¿Qué harán los docentes este miércoles que no habrá clases?

El 22 de agosto último, en una escuela rural situada a 21 kilómetros de la ciudad de San Rafael, una alumna fue al baño y desde allí llamó a su madre, quien concurrió al colegio, alarmada por un supuesto robo de una pulsera a docente. Esa mujer –enfurecida por la situación- golpeó a una maestra y a la directora de la institución. Ambas docentes agredidas fueron internadas en el hospital Schestakow de San Rafael y no hubo clases al día siguiente. De las dos, una padecía un problema de circulación y los médicos atendieron con cuidado ese caso. Por este hecho, al día siguiente del hecho violento, los vecinos por Internet organizaron una marcha por el kilómetro cero de San Rafael.

Los profesores de secundarios y primarias que concurran a las jornadas del próximo miércoles se enterarán de qué hacer ante una situación de este tipo: primero tendrán que esforzarse para no responder con otra agresión; segundo, llevar la escena de violencia lejos de la presencia de estudiantes y cerca de personas que puedan contenerla (para que el agresor no actúe con plena libertad); un compañero cerca de la escena debería brindar auxilio, atención inmediata y llamar a la emergencia médica. También se deberá registrar lo acontecido en actas, comunicar a las autoridades correspondientes y realizar la denuncia a la justicia y a los organismos correspondientes.

De casos como éste se hablará mañana en las escuelas públicas y privadas de Mendoza, en una nueva jornada de docentes que cae justo en época de repaso para el segundo trimestral, que con la suspensión de clases prevista para el próximo lunes –por la elección  de los miembros de la juntas calificadoras y disciplinas, que son los que luego actúan cuando se definen los bonos de puntaje para dar clases, entre otras funciones- complican la preparación de alumnos para los segundos exámenes trimestrales del ciclo lectivo 2013.

“Son plazos legales y nosotros tenemos que adecuarnos a ellos porque las fechas no se imponen  unilateralmente. La jornada del miércoles se había definido hace dos o tres semanas (porque eso se hace con tiempo). Y pusimos como día de semana el miércoles para que así fuera antes del inicio de los trimestrales.  Como esta norma, para nosotros, es muy importante, no podíamos esperar a que pasaran los trimestrales”, explicó Livia Sandez, subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas.

Las jornadas son días de clases sin alumnos y en cada escuela, los docentes aprovechan para reunirse y escuchar directivas de la DGE, a través de los directores y equipos de trabajadores sociales y psicopedagogas. Allí es cuando se enteran –por ejemplo- cuántos alumnos pasaron de nivel, qué contenidos en cada materia se necesita fortalecer más, qué problemas de aprendizaje y de comportamientos –y también de violencia- existen en cada aula y qué planes tiene la DGE y la escuela respectiva para mejorar la calidad de aprendizaje, según la época del año en que estas reuniones se lleven a cabo.

En las jornadas, en general, los docentes -en general- trabajan más que en un día de clases, porque en vez de ir a la escuela para dar medio módulo, módulo o módulo y medio, por ejemplo, deberán en esta reunión permanecer unas cuatro horas. No así el profesor que trabaja más de cuatro horas cátedra (ya sea en una misma escuela o en varias), que además se evita de viajar de un establecimiento a otro y que durante la jornada sólo trabajará cuatro horas, aunque le toque más si fuera un día más de clases.

En el caso del miércoles, el tema a abordar será el “Protocolo de Procedimiento ante Situaciones Emergentes”, el manual de qué hacer ante una situación de violencia en la escuela.

La máxima responsable de la planificación de contenidos de la DGE explicó que el objetivo general del protocolo es que sea un instrumento que genere condiciones “que garantice un clima escolar adecuado para que los chicos aprendan más y mejor”.

“La idea es generar las condiciones adentro de las instituciones para profundizar este Protocolo, que ya lo venimos trabajando desde hace meses, que también fue tratado por el Consejo de la Educación y del que hicieron aportes con las subsecretarías del área de la Salud, Desarrollo Social y con los responsables del área de la Justicia, entre otros. El miércoles vamos a generar el espacio institucional para que todos los docentes analicen y profundicen esta propuesta y puedan brindar aportes de acuerdo a sus experiencias institucionales”, comentó.

En qué consiste

El protocolo tiene una primera parte de introducción, una segunda parte con los fundamentos y después describe sistemáticamente procedimientos de intervención en nueve categorías. Por ejemplo,  uno es referido a situaciones de violencia en el interior de las escuelas: ese se subdivide en diez puntos, en el que está el acoso, el ciberacoso, situaciones de violencia de un alumno con otro –como el caso sucedido con la alumna discriminada en la escuela Patricias Mendocinas- , episodios de violencia de afuera de la institución a un miembro adentro de la institución y de miembros del personal de la institución hacia estudiantes.

Cada uno de ellos brinda la descripción de la situación, una sugerencia sobre cómo actuar y después está determinado (punto por punto) los pasos que hay que dar ante la problemática planteada.

Sobre el caso de la profesora y directora de colegio agredidas en el distrito sanrafaelino de Las Malvinas, Livia Sandez dijo que el gobierno escolar  “ha intervenido en forma inmediata”, además indicó que “estamos a acompañando a la directora y a la escuela, también a través de nuestros equipos y creemos que lo de San Rafael convoca más a seguir buscando a que se apruebe el proyecto de ley presentado por la señora Volmer y el gobernador, donde solicitamos el cambio del Código de Faltas”.

En este último punto, la funcionaria se refiere a la iniciativa de modificar el artículo 43 de la ley Nº 3365, Código de Faltas de la Provincia de Mendoza,- con la siguiente normativa: “El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa con burlas, mofas, palabras, señas o actos a un funcionario público en razón de su cargo y siempre que el hecho no constituya delito, será castigado con arresto hasta tres (3) días o con multa hasta trescientos (300) pesos”.

Si el ofendido fuere miembro de los Poderes Ejecutivos, Legislativo o Judicial, nacionales o provinciales, del Tribunal de Cuentas o representantes del cuerpo diplomático o consular nacional o extranjero de un Estado amigo, o personal docente o no docente con desempeño en establecimientos educativos públicos de gestión estatal o privada, la pena podrá ser aumentada hasta treinta (30) días de arresto y la multa hasta tres mil  (3000) pesos”.

En estas horas, el Protocolo está en manos de los directores de establecimientos escolares y serán dados a conocer por el portal de la DGE.

Sin clases tampoco el lunes

Además de este miércoles, el lunes 2 de septiembre no habrá clases porque los profesores deberán asistir, entre las 9 y las 18 horas.

A los profesores que ese día no voten se les descontará del sueldo.