Testimonio en primera persona de una venta con mal olor

El relato que a continuación desarrollamos, no pretende reemplazar a una denuncia, pues es en el ámbito de la Justicia, y así lo hemos hecho, donde debe resolverse el conflicto que explicaremos. Pero sí, por su contenido político, en el mejor sentido de relación entre las necesidades del pueblo argentino, las medidas implementadas por el gobierno nacional y sus supuestos representantes, es que hemos decido hacer llegar a los comunicadores nuestra vivencia.

En el mes de marzo de 2012, adquirimos un lote en el III Barrio Petroleo y Gas Privado, ubicado en Acceso Sur y Zapiola, distrito Mayor Drummond, del Departamento de Lujan de Cuyo. Dicho inmueble pertenecía a un loteo sobre el cual dicho sindicato planificó una operatoria con el Instituto Provincial de la Vivienda, aproximadamente en los años 2000 y 2001, que finalmente no se concretó o concretó a medias. El caso es que algunos adjudicatarios de esos lotes vendieron los mismos y nosotros somos compradores de uno de ellos.

La operación de compra-venta del lote en cuestión se encuentra avalada con la firma del escribano del Sindicato Petróleo y Gas Privado de Cuyo y consta la firma de su secretario general, señor Juan Dante González. Siempre se nos informó, desde un primer momento (antes de concretar la operación), que las posibilidades para construir sobre el lote eran dos: mediante una empresa privada que estaba construyendo casas en el loteo o bien por nuestra cuenta, lo que quedaba claro es que para una u otra opción en “breve” se nos escrituraría el mismo.

Al acercarnos al sindicato ubicado en calle Saavedra 128 de San José, Guaymallén, se nos informó que debíamos contactarnos con el secretario general, Dante González, ya que era la única persona que manejaba el tema de ese loteo. Como bien es sabido, el señor González es diputado nacional en actual ejercicio, por lo cual nos fue muy difícil ubicarlo en la provincia de Mendoza.

Aprovechando este tiempo decidimos preguntar en la empresa constructora Carreras y Gutiérrez SA, cuyo número telefónico se encontraba en un cartel en el loteo, anunciando “Venta de casas – Tel. 4263676”. Así nos contactamos con esa constructora, y al comentar que nosotros “ya contábamos con el terreno”, el Arq. Francisco Carreras se sorprendió y nos informó que en ese caso deberíamos comunicarnos con el señor David Castro, anterior secretario general del sindicato (antecesor de González). A pesar de que ya comenzábamos a inquietarnos y a no comprender bien la situación, decidimos ubicar al Sr. Castro. Este, al hacerle saber que ya teníamos el terreno nos dijo que tenía que tasar el mismo y reconocerían su valor si comprábamos una casa de la constructora privada. Luego de varios días no confirmó el valor a reconocer por el lote, que correspondía a un 30% del valor que habíamos pagados sólo dos meses antes. Por otro lado, nos derivaba a otra escribanía, diferente a la del sindicato. Realmente, no entendíamos el rol de Castro, y advertíamos claramente un doble discurso e injerencia de González y Castro sobre nuestro lote.

A esta altura del año, mayo de 2012, se anunciaba el lanzamiento nacional del plan de viviendas PROCREAR, buena noticia para tantos argentinos que deseamos concretar el postergado derecho de la casa propia. Dadas las características y los requisitos del plan, vimos oportuno y pertinente a nuestras aspiraciones y posibilidades anotarnos para el sorteo de setiembre de 2012.

Llamativamente, cuando esbozamos esta posibilidad a las personas mencionadas anteriormente, protagonistas de nuestra tratativa de escriturar y construir sobre el lote adquirido, nos desalentaron, o la menos intentaron persuadirnos de la no inscripción en el plan lanzado por el gobierno nacional. En el caso de la empresario constructora y el Sr. Castro, diciéndonos que “nunca se concretaría” el anuncio del gobierno, y en el del diputado González, afirmando que PROCEAR “ya había finalizado”, cuando aún no se había realizado el primer sorteo.

Haciendo caso omiso a estos intentos de desánimo y convencidos de estar ejerciendo nuestro derechos como ciudadanos, nos inscribimos al sorteo de PROCEAR del 21 de setiembre de 2012. Pensábamos que la suerte nos había acompañado, ya que salimos favorecidos en esa instancia y se nos dio la fecha del 3 de diciembre de ese mismo año para presentar la documentación correspondiente, entre ella, la “escritura” del terreno.

Así fue como nuevamente y por medio de la escribanía del sindicato solicitamos al diputado Dante González que necesitábamos la escritura para la fecha mencionada. En todo momento, la escribanía nos trasmitió la palabra y compromiso de González de tener firmada la escritura para ese día, ya que el terreno era nuestro y teníamos el derecho de construir bajo ese plan. Sin embargo, ya faltando pocos días para cumplirse el plazo de presentación perdimos contacto con González, el teléfono celular que teníamos no fue nunca más atendido, su secretaria del sindicato no supo decirnos nada de cómo y cuándo encontrarlo, por lo cual, ya faltando muy pocos días para la presentación de la documentación, decidimos enviar una carta documento solicitando respuesta a nuestra solicitud. Esta nunca fue contestada y en consecuencia concurrimos a presentarnos al Banco Hipotecario sin la necesaria escritura. Aunque nos dieron 90 días de plazo para su presentación, fueron en vano todos nuestros intentos de contactar al diputado González. Finalmente, ante tal decepcionante panorama, tomamos la decisión de iniciar la correspondiente denuncia judicial que ha llevado a un proceso que al día de hoy continua y que estamos convencido que se resolverá favorablemente, sin embargo, los tiempos de la Justicia no son correlato de nuestra imperiosa necesidad de vivienda.

Lo verdaderamente llamativo es lo sucedido a partir de inmediatamente concretada denuncia judicial:

• En aproximadamente una semana de iniciado nuestro reclamo formal, la empresa constructora procedió al “cierre perimetral y total” del loteo imposibilitando el acceso a todo terreno del barrio que habíamos observado como libre.

• Se comenzaron a construir los cimientos de las casas que ofrece la empresa en todos los lotes que se encontraban libres.

• La denominación original del barrio, Petroleros y Gas Privado de Cuyo, pasó a denominarse Altos de Drummond, como puede leerse en el cartel que se colocó en su entrada.

• En la supuesta administración del loteo se colocó el anuncio de que el mismo es financiado por IVE (Instituto de Vivienda Del Ejercito) https://www.ive.gov.ar/

• Por dichos del escribano del sindicato, Juan Carlos Meca, se acentuó la interna entre los candidatos a la conducción del gremio Dante González y David Castro, que como es de público conocimiento finalizó en el cruce de denuncias sobre la irregular elección de autoridades en el mes de octubre del corriente año.

Esta nota, como anteriormente hemos manifestado, no pretende reclamar sobre el inmueble, ya que es función de la Justicia resolver sobre el asunto, sino poner de manifiesto nuestra experiencia, que deja planteadas muchas preguntas sobre el comportamiento de entidades y funcionarios que supuestamente velan por los necesidades del pueblo.

• ¿Cómo es posible que un sindicato cuya conducción ha estado bajo un diputado nacional oficialista obstruya, desanime y niegue a la participación genuina en un plan nacional de vivienda ya icónico para el gobierno nacional?

• ¿A qué se debe que sobre una operatoria de viviendas no concretada por el sindicato existan “dos voces” y administraciones (la de González y Castro) sobre el destino de los terrenos no ocupados del loteo? -por otro lado, públicamente opuestas y en disputa-

• ¿Cómo se puede explicar el repentino cambio de nombre del barrio y la aparición de una nueva asociación (Instituto de Vivienda del Ejército ) que financia casas ofertadas por una empresa privada?

• Y sobre todo... ¿Cuál es el motivo de tanto silencio a nuestros insistentes reclamos?

Seguramente, estos y más interrogantes podrían motivar un investigación sobre la gestión pública y la ética de sus funcionarios. Hemos solicitado una nueva entrevista con los responsables del programa PROCREAR en nuestra provincia y la misma tuvo lugar el lunes 17 de noviembre y a la cual asistimos, obviamente, sin la pendiente escritura, indispensable para acceder a nuestro derecho de poder construir con el fruto de nuestro trabajo la vivienda que todo ciudadano merece.

Nuestra explicación sólo pudo ser una: “Que una asociación gremial, conducida por un legislador nacional, supuestamente identificado con 'la gente', aún continúa negándose a estampar su firma en la escritura que nos corresponde, impidiéndonos así, acceder a uno de los más importantes beneficios de la política nacional en los últimos años”.

Desde ya, agradecemos su interés y atención. Saludos cordiales.

Arturo Tascheret (DNI 16.963.155) y Laura López (DNI 18.606.449), músicos y docentes