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Muchos derechos en la teoría, pocos en la práctica


“Es en forma de queja como entramos en el campo de lo justo y de lo injusto” Paul Ricoeur.

Vivimos en una temporalidad signada por la ambigüedad, la complejidad y el caos.

Individuos, familias, organizaciones,, estados,  estamos en balsas distintas en un mar de contradicciones , sin tener en claro hacia donde guiar nuestras fuerzas para poder salir del remolino de incertidumbre, miedo e indignación, que esta situación nos provoca.

Basta con mirar  y escuchar qué sucede a nuestro alrededor para vivir desconcertados: más integración y aceptación de las diferencias, más exclusión social, más horror a la violencia,  más trivialización de la delincuencia, más ricos globalizados,  más pobres localizados, más medios de comunicación masiva, más soledad  e incomunicación.

El Estado, no sólo es el principal promotor de estas dualidades, sino quien impulsa estas pseudodialécticas destinadas a crear mayor confusión en la ciudadanía.

Argentina es un país de avanzada  en el reconocimiento y defensa de los derechos individuales de las personas: Ley de igualdad de género, Ley de matrimonio igualitario, Ley de una muerte digna, etc.; pero , al mismo tiempo, es un país que no respeta ni se preocupa  en establecer políticas públicas que protejan los derechos básicos: seguridad,   salud ,  educación, vivienda y digno. Lo que conduce a crear en los ciudadanos sentimientos y pensamientos contrarios cuando en realidad ambas cosas, defensa de los derechos individuales y de los derechos sociales, no deben excluirse,  sino complementarse.  

Ni que hablar de los deberes. Parece que los deberes y obligaciones solo tienen una sola vía de reclamo y   exigencia : a los ciudadanos.

El Estado, se convierte en  una deidad , que solo tiene derechos a reclamar pero no obligaciones que cumplir. Tiene una mirada benévola, comprensiva, silenciosa, para las evasiones de sus propios deberes. Cree que basta con promulgar leyes, muchas de ellas de vital importancia y necesidad: “Cumplimos con un deber y una deuda que el estado tenía con la sociedad”, mostrarnos por cadena nacional la inauguración de obras, de “Implementación de políticas públicas”, etc. , para cumplir con sus “deberes” de estado. Deberes incumplidos, ya que la mayoría de estas acciones están vacías de contenido. Son simples hologramas  de  realidades ideales. Son burlas a nuestra inteligencia.

Basta con analizar y tratar alguna de las leyes que, con bombos y platillos, se han promulgado, para darnos cuenta que en la aplicación de las mismas, llega un punto en que nos encontramos con un precipicio, es decir, con  la imposibilidad de su real aplicación.

Ejemplo claro de ello, es el caso de la  Ley Nº 26.485  “Protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. ¿Dónde están los organismos estatales que deben cumplir con el Art.7 Inc. C, que determina que se “garantizará la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándole el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia”? Algunas  áreas gubernamentales encargadas de estas  problemáticas , cumplen con lo estipulado por la ley, pero en forma deficitaria, no por culpa de los profesionales que están a cargo, sino porque no tiene los suficientes recursos económicos y humanos   para dar respuestas inmediatas, o porque colocan en la direcciones a personal por compromisos políticos y no por sus conocimientos del tema y, peor aún, porque en muchos casos se desconoce la propia ley . Y   los programas de asistencia económica para la autovalimiento de la mujer (Art.10. Inc.3), las instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia (Art.10. Inc.6) ¿Dónde están, quiénes los implementan, dónde y quiénes manejan los recursos? Etc. etc.,  un sinfín de cuestiones concretas, que llevan a una mayor victimización de las personas.  Importantísima  Ley, un gran avance social, lástima que no se pueda aplicar como corresponde. Así luego de tres años de su promulgación, (11 de marzo de 2.009) , los ciudadanos reclaman en numerosas provincias la emergencia social en estos temas.

Volvemos a las dualidades, que describimos anteriormente. Con este accionar el gobierno,  está consiguiendo una doble actitud por parte de la ciudadanía :  una reacción  de la gente, que al sentirse humillada en su integridad, burlada en su buena fe e invisibilizada,  reacciona de manera desmedida, violenta, o   a un estado de descreimiento sobre hechos que no pueden cambiar, paralizando la voluntad  y   la acción. Entonces se produce la respuesta indiferente, no comprometida, el “no te metas”, el miedo a la defensa de derechos e  ideales, a la amenaza explícita o encubierta. Cualquiera de los dos comportamientos son  igualmente graves y desbastadores para el sostenimiento de la vida en democracia.

Gilles Lipovetsky (1.999) nos advierte:”Las malversaciones, injusticias y torpezas nunca desaparecerán: lo máximo que podemos hacer es limitar su extensión, reaccionar más inteligentemente, acelerar la velocidad de encendido de los contrafuegos. Si el progreso  moral tiene un sentido en la historia,  no está contenido solo en un mayor respeto de los derechos del hombre, sino en nuestra disposición de rectificar más deprisa lo intolerable: la ética “prudente” o la aptitud para ganar tiempo contra el mal y el dolor de los hombres. Deseamos que se trate  de una de las virtudes de futuro del crepúsculo  del deber”.  

No permitamos que silencien nuestras palabras, que nos impidan opinar libre y democráticamente, que podamos asumir la responsabilidad de nuestro propio destino, que vivamos con compromiso sin miedo, en definitiva defendamos nuestra libertad. 

Apelemos a nuestra conciencia ciudadana, cambiemos nuestra Ética de náufragos, por una Ética de dignidad.

Eliana C. Zizzias de Rosso. Abogada . Mediadora.
Elia Ana Bianchi Zizzias. Educadora.