La sorprendente historia del cura Julio Grassi

Ayer, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ratificó la condena contra el sacerdote Julio César Grassi .

Grassi había sido sentenciado a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores. El máximo tribunal de la provincia rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa del cura y confirmó la condena dispuesta por el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón.

La sentencia, informada por la Corte en un comunicado, fue resuelta con los votos de los ministros Luis Genoud, Héctor Negri, Juan Carlos Hitters y Daniel Fernando Soria.

Ello obliga a repasar quién es Grassi, cuál es su historia y por qué está tan complicado en la Justicia. A continuación, la historia secreta del cura del poder.

El principio fue el verbo

Aunque Julio Grassi empezó a hacerse popular a principios de los años 90, hablando contra el avance de las sectas en diferentes programas de televisión, su primer gran logro personal fue la designación que obtuvo de la mano de Juan Carlos Rousselot de la dirección del Centro Familiar Morón (CEFAM), a partir de lo cual comenzó a estrechar lazos con el menemismo.

En 1993, Carlos Menem —entonces Presidente— dio la sugestiva orden a Domingo Cavallo —ministro de Economía— de que se le otorgara un millonario subsidio: ni más ni menos que 5 millones de dólares (!) a través de dos partidas presupuestarias. En esos mismos días, Grassi recibiría del gobierno menemista 65 hectáreas del desmantelado Instituto Nacional Forestal para construir su conocida fundación.

Sin tener nada que envidiar a los popes de la política argentina de estos días, el padre Julio Grassi ha sabido hacerse conocer a través de fuertes campañas de difusión de sus propias obras.

Eso sí, tratando de no dejar trascender demasiado algunos datos que permitieron tal epopeya.

La publicación El diario de Morón a mediados de 2001 —mucho antes de que comenzara la denuncia contra Grassi— ha contado parte de la oscura historia de expansión del sacerdote en Hurlingham de la siguiente manera:

 “El padre Grassi pretendió expandir su terreno en el barrio 2 de abril en los suburbios de Hurlingham. Su intromisión en el ex asentamiento llevó al cierre del comedor infantil que funcionaba en la sede de la junta vecinal.. Vació algunos colegios de la zona con su política de captación de niños prometiéndoles mejoras alimenticias y mayor infraestructura con tal de que se pasaran al colegio que el cura maneja en el predio de la fundación “Felices los Niños”. Las personas que trabajan para él golpearon a dos mujeres por no estar de acuerdo con la instalación de una iglesia en la sede de la junta vecinal. Todo esto, según varios vecinos entrevistados, para aumentar el subsidio que el Estado le da por cada chico que contiene la fundación que Grassi maneja.

‘Como no lo dejamos poner una iglesia en el lugar que funcionaba nuestra junta vecinal, la gente que trabaja para él nos agredió verbalmente y nos pegó’, cuenta Clarisa Gigena, vecina e integrante de la anterior comisión de vecinos.

(Por otro lado) una vecina que lleva a sus hijos al comedor de Grassi, denunció la discriminación que en el establecimiento sucede: ‘discriminan a los chicos, los que no son católicos no pueden comer dentro del comedor del padre Grassi. Aquellos que son de otra religión o que son de algún partido de izquierda tampoco pueden comer en el comedor’”.

Grassi ha sabido codearse con gente muy importante de la política vernácula y ese no es un dato menor a la hora de entender tanto crecimiento. Con la retirada del menemismo del poder, el sacerdote tejió vínculos con algunos aliancistas como Aníbal Ibarra y Cecilia Felgueras, quienes pasaron las pascuas en su fundación en plena campaña electoral porteña. Poco después, frente a la falta de respuestas económicas por parte del gobierno de De La Rúa, Grassi supo obtener un nuevo benefactor monetario: el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf.

Uno de sus últimos logros fue que Juan Pablo Cafiero le restituyera un subsidio que le había cortado Graciela Fernández Meijide, el cuan ascendía a 200.000 pesos.

Pero no sólo del erario público supo sacar provecho el mediático sacerdote: Wenceslao Bunge, ex vocero del desaparecido Alfredo Yabrán, admitió oportunamente a este cronista que el empresario postal “realizó aportes en efectivo (a Grassi) y, si no me equivoco, donó algún vehículo y materiales para edificación”.

Esto demostraría la falta de escrúpulos ostentada por Julio Grassi, ya que estaba recibiendo dinero de un empresario acusado de lavado de dinero, tráfico de estupefacientes y —en los últimos tiempos— del asesinato del reportero José Luis Cabezas.

Toda una paradoja: por un lado el cura recibió dinero de Alfredo Yabrán y por el otro, de su archienemigo, Domingo Cavallo.

Abogados del diablo

En estas horas, Grassi enfrenta una dura acusación judicial en el marco de la condena que le aplicó la Justicia por corrupción de menores. Por violar la prisión domiciliaria que le había sido concedida en su momento, la Cámara en lo Penal de Morón ordenó su detención, aunque la medida recién se hará efectiva una vez que quede firme.

El sacerdote insiste en decir que es inocente, pero todo indica lo contrario. Ni siquiera la gran cantidad de abogados que lo defienden han logrado torcer la voluntad de la Justicia. No se trata de letrados comunes y corrientes. A saber:

-Julio Virgolini: supo ser abogado de Alfredo Yabrán, Enrique Piana y Adelina De Viola, entre otros.

-Jorge Sandro: abogado de Gregorio Ríos (condenado por el tema Cabezas), Alberto Kohan y Jorge Domínguez.

-Miguel Angel Pierri: abogado de “El Gordo” Valor, Irineo Leal (policía acusado por el tema AMIA) y algunos integrantes de la barra brava de Boca.

-Luis Moreno Ocampo: abogado de Domingo Cavallo, Nicolás Becerra y Diego Maradona.

Lo extraño del asunto es que los onerosos honorarios de estos estudios (Moreno Ocampo cobra U$S 100 la hora) son pagados por un grupo de grandes empresarios, contribuyentes de la fundación “Felices los niños”, que no quieren que trasciendan públicamente sus nombres y que han establecido, como objetivo inmediato, la liberación del cura Grassi mientras se sustancia el juicio.

Según palabras del ex vocero Bunge, parte de la contribución estaría siendo llevada a cabo por la familia Yabrán. Justamente lo que corresponde a los honorarios del abogado Jorge Sandro, el ex defensor del acusado directo de ordenar el asesinato de José Luis Cabezas.

Para intentar liberar a Grassi, los letrados no han dudado en “embarrar la cancha”, presentando una catarata de recursos e impugnaciones contra el juez y el fiscal de la causa y contra el fiscal general de Morón.

No les sirvió de nada: el sacerdote sigue bajo la picota de la Justicia y el poder político —en manos del kirchnerismo—, por primera vez no le responde.