Narcokioscos: la droga en Mendoza y el "narcomenudeo"

“El narcotráfico es una actividad que, a la larga y en el futuro, se va a demostrar que tiende a la legalización”. Pablo Escobar.
La preocupación es ostensible, sobre todo porque proviene de fuentes de la Corte Suprema de Mendoza. En el seno de ese cuerpo, se empezó a discutir en los últimos tiempos qué hacer frente al avance de la droga en la provincia, especialmente en tres segmentos: kioscos, delivery y “trapitos”.

Los dos primeros son tópicos sobre los cuales vienen alertando algunos referentes locales, a sabiendas de que se trata de la puerta de entrada del narcotráfico. El último es un poco más complejo y debe analizarse con seriedad y profesionalismo a efectos de no estigmatizar a un sector humilde de la sociedad.

El tráfico de estupefacientes ya no es manejado exclusivamente por grandes grupos, ni se vende en relevantes cantidades. Ahora el foco está puesto en puntuales kioscos y en el delivery —envío a domicilio— de pequeñas cantidades de narcóticos. Lo que se conoce como “narcomenudeo” y que empieza a verse con insistencia en las principales provincias de la Argentina.

“El narcomenudeo está pudriendo la mente de nuestros jóvenes”, dijo a MDZ el diputado Daniel Cassia, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad.

-¿Cómo es el narcomenudeo en la provincia?
-Es un negocio que empezaron los padres y dejaron a sus hijos. Terminaron convirtiéndose en bandas. Principalmente en kioscos.

-¿Se sabe dónde están ubicados?
-Sí, algunos están en la zona oeste de Godoy Cruz. Están claramente identificados, están judicializados. ¡Se conocen hasta los apellidos de las familias! Te digo más: hay casos insólitos, donde familias usurpaban viviendas que eran del Estado provincial y allí vendían drogas. El Estado no lograba contener siquiera las viviendas que le eran propias.

-¿Cuántas causas judiciales hay respecto al narcomenudeo?
-Te puedo decir que, del 100% de las causas que investiga la justicia Federal, el 70% son por narcomenudeo.

-Más allá de este fenómeno, ¿ve complicada a la provincia respecto de los grupos que venden drogas?
-Por ahora no hay bandas con la suficiente envergadura, pero sí estamos en la primera etapa. Es como cuando dejás hervir una tetera. Primero la sentís fría, después tibia, y después suena el silbato. Es cuando está a punto de explotar.

-¿Se está a tiempo de hacer algo?
-Sí, pero nadie tiene el coraje de poner lo que hay que poner sobre la mesa. Hay que coordinar, invertir más presupuesto. Ninguo de los últimos tres gobernadores hizo lo suficiente para combatirlo. No tienen estructura, ni presupuesto. No quieren tenerla tampoco, ni la provincia, ni la nación.

-¿Es responsabilidad de algún gobierno en particular?
-Este problema empezó hace 15 años, es responsabilidad de todos los gobernadores que estuvieron desde entonces, empezando por (Roberto) Iglesias y pasando por (Julio) Cobos y (Celso) Jaque.

-¿No hay también responsabilidad del Estado nacional?
-Claro que sí. Cuando yo era presidente de la Bicameral de Seguridad, un día vino Aníbal Fernández, siendo él ministro del Interior. Junto a Eduardo Bauzá le quisimos plantear el tema del narcotráfico, que empezaba a ser preocupante, y nos respondió secamente: “Ni vos ni el que tenés al lado tienen autorización para entorpecer la gestión de Cobos”, nos dijo.
En ese momento, Bauzá y yo le exigíamos a Cobos que le pida a la Nación que traiga a la Gendarmería.

-¿Qué dijo Cobos al respecto?
-Nos dijo que estábamos locos.


Una carta en la manga

Otro de los referentes que en estos días muestra preocupación por el avance del narcomenudeo y los “narcokioscos” en Mendoza es el senador radical Armando Camerucci. A ese respecto envió en las últimas horas una nota al vicegobernador Carlos Ciurca —a la sazón titular del Senado provincial— pidiendo el “desarchivo” de un expediente por el cual se adhiere a la ley nacional de modificación del Régimen Penal de Estupefacientes.

En la misiva (ver el texto completo al pie), el legislador explica que esa norma prevé en su artículo 3º “que en las causas en que exista conexidad subjetiva con otra sustanciada en el fuero federal, será competente dicho fuero, mientras que en los casos en que se dude sobre la competencia prevalecerá la justicia federal (artículo 4º), con lo cual quedan descartadas cualesquier dificultad interpretativa que obste a la aplicación de la mencionada pauta legal”.

En sentido similar, Camerucci explica que la misma ley establece en su artículo 5 "…un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley.", pretendiendo de esta manera brindar a las provincias el sustento económico necesario para la adecuada aplicación de la norma.

Luego, el senador advierte que el espíritu de la ley nº 26.052 radica en el interés de que las Provincias asuman la competencia para conocer en aquellos casos que están estrechamente relacionados a la detección de las bocas de expendio más cercanas a la población y a la represión de los delincuentes que se dedican al expendio y/o comercio menor de estupefacientes. “Todo ello, bajo la certeza de que las autoridades provinciales, tanto fiscales como policiales, se encuentran en una mejor situación, por su cercanía geográfica y funcional, para desarrollar -con mayor grado de eficiencia y eficacia- verdaderas políticas criminales tendientes a reducir los insondables efectos negativos que esta problemática ocasiona en la ciudadanía”.

Y alerta: “Por todos es conocido que el flagelo del comercio, tenencia y consumo de estupefacientes asume en la Provincia de Mendoza enormes proporciones y dañosas consecuencias. La primera consecuencia negativa de la adicción se manifiesta en la salud del consumidor, y colateralmente, en el alto porcentaje de personas que delinquen bajo los efectos de la adicción a las drogas. Ciertamente, los índices de delincuencia y los mapas de delitos que se han confeccionando acreditan lo expresado, demostrando que casi el 50% de los ilícitos son cometidos por personas en estado de intoxicación con estupefacientes. Es claro entonces que el Estado Provincial, a través de los organismos pertinentes -tanto policiales como judiciales-, debe desplegar un conjunto de acciones tendientes a detectar a aquellas personas que suministran estupefacientes a la población en los distintos puntos geográficos de la Provincia, para así coadyuvar a aminorar los insondables perjuicios que este flagelo causa diariamente a nuestra juventud”.

Camerucci pone como ejemplo a Córdoba, provincia que adhirió a la Ley Nacional de Estupefacientes en junio de 2012: “La legislatura aprobó por unanimidad el proyecto, que establece los procedimientos para investigar, perseguir y juzgar la venta y distribución de drogas y entre otros fines otorgaba competencias específicas a los juzgados provinciales para avanzar en las causas vinculadas al narcotráfico”, dijo.

Finalmente, el senador recordó: “Lamentablemente el proyecto de mi autoría pasó a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde se mantuvo por dos años y luego por Resolución N° 436/08-09 fue archivado”.


Palabra de especialista

El narcomenudeo empieza a hacerse visible en momentos en los que —¿casualmente?—el gobierno nacional aboga por la despenalización de la tenencia de drogas, una medida que parece beneficiar más a los narcos que a los adictos, al permitirles mover pequeñas dosis de estupefacientes.

“La despenalización de la tenencia va a hacer que la droga llegue más rápido a los pibes”, dijo a este diario Claudio Izaguirre (foto), presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina.

-Con la modalidad del delivery, los narcos van a estar felices de que se despenalice la tenencia.
-Totalmente, ahora en lugar de mover grandes cantidades de droga van a llevar pequeñas dosis y, si los paran, dirán que es para consumo personal.

-¿Cómo funcionan los narcokioscos?
-Son negocios donde venden cosas de almacén, cigarrillos… y droga. Son bastante comunes en las ciudades pequeñas, sobre todo en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

-Es decir que de afuera se ven como kioscos normales.
-Sí, solo que los atienden en general durante las 24 horas.

-¿Venden todo tipo de drogas?
-No, mayormente marihuana y cocaína, no son demasiado sofisticados.

Quien empieza a observar el fenómeno con preocupación pero a nivel país es Zunilda Niremperger, jueza federal de Sáenz Peña, Resistencia: “Yo considero que hay dos formas en las que nos damos cuenta de que el narcotráfico ha crecido: las grandes cantidades que secuestramos a diario en las rutas y el narcomenudeo, es decir la venta a pequeña escala pero que es regular”.

Para la magistrada, la venta a pequeña escala permitió que la droga se instale “en nuestros pueblos”. Y agregó: “En las comunidades pequeñas desde hace un tiempo ya se habla de droga y de narcotraficantes. La gente comienza a mirar con reserva a determinadas personas que adquirieron bienes que no son consistentes o no son equivalentes con el trabajo que realizan formalmente”.

Al tiempo que las alertas se multiplican por todo el país, se supo que, en Buenos Aires, Daniel Scioli decidió crear diez fiscalías especiales contra el narcotráfico, sumando 35 en toda la provincia.

Mientras tanto, en Mendoza aún se sigue discutiendo quién debe hacerse cargo del problema, sin que finalmente nadie tome cartas en el asunto. Todos se miran entre sí y parecen bendecir el célebre monólogo de Tato Bores: “La culpa es del otro”.


Anexo: carta completa enviada por Camerucci a Ciurca.

Presidente del H. Senado de Mendoza, Carlos Ciurca
Presente, de mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de solicitar el desarchivo del Expte. Nro.: 51.222, del año 2006, Proyecto de Ley de mi autoría en el cual se adhería a la Ley Nacional Nº 26.052, “Modificación del Régimen Penal de Estupefacientes”, asumiendo la competencia para entender en los delitos previstos en su artículo 2°, siendo de aplicación para el entendimiento y trámite de las causas que se inicien en virtud de la presente Ley, el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza.

Como manifesté en esa oportunidad, la mencionada norma legal fue sancionada en el mes de julio de 2005, promulgada de hecho el 30 de agosto de ese año y modificó la Ley Nacional de Estupefacientes (nº 23.737), estableciendo en su artículo 2º que "Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia".

En definitiva, el criterio de la norma era posibilitar que las Provincias que así lo estimaran pertinente asumieran algún grado de competencia en la represión de ciertos delitos previstos en la Ley Nacional de Estupefacientes.

Desde ya que la misma ley prevé en su artículo 3º que en las causas en que exista conexidad subjetiva con otra sustanciada en el fuero federal, será competente dicho fuero, mientras que en los casos en que se dude sobre la competencia prevalecerá la justicia federal (artículo 4º), con lo cual quedan descartadas cualesquier dificultad interpretativa que obste a la aplicación de la mencionada pauta legal.

Por otra parte, establece en su artículo 5 "…un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley.", pretendiendo de esta manera brindar a las provincias el sustento económico necesario para la adecuada aplicación de la ley.

De acuerdo a lo expuesto, el espíritu de la ley nº 26.052 radica en el interés de que las Provincias asuman la competencia para conocer en aquellos casos que están estrechamente relacionados a la detección de las bocas de expendio más cercanas a la población y a la represión de los delincuentes que se dedican al expendio y/o comercio menor de estupefacientes. Todo ello, bajo la certeza de que las autoridades provinciales, tanto fiscales como policiales, se encuentran en una mejor situación, por su cercanía geográfica y funcional, para desarrollar -con mayor grado de eficiencia y eficacia- verdaderas políticas criminales tendientes a reducir los insondables efectos negativos que esta problemática ocasiona en la ciudadanía.

Por todos es conocido que el flagelo del comercio, tenencia y consumo de estupefacientes asume en la Provincia de Mendoza enormes proporciones y dañosas consecuencias. La primera consecuencia negativa de la adicción se manifiesta en la salud del consumidor, y colateralmente, en el alto porcentaje de personas que delinquen bajo los efectos de la adicción a las drogas. Ciertamente, los índices de delincuencia y los mapas de delitos que se han confeccionando acreditan lo expresado, demostrando que casi el 50% de los ilícitos son cometidos por personas en estado de intoxicación con estupefacientes. Es claro entonces que el Estado Provincial, a través de los organismos pertinentes -tanto policiales como judiciales-, debe desplegar un conjunto de acciones tendientes a detectar a aquellas personas que suministran estupefacientes a la población en los distintos puntos geográficos de la Provincia, para así coadyuvar a aminorar los insondables perjuicios que este flagelo causa diariamente a nuestra juventud.

Se trata fundamentalmente de que los organismos de investigación combatan el tráfico menor de estupefacientes, detectando con mayor efectividad -por su cercanía geográfica y especialización- las bocas de expendio más cercanas a la ciudadanía. Estas bocas de expendio y comercio se encuentran en nuestras calles, plazas, parques y lugares de esparcimiento, y por tal razón, son las autoridades provinciales las que se encuentran en mejor situación para desarrollar una verdadera política de investigación y represión de esta problemática.

En este sentido, estimamos que la experiencia acumulada recientemente en el ámbito del servicio de administración de justicia por la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, ha aportado adecuadas herramientas para aumentar los niveles de eficiencia en el sistema de investigación penal, otorgando a los Fiscales y Ayudantes Fiscales la posibilidad de interactuar con las fuerzas policiales con mayor cercanía funcional y geográfica.

No obstante lo expuesto, las experiencias registradas en las Provincias que han adherido a esta ley nacional demuestran sin duda alguna que existen grandes dificultades en su aplicación. Así pues, en la Provincia de Buenos Aires se sostiene que el traspaso de la competencia a los órganos jurisdiccionales provinciales ha generado gran cantidad de causas, limitadas mayormente a la detención de personas que detentan pequeñas cantidades de sustancia estupefaciente (fundamentalmente marihuana). Esta situación distorsiona el objetivo primigenio de la ley a la que se pretende adherir, puesto que el abarrotamiento de causas menores ocasiona grandes perjuicios al desarrollo de una verdadera actividad investigativa capaz de detectar los pequeños y medianos centros de expendio y comercio de estas sustancias tan nefastas para nuestra sociedad. También en la Provincia mencionada, se sostiene que la adhesión a la Ley Nacional ha generado un nuevo espacio para la corrupción policial.

La otra experiencia de adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes es Córdoba que en junio de 2012 la legislatura aprobó por unanimidad el proyecto, que establece los procedimientos para investigar, perseguir y juzgar la venta y distribución de drogas y entre otros fines otorgaba competencias específicas a los juzgados provinciales para avanzar en las causas vinculadas al narcotráfico.

Lamentablemente el proyecto de mi autoría pasó a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde se mantuvo por dos años y luego por Resolución N° 436/08-09 fue archivado.

Si bien desde el Gobierno Nacional se esgrime que la inseguridad debe “resolverse al interior de cada distrito”, los gobiernos provinciales en los casos de delitos que nos ocupan, considero que la responsabilidad es compartida.

La intención el Poder Ejecutivo Nacional apunta a que las provincias cuenten con normas legales, personal policial capacitado y un sistema judicial propios como para hacerle frente a la inseguridad con total idoneidad y efectividad.

Hoy este Legislador, a 8 años de haber pretendido una ley provincial que adhiriera a la Ley de Estupefacientes que fue rechazada, advierte que nuestra provincia debe tomar ese camino.

Procuro insistir con el tratamiento del Expte. 51.222, para que Mendoza adhiera a la Ley Nacional N° 23.737, ya que después de tantos años y lamentables y resonantes casos, los responsables de la lucha contra el narcotráfico en la Provincia, han dado fundamentos a tal solicitud al demostrar ineficiencia para detener el avance de dicho delito.

Esto es así ya que desde el mismo Ministerio de Seguridad Provincial se detallan las bandas (informan 23), con su nombre, integrantes, territorio en donde operan y demás datos, pero no hay acción concreta alguna para impedir su funcionamiento.

En enero de 2013, el Gobernador Francisco Pérez anunció la creación de la Dirección General Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, tiene como objetivo “afrontar la lucha contra el narcotráfico de una manera mucho más fuerte, con una impronta diferenciada y en sintonía con las políticas de Seguridad inherentes al narcotráfico que se vienen realizando…”.

Además se conoce de la capacitación, cooperación, adiestramiento, intercambio de información y experiencia del personal policial mendocino en Buenos Aires y que próximamente se dará la posibilidad que policías especializados en narco-criminalidad y del Grupo Especial de Seguridad (GES), viajen a Estados Unidos para recibir mayor entrenamiento e instrucción, según manifestó el Ex Director General de lucha contra el Narcotráfico y actual jefe de la Policía de Mendoza, Juan Carlos Caleri.

Sin otro particular y esperando una urgente resolución que nos permita el tratamiento de una herramienta fundamental para poder luchar contra esta angustiante realidad, lo saludo atentamente.