Lesa humanidad: condenaron a represor por homicidio de joven militante

La Corte Suprema rechazó un recurso contra la sentencia por la cual se condenó al represor Roberto Martínez Dorr por el secuestro y torturas al joven militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Froilán Aguirre, de 17 años, durante la última dictadura cívico militar, indicaron esta mañana fuentes judiciales.

Los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay declararon “inadmisible” el recurso de queja planteado por la defensa del ex comisario Martínez Dorr contra la condena a diez años y seis meses de prisión que se le impuso por privación ilegítima de la libertad y tormentos
agravados, según informó Télam.

El represor, apodado "Morrongo" y detenido en 2008, fue condenado por la justicia federal de Santa Fe en abril 2010 por el tribunal, que analizó que "los motivos que lo llevaron a delinquir se relacionaron con un ánimo de destacarse en las funciones policiales que cumplía y con su afinidad ideológica con quienes
formaban parte del plan represivo en el que estuvo inserto".

En ese sentido los jueces apuntaron que esa "ambición" revela "una culpabilidad más intensa por ser más disvaliosos los sentimientos que decidieron su accionar ilícito" y añadieron que "valga como ejemplo, en ese contexto, la felicitación que consta en su legajo personal y que recibiera por su intervención en el rocedimiento realizado el día 6 de septiembre de l976" en que se secuestró al joven estudiante.

Durante el juicio oral el fiscal Martín Suárez Faisal pidió para Martínez Dorr la pena de 15 años de prisión por los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos agravados" al sostener que "formó parte de los grupos de tareas de la dictadura -"la tristemente célebre patota".

El represor actuó con la "criminal convicción de que la llamada lucha antisubversiva debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley". 

En el alegato de la querella Horacio Coutaz, secretario de Derechos Humanos de la provincia, dijo que el represor “fue parte, de manera voluntaria y convencida, del plan sistemático del terror y de la maquinaria estatal que concentró todo el poder para reprimir".

"Debe considerarse también las sistematicidad de las prácticas del imputado, todas las actuaciones llevadas a cabo para procurarse su impunidad y tenerse presente la edad de la víctima y su contextura física", agregó el abogado, según publicó Télam.