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Tambalea la Delegación de Bomberos de la Zona Este por un robo de combustible

Tanto su jefe, el subcomisario Carlos Fabián Figueroa y su segundo, el oficial principal Jorge Daniel García quedaron involucrados dentro de una denuncia por los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, y cohecho, entre otras.
Figueroa, jefe de la Delegación. Foto: Facebook
Figueroa, jefe de la Delegación. Foto: Facebook

Esta semana se dio a conocer una importante denuncia de corrupción sobre la cúpula de la Delegación de Bomberos de la Zona Este, compuesta por su jefe, el subcomisario Carlos Fabián Figueroa y su segundo oficial principal Jorge Daniel García, a quienes se les adjudican los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, posible falsificación de recibos, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

De comprobarse estos cargos, los funcionarios quedarían inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Además, tendrían que enfrentar penas de prisión de entre uno y seis años.

De acuerdo a una denuncia presentada en la Unidad Fiscal de San Martín, la acusación está centrada sobre tres pilares fundamentales referidos al manejo de los fondos de la cooperadora, el uso del combustible asignado por el Estado, y el desempeño público del segundo al mando.

Según se refiere en la denuncia presentada por el abogado Carlos Varela Álvarez, tanto Figueroa como García, contaban con una denuncia anterior sobre un hecho de faltante de combustible en 2007. Sin embargo, como en esa oportunidad se hizo bajo la modalidad del anonimato, los sospechosos fueron transferidos y causa no prosperó.

Detalle del texto de la denuncia que ahora investiga la justicia.

La Caja Chica

La Dirección de Bomberos maneja una caja chica, y existe  para ello una resolución dentro del Ministerio de Seguridad para la designación de su responsable. Este dinero básicamente se utiliza  para el mantenimiento edilicio y de movilidades, y además se nutre de un porcentaje de cada peaje que se paga al salir de Mendoza por el este, aunque no se cuenta con información certera sobre estos fondos.

La Dirección de Bomberos posee también una cooperadora que se nutre de la venta de números de rifas o donaciones, todo esto es manejado bajo la absoluta voluntad de quien está a cargo de cada administración.

En la cooperadora de bomberos Zona Este ingresa aproximadamente nueve mil pesos mensuales. A eso se le suma un porcentaje de unos tres mil pesos más que ingresan por la cooperadora de bomberos de Mendoza, lo que conforma un total aproximado de doce mil pesos por mes.

Llenando los tanques equivocados

El Gobierno de Mendoza asigna a esta delegación una cuota mensual de combustible para abastecer a las distintas movilidades. En total, se asigna la cantidad de 6 mil litros de gas oil 300 litros de nafta súper.

En la denuncia presentada en la Oficina Fiscal de San Martín, se hace referencia que Carlos Figueroa designó a un oficial ayudante para cargar la nafta súper en un bidón de veinte litros, que es  llevado periódicamente a su casa. La carga de combustible comprado con fondos públicos tendría como destino un Renault 19 propiedad de Figueroa, que en un principio funcionaba a gas y a nafta, pero que desde enero (cuando comenzó a dirigir la delegación), hizo cambiar todos los repuestos del vehículo para que funcionara solo a nafta.

Ahora bien, Figueroa no sería el único que realiza este tipo de maniobra, ya que su segundo al mando haría lo mismo, aunque con mayor alevosía, ya que encarga al mismo auxiliar para que llene los tanques de una Peugeot Partner  Diesel y un Gol Country, ambos de su propiedad.

Esta conducta obliga entonces a justificar indebidamente el gasto de combustible al personal, diciendo que se ha gastado para determinado uso oficial, cuando en realidad, se ocupa para los autos particulares de los directivos.

Certificados de aptitud técnica

En la Zona Este, cada local comercial que abre debe presentar una carpeta que consta de ciertos requisitos, para que Bomberos le entregue un certificado final de las medidas de protección contra incendios, el que  tiene una validez de un año. Al año, los expedientes que se tramitan llegan a los 400, aproximadamente.

Para que esta carpeta tenga validez, la debe elaborar un técnico en Higiene y Seguridad habilitado, cuyos honorarios son abonados por el interesado.

Sin embargo, aunque aquí no se avizore ninguna irregularidad, el denunciante aduce que Jorge García personalmente les sugeriría a los interesados una nómina de profesionales para realizar esa carpeta; y que no hacerlo con ellos, podría traducirse a demoras o dificultades para su aprobación.

Antecedente penal e inhabilitación

Tomando como referencia la causa con expediente 12.745, del Segundo Juzgado Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Daniel García fue condenado por homicidio culposo a la pena de dos años de prisión en suspenso más la inhabilitación de cinco años para conducir en forma efectiva, tras comprobarse su responsabilidad en la muerte de Nireo Puglisi y las lesiones de Juan Carlos Puglisi el 19 de junio de 2005.

Sin embargo, en la denuncia se hace referencia de la existencia de más de diez testigos que podrían acreditar que desde que llegó a la Delegación, García se moviliza tanto en sus autos particulares como el vehículo de la institución.

La voz y la sorpresa de los acusados

Jorge Daniel García, el segundo al mando, y quién provisoriamente dirige la Delegación debido a que Carlos Figueroa se encuentra de licencia tras haber sido intervenido quirúrgicamente en esta semana.

En una charla con MDZ Online, García se mostró bastante preocupado y sorprendido por la "mala" noticia, de la que hasta el miércoles no había sido notificado.

Sin embargo, aclaró que no es la primera vez que llega hasta sus oídos algo por estilo. Ya que, confesó, año a año se generan comentarios sobre el uso de los fondos de la Cooperadora o sobre los cupos de combustibles, aunque siempre se manejan dentro del ministerio.

Por lo tanto, el hecho de que se halla hecho una denuncia desde una Oficina Fiscal, eleva el rango de discusión y también genera un tratamiento judicial completamente distinto.

Hasta el momento no se conocen las medidas que se tomarán para el caso. Aunque sí está claro que las consecuencias harán tambalear lo que hasta parecía un cambio tranquilo de autoridades.
 
Autor: Horacio Yacante