La violencia laboral
Si nos proponen leer el siguiente texto:
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“De allí que mediante el presente convenio también persiguen profundizar:
(...) Una cultura de trabajo competente, honesto, austero y eficaz que materialice la organización y funcionamiento de una Administración Pública moderna y de calidad.
• Relaciones laborales armoniosas y de mutuo respeto, en un ambiente libre de violencia laboral y promotoras del principio de la no discriminación y de la igualdad de oportunidades y trato.
• El desarrollo y aplicación de modernos regímenes de carrera administrativa basados en el acceso, permanencia, capacitación y desarrollo en el empleo público organizados para asegurar la idoneidad y la igualdad de oportunidades, conforme al artículo 16º de la Constitución Nacional, y la profesionalización y dignificación laboral de los trabajadores, así como, cuando corresponda, de un régimen de contratación de personal no permanente acorde con esas orientaciones (...).”
Y nos preguntaran de dónde creemos que el mismo se originó, estamos seguras de que la mayoría responderíamos que de algún libro de ciencia ficción sobre un mundo ideal. Pero no, asombrosamente, el mismo es parte del Prologo del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL homologado por el decreto 214/06, durante la presidencia de Néstor KIRCHNER. (www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/fondo/docs/Decreto_214-2006.pdf)
Parece una burla de las tantas a las que nos estamos acostumbrando a escuchar o leer , ya que todos sabemos que la administración pública argentina es uno de los ámbitos laborales en donde se da con mayor impunidad la violencia laboral normalizada, habituada , silenciada y consentida, por sus integrantes.
El art. 124 del presente decreto define a la violencia laboral como:
“…. toda acción, omisión, segregación o exclusión realizada en forma reiterada por un agente que manifieste abuso de la autoridad que le confieren sus funciones, cargo o jerarquía, influencia o apariencia de influencia, que tenga por objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los derechos, la dignidad, de los trabajadores, de alterar su salud física y mental y/o comprometer su futuro laboral; o al consentimiento de dichas conductas en el personal a su cargo sin hacerlas cesar; pudiendo ser estas acciones de naturaleza sexual o moral, para beneficio propio o de un tercero, bajo las posibles formas de maltrato físico, psíquico o social, acoso u hostigamiento moral, acoso sexual, homofóbico o discriminación por género….”.
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Estamos frente a una realidad cotidiana, visible y perversa, ya que es el propio Estado, quien debería ser a través de sus agentes elegidos democráticamente, quien bregue por la aplicación de las normas, quien tiene la responsabilidad legal y social de proteger a sus ciudadanos, de mantener el orden, es quien viola , sistemáticamente, el Estado de Derecho con absoluto cinismo , sin temor a sanción alguna.
Ante dicha violencia político-burocrática. (Scialpi, 1999), las víctimas no encuentran un cauce apropiado, serio, seguro para presentar sus reclamos, ni menos aún legislación que los proteja. Esta situación los conduce a una anomia, a un estado de indefensión e impotencia aprendido, al silencio, al sometimiento por temor, por necesidad o a la renuncia , no sin antes haber sufrido, seguramente, patologías psíquicas y psicosomáticas serias.
Sólo conociendo los sufrimientos a los que son sometidas cientos de personas que trabajan en organismos estatales, se puede comprender la naturaleza de la violencia infringida y el sutil mecanismo de avasallamiento de los elementales derechos que se reconocen a los trabajadores y a su dignidad.
“Este desamparo aprendido, este trastorno de normalizar la violencia, de aceptar la traición y la arbitrariedad sistemática es observable especialmente en nuestra población trabajadora en todos los ámbitos. Pero es en la esfera pública donde el estado de confusión, y aun de terror , encarna el pecado mayúsculo de nuestra sociedad”( Diana Scialpi. Habituados a soportar la violencia www.lanacion.com.ar).
Resulta urgente plantearnos nuestro accionar ya que por acción u omisión, por miedo o indiferencia estamos convalidando y naturalizando la corrupción, el autoritarismo y la arbitrariedad en nuestras instituciones públicas.
Debemos tomar conciencia que dicha problemática, no solo afecta seriamente a los trabajadores del estado, sino también, al funcionamiento y buen desempeño de los organismos públicos, pero sobretodo al sistema democrático en general.
Eliana C. Zizzias de Rosso. Abogada Mediadora.
Elia Ana Bianchi Zizzias. Educadora.