San Felipe: pertenecer tiene sus privilegios
Esta semana se conoció la novedad de que la Justicia chilena autorizó la extradición del ex juez federal mendocino Otilio Romano en el marco de una investigación que lo complica en delitos de lesa humanidad.
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A partir de allí, dará comienzo un nuevo capítulo en la vida del polémico juez. Será luego de su ingreso al módulo 6 de la cárcel de San Felipe, donde existe una diferencia sustancial entre aquellos que purgan condenas por delitos comunes y los que aparecen vinculados a cuestiones de lesa humanidad.
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Ello fue refrendado por dos fuentes que conocen a fondo la complejidad carcelaria, especialmente la mendocina. Ninguno de ellos quiso hablar con el grabador prendido por temor a sufrir represalias posteriores que dificultarían su desempeño en las unidades penitenciarias.
“No es nada nuevo, todos saben lo que pasa en San Felipe y otros establecimientos. Lamentablemente, está admitida ya esa realidad. Es así”, insisten.
¿Cuál es esa realidad? Es la que viven aquellos que hoy están presos por delitos de lesa humanidad, donde pueden ser visitados por sus familiares fuera del horario de rigor y tienen beneficios que llegan al punto de poder contar con teléfonos celulares personales.
“Ellos comen mejor que otros presos, tienen privilegios que no figuran ni en los sueños de los presos comunes”, admitió uno de los abogados consultados para esta nota. Y agregó: "Los penitenciarios los tratan con reverencia, a veces parece incluso que los represores son sus superiores. Parece una cuestión de complejo de inferioridad, pero es mucho más. Es la esencia de compartir el desprecio por los derechos humanos de los presos comunes".
No es una situación que se viva solo en San Felipe. En otras cárceles del país donde están presos aquellos que violaron los derechos humanos sucede lo mismo. “Para los presos comunes están las requisas a las tres de la mañana, los sacan a los golpes, a los cachetazos”, asegura Andrea Casamento, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, quien pone el foco en las prisiones mendocinas.
La mujer suele puntualizar la cruda diferencia que existe entre el estilo de vida que ostentan los condenados por delitos de lesa humanidad respecto de los criminales comunes. Casameno suele decir una gran verdad: en casi todas las cárceles del Servicio Penitenciario Federal ocurre lo mismo que en Mendoza.
El abogado especialista en derechos humanos, Diego Lavado, refrenda la misma idea: “Los que violaron derechos humanos viven en mejores condiciones, de servicio, de limpieza,etcétera”.
El letrado se refiere al tristemente célebre módulo 6 de San Felipe, el cual está “claramente apartado, en el medio, rodeado; separado de todo”.
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También están presos allí Aldo Patrocinio Bruno Pérez, jefe del ex centro de detención D2 en 1978; Ricardo Miranda, comisario de la policía provincial y jefe del D2 desde el 1º de diciembre de 1977; Juan Antonio Garibotte, que perteneció al D2 desde el 15 de diciembre de 1976 hasta octubre del 78; y Armando Fernández, comisario inspector perteneciente al D2 y señalado como enlace entre la Policía y el Ejército.
Todos ellos fueron condenados en marzo de este año y viven una realidad que está visiblemente alejada de la que les toca en suerte a los presos comunes. Salvo la posibilidad de salir a la calle, no hay comodidad que no ostenten estos "recluidos de lujo".
Torturas, mentiras y videos
A principios de febrero de 2011, se conocieron elocuentes videos en los cuales se vio cómo presos alojados en San Felipe eran sometidos a torturas por parte de uniformados de esa unidad.
El abogado Diego Lavado reveló entonces que las imágenes fueron tomadas con "un teléfono celular de un agente penitenciario" y habría sido hallado "en las cercanías de la penitenciaría".
“En uno de los videos se ve a penitenciarios que golpean a un preso y hay otro donde se ve como golpean a un menor adulto (de entre 18 y 21 años), siempre en el Complejo San Felipe", sostuvo.
El caso rápidamente cobró relevancia y llegó a los medios de prensa, provocando la consecuente condena social.
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La ya mencionada Andrea Casamento fue más dura aún: “Lo que se vio en los videos de torturados en Mendoza pasa a diario en cualquier cárcel del Servicio Penitenciario Federal".
El tiempo pasó, pero nada cambió: el maltrato, en mayor o menor nivel, sigue existiendo en las cárceles y las desigualdades del trato a presos comunes y aquellos denunciados por violar derechos humanos, es cada vez más significativa.
“El preso común vive lo que vive el preso común: las requisas a las tres de la mañana y los despiertan a los golpes, a los cachetazos; los desnudan a todos y los hacen ir corriendo hasta el fondo y el último que llega va a comerse una cagada a palos y va a quedar morado, les van a mezclar la yerba con el jabón en polvo, les van a poner sanciones arbitrarias, van a ir a trabajar cuando ellos quieran sacarte a trabajar”, asegura Casamento.
En contraposición, a aquellos que violaron los derechos humanos “los dejan pasar cualquier comida a los familiares, tienen sábanas limpias, en las requisas no les pegan”.
Esa es la vida que le espera a Otilio Romano. Es parte de la delgada línea que separa dos mundos que parecen irreconciliables: el del paraíso y el infierno.