El Prostíbulo VIP en "punto muerto"

Hace poco más de un año, el 6 de febrero de 2013, la Dirección Provincial del Registro de Personas Desaparecidas, recibió un llamado anónimo por parte de una mujer que aseguraba haber escapado de un prostíbulo denominado Pyme Vip.

A partir de ese momento, comenzó una trama de novela que involucró a oportunos proxenetas y funcionarios de la municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Por caso, la Justicia Federal decidió impulsar el expediente Nº 18.283/C “Fisacal c/ Sole, Sebastián M. y otros s/Av. Inf. Art. 145 bis C.P.” donde se investiga la trata de mujeres con fines de explotación sexual y el lavado de activos en la ciudad de Mendoza.

En el mismo sentido, se decidió procesar con prisión preventiva a Sebastián Marcelo Solé, como cabeza del prostíbulo y se hizo lo propio con Paola Carolina González, sindicada de ser la encargada del local.

También fueron procesados judicialmente Cristian Alfredo Prado, el médico Osvaldo Ramón Pastorino —quien fue liberado a mediados de octubre, pago de fianza mediante—, y el inspector municipal Raúl Cuquejo. A este último se lo acusó de omitir la ejecución de las normas relativas al control sobre el local.

Para respaldar las imputaciones, los investigadores judiciales se basaron en la documentación que hallaron a través de la docena de allanamientos efectuados en diversos lugares de la Capital mendocina y Luján de Cuyo.

Gracias a los documentos descubiertos —a los cuales se sumaron teléfonos celulares y comprometedora folletería—, la Justicia imputó por cohecho a un policía federal llamado Ángel Arias.

Todo ello pareció ser concluyente para avanzar sobre un hecho de corrupción que, según especialistas consultados por MDZ, no puede jamás terminar en las figuras de las personas imputadas y detenidas.

Sin embargo, al momento de escribirse el presente artículo la situación sigue absolutamente igual que hace meses, con un expediente completamente paralizado.

Ello a pesar de que este caso fue dado como ejemplo de la labor de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación Sexual (Protex) por parte del fiscal Marcelo Colombo en una entrevista realizada por diario Página/12 durante 2013.

“Están jugando a que prescriba la causa y no llegue a mayores. Hay un montón de medidas que (Walter) Bento jamás llevó adelante, como el análisis del papel que presentó MDZ”, dijo a este diario una fuente judicial con acceso a la causa de marras.

El “papel” que menciona el informante, es mucho más que eso: es la constancia de que la Dirección de Comercio e Inspección General de la Ciudad de Mendoza cajoneó un pedido de intervención en el mismo prostíbulo por parte del Ministerio de Justicia de la Nación efectuado el 23 de abril de 2012. El trámite llegó a ingresarse al sistema informático municipal bajo número 1045.

No obstante, no es ese el único “parate” por parte de la Justicia. Jamás se llamó a declarar a los funcionarios de la Municipalidad que ostentan responsabilidad por lo sucedido. Cuquejo, el inspector que hoy purga prisión, supo responder a Carlos De Pasquale, director de Comercio e Inspección General, el organismo que cajoneó el documento presentado por este diario.

No se trata de cualquier funcionario, sino del cuñado de Víctor Fayad, intendente de Mendoza. ¿Será ese parentesco el que detuvo toda la investigación judicial?

Es algo que debería responder el juez Federal Bento, pero que hoy prefiere el silencio más sintomático ante la consulta periodística. Lo mismo le cabe al fiscal Fernando Alcaráz. Ambos desistieron de responder ante el requerimiento de MDZ. Lo único que trascendió a este diario es la supuesta intención de Bento de elevar el expediente a juicio oral, algo que no puede confirmarse al no tenerse acceso a la causa judicial.

Cabe recordar que el propio Alcaráz reconoció en junio del año pasado la falta de rapidez en el avance de la causa. No obstante, lo justificó: “No hay que alertarse, ya que hubo feria judicial obligada por la Corte porque estaban implementando un nuevo sistema informático”.

¿Qué dirá ahora el joven funcionario judicial, a ocho meses de esas palabras? ¿Cómo justificar el parate actual?

La fuente judicial antes mencionada, no es para nada optimista a ese respecto: "El único impulso posible es el que pueda darse desde la UIF (Unidad de Información Financiera), que se presentó como querellante en ese expediente en diciembre pasado. No queda otra".


Los sonidos del silencio

“No hay ovejas descarriadas cuando hay responsabilidades políticas”, dijo oportunamente a este medio Dugar Chapel, titular del Sindicato de Empleados Municipales de la Capital. Y agregó lo obvio: “Cuquejo llegaba de forma directa a De Pasquale”. Como se dijo, se trata del cuñado del intendente capitalino.

“Fayad maneja todo personalmente, imposible que desconociera lo del prostíbulo VIP. Él mismo se encargó de que no se cumpliera la ordenanza que prohíbe la trata de personas”, puntualizó Chapel.

Las mismas sospechas y señalamientos se hacen carne en la figura de Guillermo Mosso, concejal capitalino por el PD, quien se presentó en el mismo expediente bajo la figura de “querellante ofendido por el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, basando su participación en la causa gracias a la ley de Municipalidades en materia de control.

Mosso asegura que agotó los caminos reglamentarios —pedidos de informes desde el Concejo Deliberante— para acceder a la información sobre la Dirección de Comercio e Inspección General. “Estas cosas no se realizan solitariamente. Por eso debe investigarse a fondo si no hay más implicados y si existen ramificaciones y/o conexiones con otros agentes públicos respecto del delito que se investiga”, explicó oportunamente a este diario el edil.


Concluyendo

En unas pocas semanas, se cumplirá un año del allanamiento al prostíbulo Pyme Vip. Como puede verse, nada avanzó en lo judicial y todo promete quedar en la nada.

Los únicos avances que se han dado son los que ocurren en la Cámara Federal, tribunal que analiza los planteos de las defensas de los imputados en el expediente ad hoc.

Mientras tanto, la intempestiva realidad obliga a la ciudadanía a enfocar sus preocupaciones en otras direcciones. La inseguridad, la inflación y la esquiva economía, llevan a olvidar un hecho que parece más lejano de lo que es.

En estos casos, es la Justicia la que debe trabajar para preservar la memoria en pos de luchar contra la impunidad del olvido. ¿Por qué no ocurre en esta oportunidad? ¿Se elevará el expediente a juicio oral como jura Bento?

Tal vez la explicación sea tan simple como la célebre frase de Anacardis: “La ley es una telaraña que detiene a las moscas y deja pasar a los pájaros”.