravísimas de gente relativamente sana- haya funcionado sin algún grado de cobertura. La Justicia y el Ministerio de Gobierno, además de la Bicameral de Seguridad y la Inspección General de Seguridad; deberán ahora investigar todas las derivaciones posibles. Mientras tanto, los detenidos van a recuperar hoy la libertad. Cualquiera de los delitos que les impute el fiscal especial Santiago Garay es excarcelable: exacciones ilegales, cohecho o extorsión.

QUIENES SON LOS PRESOS INVESTIGADOS

La lista de los reos que obtuvieron la prisión domiciliaria –presumiblemente- luego de pagar coimas a dos funcionarios públicos y un civil incluye 7 condenados por homicidio, y 13 por robos agravados. El penitenciario Espagnolo, junto al psiquiatra del Cuerpo Médico Forense, Chacón, podrían haber tramitado hasta medio centenar de estos pedidos “truchos”, que funcionaban de la siguiente manera: el penitenciario o un cómplice no identificado contactaban a los posibles "clientes", y una vez pagada la coima, el abogado del acusado pedía la prisión domiciliaria por enfermedad, que el psiquiatra forense certificaba. “Estos pedidos del CMF firmados por los profesionales de salud mental son casi siempre determinantes” contó una fuente del palacio de Justicia. Lo que no se sabe es si los presos beneficiarios cometieron nuevos delitos.

La Comisión Bicameral de Seguridad presentó un informe que incluye a 20 reos a quienes se les cambió el lugar dónde debían cumplir su pena, y aunque Héctor Quevedo indicó que serían más de 50 los casos, los que pudo mencionar con nombre y apellido, a fin de "no obstruir la investigación", fueron imputados por causas gravísimas, uno de ellos incluso había reincidido en el delito de homicidio.

La lista está compuesta por los casos más llamativos, debido a que la edad de los reos ronda entre los 20 y los 26 años:

1- Aballay Silva, Ricardo Esteban (homicidio agravado).

2-Ahumada Maldonado, Cristian Exequiel (robo agravado).

3-Azaguate Radicci, Gonzalo Martín (robo agravado).

4-Azcurra Flores, José Nicolás (robo agravado).

5-Cejas, Julio Albecio (homicidio 2º reincidencia).

6-Cortéz Miraval, David Esteban (homicidio, juzgado en abril).

7- Cubells Godoy, Miguel Alejandro (homicidio).

8-Díaz Gallo, Sebastián Gabriel (robo agravado).

9-Gómez Godoy, Diego Matías (robo agravado).

10-Maldonado Gallardo. (Múltiples causas).

11-Micelli Ávila, Claudio Damián (robo agravado).

12-Núñez Morales, Juan Carlos (homicidio).

13-Ortiz Saldivar, Nicolás David (robo agravado).

14- Páez Irusta, Valeria Yamila (homicidio).

15- Pávez López, Sergio Andrés (robo agravado).

16-Pujado Méndez, Luis Alejandro (múltiples causas).

17-Quiroga Maya, Sebastián Emanuel (robo agravado).

18- Varas Villegas, Fernando Ariel (perpetua)

19- Vargas Salas, Diego Martín (reincidente)

20- Yáñez Fonseca, Pablo Emilio (homicidio- trasn. vial).

Aunque el diputado Quevedo, titular de la Bicameral, informó que las reincidencias ocurrieron previo a recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, no descartó que del total de los detenidos exista más de uno que haya vuelto a cometer algún delito.

Por ello, informó que este jueves se reunirá con Rodolfo Lafalla, titular del Ministerio de Gobierno y Justicia, y con el Director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, para ver cómo siguen los sumarios internos y para detectar si hay casos de presos liberados en esta modalidad –pagando coimas- han delinquido otra vez.

Esta historia muestra una seria violación a la seguridad de los mendocinos y al sentido de justicia, ya que se han liberado a personas que debían estar presas. Tal como ocurrió con el caso de Matías Quiroga, en 2012.

Colaboró: Bárbara del Pópolo.