Atrapadas en el conflicto por las usurpaciones en Maipú
Unas 30 familias en el loteo donde se han producido usurpaciones que involucran a un concejal de Godoy de Cruz y al mismo municipio de Maipú piden no ser tratados al mismo nivel de los usurpadores.
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Se trata de los vecinos que hace unos años formaron la Cooperativa de Vivienda La Libélula y que en forma particular, uno a uno, iniciaron los procesos de compra de los lotes a la Asociación de Amas de Casa Cuyanas.
Y la preocupación de estos vecinos es la forma en la que fueron considerados por la Justicia que a través de la Unidad Fiscal número 5 fueron imputados, al igual que los usurpadores, en la investigación que lleva adelante Juan Gabriel Tichelli.
Según la representación legal de Gustavo Álvarez, titular de la Asociación Amas de Casal Cuyanas, “la Justicia lo que está haciendo está bien. Está citando a todos los moradores del loteo y después comenzará a analizar caso por caso para ver quién tiene derechos sobre algunos lotes y otros no”.
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“Tenemos miedo porque nos citaron y nos pintaron los dedos. No sabemos porqué somos tratados como delincuentes. Tenemos los contratos de compra venta de los lotes. Algunos han terminado de pagar, otros han saldado hasta la mitad de la deuda y otros dejaron de pagar por la misma instrucción de Álvarez, quien no quiere ahora a algunos de quienes en un principio decidieron adquirir lotes”, manifestó Carmona.
La adquisición de los lotes de estas 30 familias “inició hace unos dos años. Cada uno de los lotes costó en su momento seis mil pesos. Lo pactado fue pagar 15 cuotas de 500 pesos”, manifestó la mujer.
Según Carmona, “Álvarez nos atendía por esos días en que gestionábamos la compra de los lotes en sus oficinas de calle Perú al 2.678 en Godoy Cruz. Después fuimos a realizar los contratos con la escribana Érika Samolenco en su oficina de calle 9 de Julio 3.013. Allí Álvarez decidió venderle sólo a un grupo y a otros no”, refirió.
Lorena Ávila apuntó que “yo en mi caso particular sólo pagué dos cuotas y cuando fui a hacer el contrato noté que a Álvarez la había molestado que me asesorara con un abogado y me dijo que no pagara más”, se quejó.
Y el grupo de las 30 familias llegaron al loteo “hace más de 10 años. Fue en calidad de ocupas”, reconoció Carmona.
Una ley para expropiar los lotes
En tanto, las mujeres revelaron que el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Omar Parisi, les aconsejó que presionaran en la Legislatura provincial para que avance el tratamiento de un proyecto para expropiar los terrenos en conflicto.
“Nosotras fuimos a hablar con Parisi el martes pasado y nos atendió muy bien. Allí les mostramos los contratos y la otra documentación tenemos en nuestro poder. Él estaba en conocimiento de las ventas de los lotes. Como el loteo tiene una deuda con el IPV nuestra situación se va a demorar un tiempo, nos dijo. También nos reconoció que Álvarez no debería haber vendido”, contó Carmona sobre la reunión en el IPV.
Asimismo Carmona contó que Parisi les aconsejo ir a la Casa de las Leyes “para pedir por la aprobación de un proyecto que él presentó para que se apruebe por ley la expropiación del terreno. Fuimos a la Legislatura y nos atendió el secretario de Alejandro Viadana”, detalló.
Respecto a la iniciativa de expropiación la representación legal de Álvarez contestó que “de ser cierta la existencia de un proyecto de ley presentado por el IPV para expropiar los terrenos de mi representada –por la asociación- estaríamos ante un avance del Estado sobre la propiedad privada, lo cual debería llevar a alertar a todos los ciudadanos sobre los riesgos de que existan funcionarios que habiendo colaborado en la usurpación, ante el avance de la Justicia, propongan este tipo de alternativas”, dijo Carolina Jacky.