A más de 6.700 estatales en estado concursal o quiebra ya no les pueden quitar el trabajo por un año
Un poco más de 6.700 empleados del Estado provincial, en su mayoría penitenciarios, policías, de la salud y otras reparticiones que están en estado concursal o quiebra pueden respirar tranquilos por un año luego de que fue sancionada con fuerza de ley la prórroga de la la norma 8.134 que buscaba dejarlos cesanteados.
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"Esto que hemos conseguido, con el apoyo de los diputados -de La Cámpora- Lucas Ilardo y Marina Femenía, es sólo un paliativo a algo totalmente injusto e inconstitucional. Ahora ya empezamos a trabajas por la derogación de la Ley 8.134. Además hemos conseguido que el Gobierno disponga de una oficina especial para que les explique a los compañeros el riesgo de decidir entrar en estado concursal, un estado que sólo es un buen negocio para los estudios jurídicos y para algunas obras sociales", explicó Daniel Quintero, Secretario General de Sipes, administrativo de laboratorio del Hospital Humberto Notti de Guaymallén.
Fernando Lazo Carrera y Angel Palleres -licenciado en enfermería del Hospital Central de Ciudad-, Secretario Gremial y Secretario General Adjunto del nuevo gremio de la salud mendocina, explicaron que el empleado en estado concursal es castigado de distintas maneras: no puede salir del país, queda su firma inhibida, pierde el acceso al crédito y no puede avanzar en su carrera laboral. "Esto significa que no puede ascender de clase", graficó Quintero.
La norma que en su momento fue promocionada por Cristian Racconto "es inconstitucional, ya ha sido así determinado por tres fallos de tres compañeros que debieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia provincial", apuntó Susana Mancilla, Secretaria de Organización del gremio que comulga con la CTA que representa Hugo Yasqui a nivel nacional.
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Susana Mancilla y Fernando Lazo Carrera, Secretaria de Organización y Gremial, respectivamente de Sipes.
La derogación de la Ley 8.134 además beneficará al mismo Estado provincial "y en consecuencia a los mendocinos por la escalada de juicios contra la provincia que se vienen venir a partir de los antecedentes de inconstitucionalidad que ya tiene la ley de Racconto", añadió Lazo Carrera.
Sipes actualmente cuenta con unos 170 adherentes y la debida personería jurídica está en trámite.
Carlos Fernández en Twitter @latinredwine