Caso Luciana: la responsabilidad policial
En la cadena de responsabilidades administrativas por la muerte de Luciana Rodríguez (3) hay dos líneas investigativas en el expediente. Una de ellas la actuación de los funcionarios de la Dirección de Infancia y Niñez (Dinaf), y la otra, poco profundizada, es cómo trabajaron los auxiliares de Justicia que se desempeñan en la Unidad Tercera de Capital.
Ambas intervenciones tiene conexión. Fue desde la policía donde se comunicaron con el Organismo Administrativo Local (OAL) la tarde del 31 de diciembre, cuando José Medina llevó a la pequeña hasta la unidad para informar las condiciones en las que se encontraba. Finalmente fue restituida a su madre, Rita Evelyn Rodríguez.
El dilema más grande que no encuentra respuesta en la serie de pruebas documentales es si se informó o no al operador de turno de OAL, la situación de maltrato y abandono, que si se advirtió en la llamada al 911, lo que aportó el cuidacoches con su testimonio al llevarla a la comisaría y lo que comunicaron los preventores de Capital que se constituyeron en el domicilio de Luciana.
Lo que no aparece en la investigación documental es un aviso a la Fiscalía ante el posible delito, habiendo una puerta de distancia, dado que ambos organismos funcionan en el mismo edificio.
“La menor tiene algunos golpes en la cara y el cuerpo. Según manifiesta, la madre se fue con un changuito con un hermanito. Habla muy poco”.
De esta manera se dio el alerta a las fuerzas policiales por parte de los preventores (policía municipal) que informaron por radio al 911 desde la calle Entre Ríos 358, donde vivía la familia el 31 de diciembre. Dieron cuenta así de que Luciana tenía signos de estar golpeada, sumado a la información brindada por Medina.
El cuidacoches había logrado rescartarla, sacándola por el gabinete del gas, donde la propia criatura le había pedido ayuda y comida.
La aparente omisión de dar cuenta de los golpes y manchas de sangre que tenía la pequeña Luciana en la cabeza, que son referidas por Medina y los preventores, no habría sido informado a OAL. Cabe destacar que los propios funcionarios de la DINAF manifestaron que no conocían la situación de riesgo de la menor.
No obstante al aviso que dio Medina y los preventores, se le suma una nueva advertencia, la de otro testigo.
Se trata de Maximiliano Noguera, otro cuidacoches, que al día siguiente quiso radicar la denuncia de las condiciones inhumanas en las que era tratada Luciana y no quisieron tomarla en la misma comisaría “por tratarse de un delito de instancia privada”, así le dijeron.
Noguera relató que el 30 de enero había estado en la casa de Jorge Orellano, quien lo había invitado a tomar una cerveza y a quedarse a dormir.
En esa oportunidad fue testigo ocular de cómo Orellano golpeaba brutalmente a la criatura por el sólo hecho de no haberse ido a dormir. Al quedar consternado por la situación se fue a su casa. Pero no tardó en no callarse y pedir auxilio a la Policía.
La responsabilidad
Altas fuentes ligadas a la investigación encuentran una responsabilidad policial no sólo por omitir dar parte a la Fiscalía frente al posible delito, sino no asistir a la víctima.
“En todo el expediente no hay un sólo indicador de que un policía fuera a la casa de Luciana, fueron los preventores de Capital, pero no ellos pese que estaban a unas cuadras”, dispararon.
Por otro lado, en su calidad de garante de la protección ciudadana “las fuerzas de seguridad tenían en la obligación de denunciar”.
Si bien la Fiscalía de Delitos Complejos ya imputó a un grupo de funcionarios de la DINAF, está línea espera ser revisada para determinar la posible actuación negligente por parte de los auxiliares de Justicia.