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Un fenómeno que preocupa: por qué no cesan los motines en las cárceles de Mendoza
A partir de los constantes hechos de violencia ocurridos en los penales mendocinos en los últimos meses, un especialista nacional analiza esta problemática desde la visión de cada uno de los actores que compones el sistema penitenciario.
Lejos del mítico motín vendimial del año 2000, una nueva ola de violencia se ha apoderado de las cárceles mendocinas. Más de una decena de eventos desafortunados atestiguan una situación evidentemente crítica que el director del Sistema Penitenciario de Mendoza se niega a aceptar. Fracasos y retrocesos disfrazados de ajustes y maquillados por las escuetas declaraciones de Sebastián Sarmiento, no logran ocultar una realidad más que preocupante.
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Para entender esta problemática tan compleja, consultamos a Raúl Salinas, abogado con orientación en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, docente, consultor de organismos internacionales y asesor de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quién en un breve análisis hace un recorrido por las algunos de los desencuentros y contradicciones que exhibe el sistema carcelario en Mendoza.
Financiamiento: ineficiencia y corrupción en el gasto
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Casi una década atrás sorprendía y preocupaba la poca importancia que se le otorgaba en el presupuesto a las cárceles en al Provincia, donde se destinaba más dinero para el mantenimiento del Zoológico de Mendoza que para el complejo carcelario. Sin embargo, en las últimas administraciones la balanza se fue torciendo para el lado contrario, hasta llegar a 2011, cuando se destinaron aproximadamente 40 millones de pesos, es decir, cuatro veces más que en 2003. Este aumento permitió a las autoridades penitenciarias fortalecer los complejos carcelarios, mejorando las condiciones de salubridad y tomando mayor cantidad de guardiacárceles.
No obstante, Salinas remarca que los problemas presupuestarios no se agotan solo a un menor o mayor destino de fondos. La falta de control democrático sobre este dinero entorpece la implementación de políticas de eficiencia, lo que repercute negativamente en un sistema viciado por la corrupción.
Sistema militarizado
En Mendoza es común la referencia que se le hace desde distintos puntos del país, que catalogan al sistema local como altamente militarizado y adepto al “tratamiento”. A esto, se le suma una disciplina carcelaria adicta al castigo, donde al reo se lo tiene “cortito” y padece en carne propia el abandono de una sociedad que odia al delincuente pero le hace la vista gorda al delito.
Un factor importante que fortalece estas conductas, consiste en que se coloquen en los puestos directivos de los penales a hombres que han realizado su carrera desde el ámbito de las fuerzas de seguridad, dejando de lado otras opciones “civiles o no” que se presentan como estudiosos del tema.
Para Salinas, no es un tema de “mano duro versus garantismo” y remarcó que es imposible obtener resultados distintos si no se cambian las políticas públicas existentes.
Para esto hay que transformar la cultura institucional de un modo más profundo “que no tiene que ver solamente con poner un poco en orden la cárcel”, sino más bien con una transformación cultural en la que la problemática sea abordada desde sus múltiples aristas. Es decir, que se pongan en práctica políticas públicas que partan de un diagnóstico sincero de la realidad carcelaria y se diseñe a futuro un sistema que implique cómo se contrata el personal, cómo se realizan las compras de suministros, cómo se atienden a los internos, y cómo se realizan los controles de calidad, etc.
Guadiacárceles: un recurso humano demonizado
En esta área las cárceles mendocinas no se diferencian demasiado de las del resto del país. Pocos penitenciarios para una población carcelaria que sigue en aumento, hace que se empiecen a registrar cada vez más casos de estrés que se traduce directamente en ausentismos, depresión, alcoholismo y hasta suicidios.
Culpabilizados desde las autoridades por las fallas técnicas y también por la sociedad que los castiga por “no controlar y retener a los reos”, los agentes penitenciarios se han constituido en los blancos fáciles de un sistema que no tiene en cuenta sus necesidades ni que se interesa en capacitarlos.
Raúl Salinas destaca que este “recurso humano” no debe ser demonizado, sino que debe ser acompañado, atendido, instruido y controlado más eficientemente para que cumplan su función específica.
El doble rol de la Justicia
En Mendoza se posee una doble percepción de la Justicia. Por un lado, se la condena socialmente porque los criminales “entran por una puerta y salen por la otra”, y los asaltos recurrentes son llevados a cabo, en una gran mayoría, por los mismos grupos que ya han sido identificados y que ya, hasta pertenecen al paisaje de la zona afectada.
Sin embargo, de acuerdo a las palabras del especialista en derecho penal, “el éxito de una campaña contra el delito no tiene una relación directa con la cantidad de sentencias dictadas”. Frase que se sustenta en que ninguna política de seguridad puede ser juzgada por la efectividad al momento de “castigar”, sino que debe construirse desde la prevención.
Otra cara de la misma moneda, se presenta con el caso de los cientos de personas que se encuentran privadas de la libertad, pero que aún no cuentan con una condena, y permanecen cautivos de un sistema en el que el juez a cargo de su causa “ni siquiera le conoce la cara”. Así, cientos de personas permanecen aguardando una resolución, que en muchos casos es más que sencilla ya que algunos procesados han sido descubiertos in fraganti mientras realizaban un acto ilícito.
“Me parece interesante que se cuestione a la Justicia, y que empiecen a rendir cuentas de lo que hacen, ya que muchas veces los motines de fin de año son generados por presos que no tienen certezas de cómo siguen sus casos y no obtienen ningún tipo de respuesta al respecto”.
Además, Salinas fundamentó que lo importante tanto desde el punto de vista de la Justicia, como desde la constitución del sistema carcelario, es que se debe diseñar una política pública que refuerce los aspectos positivos y que mute aquellos de los que se tienen pruebas sobradas de su ineficacia.
Para ello se deben crear “cárceles sin sobrepoblación, visibles públicamente, en las que se pueda trabajar para reducir el daño, y que estén conducidas por personas capacitadas y con responsabilidad social. Pero mientras sigamos con mini ejércitos, esto no va a cambiar jamás”.
Sistema militarizado
En Mendoza es común la referencia que se le hace desde distintos puntos del país, que catalogan al sistema local como altamente militarizado y adepto al “tratamiento”. A esto, se le suma una disciplina carcelaria adicta al castigo, donde al reo se lo tiene “cortito” y padece en carne propia el abandono de una sociedad que odia al delincuente pero le hace la vista gorda al delito.
Un factor importante que fortalece estas conductas, consiste en que se coloquen en los puestos directivos de los penales a hombres que han realizado su carrera desde el ámbito de las fuerzas de seguridad, dejando de lado otras opciones “civiles o no” que se presentan como estudiosos del tema.
Para Salinas, no es un tema de “mano duro versus garantismo” y remarcó que es imposible obtener resultados distintos si no se cambian las políticas públicas existentes.
Para esto hay que transformar la cultura institucional de un modo más profundo “que no tiene que ver solamente con poner un poco en orden la cárcel”, sino más bien con una transformación cultural en la que la problemática sea abordada desde sus múltiples aristas. Es decir, que se pongan en práctica políticas públicas que partan de un diagnóstico sincero de la realidad carcelaria y se diseñe a futuro un sistema que implique cómo se contrata el personal, cómo se realizan las compras de suministros, cómo se atienden a los internos, y cómo se realizan los controles de calidad, etc.
Guadiacárceles: un recurso humano demonizado
En esta área las cárceles mendocinas no se diferencian demasiado de las del resto del país. Pocos penitenciarios para una población carcelaria que sigue en aumento, hace que se empiecen a registrar cada vez más casos de estrés que se traduce directamente en ausentismos, depresión, alcoholismo y hasta suicidios.
Culpabilizados desde las autoridades por las fallas técnicas y también por la sociedad que los castiga por “no controlar y retener a los reos”, los agentes penitenciarios se han constituido en los blancos fáciles de un sistema que no tiene en cuenta sus necesidades ni que se interesa en capacitarlos.
Raúl Salinas destaca que este “recurso humano” no debe ser demonizado, sino que debe ser acompañado, atendido, instruido y controlado más eficientemente para que cumplan su función específica.
El doble rol de la Justicia
En Mendoza se posee una doble percepción de la Justicia. Por un lado, se la condena socialmente porque los criminales “entran por una puerta y salen por la otra”, y los asaltos recurrentes son llevados a cabo, en una gran mayoría, por los mismos grupos que ya han sido identificados y que ya, hasta pertenecen al paisaje de la zona afectada.
Sin embargo, de acuerdo a las palabras del especialista en derecho penal, “el éxito de una campaña contra el delito no tiene una relación directa con la cantidad de sentencias dictadas”. Frase que se sustenta en que ninguna política de seguridad puede ser juzgada por la efectividad al momento de “castigar”, sino que debe construirse desde la prevención.
Otra cara de la misma moneda, se presenta con el caso de los cientos de personas que se encuentran privadas de la libertad, pero que aún no cuentan con una condena, y permanecen cautivos de un sistema en el que el juez a cargo de su causa “ni siquiera le conoce la cara”. Así, cientos de personas permanecen aguardando una resolución, que en muchos casos es más que sencilla ya que algunos procesados han sido descubiertos in fraganti mientras realizaban un acto ilícito.
“Me parece interesante que se cuestione a la Justicia, y que empiecen a rendir cuentas de lo que hacen, ya que muchas veces los motines de fin de año son generados por presos que no tienen certezas de cómo siguen sus casos y no obtienen ningún tipo de respuesta al respecto”.
Además, Salinas fundamentó que lo importante tanto desde el punto de vista de la Justicia, como desde la constitución del sistema carcelario, es que se debe diseñar una política pública que refuerce los aspectos positivos y que mute aquellos de los que se tienen pruebas sobradas de su ineficacia.
Para ello se deben crear “cárceles sin sobrepoblación, visibles públicamente, en las que se pueda trabajar para reducir el daño, y que estén conducidas por personas capacitadas y con responsabilidad social. Pero mientras sigamos con mini ejércitos, esto no va a cambiar jamás”.
Por Horacio Yacante, en twitter @horayacante