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Analizarán la legalidad del tarifazo eléctrico
La senadora del ARI confirmó que volverá a enviar al Ejecutivo el pedido de informes sobre los subsidios que se dan a las empresas eléctricas. Raquel Blas, de ATE, fue mucho más dura con su postura, "queda muy claro que la rentabilidad del Grupo Vila la vamos pagar a entre todos, trabajadores y pequeños comerciantes".
Rechazos y opiniones en contra dominan el escenario mendocino luego del anuncio de un tarifazo eléctrico hecho por el Secretario General de la Gobernación, devenido en vocero, Alejandro Cazabán, en la jornada de ayer.
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Las declaraciones en contra de la medida no se hicieron esperar ni mucho menos los anuncios de las medidas a adoptar en rechazo del incremento tarifario.
Alejandra Naman, senadora del ARI e integrante de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería de la Legislatura provincial, afirmó que en primer término “hay que ver si esto tiene que ver con lo que se puso en consideración en la anterior audiencia publica, aunque quizás hubiese sido conveniente convocar a una nueva audiencia. De todos modos, debemos verificar, desde el punto de vista legal, si el decreto se condice con los pasos previos que implica todo aumento tarifario”.
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De todas formas, la legisladora recuerda que “el decreto anterior nunca lo conocimos, cuando citamos a los responsables a la Legislatura nos dijeron que no lo tenían. Pero, lo que hice con anterioridad y voy a hacer nuevamente es mandar un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que remita la copia de las conclusiones del trabajo realizado por la Comisión Ad Hoc, encargada de evaluar los subsidios que se aplican”.
Naman advirtió que, aunque la medida haya respetado los pasos legales, “lo que más me preocupa es que estos porcentajes no sean definitivos. Más allá de que se han modificado los montos, quienes gastan menos de 300 Kw componen un sector muy pequeño y habrá que ver si verdaderamente el grupo que abarca entre 300 y 600 es el 40% y van a ser efectivamente 5 pesos en la factura. Todo me genera dudas. También preocupa la situación que se va a vivir en los pequeños comercios y pequeñas empresas familiares, estas medidas impactan directamente en la economía de este sector”.
Por su parte, la representante gremial de los trabajadores estatales Raquel Blas reconoció que anoche, y apenas conocido el anuncio oficial, se reunieron los miembros de la Multisectorial para acordar los pasos a seguir ante “esta nueva embestida a los bolsillos de los trabajadores”. “Vamos a encabezar marchas, movilizaciones, cortes de ruta y, por supuesto, amparos legales”, asegura la titular de ATE.
Además, Blas acusó al Gobierno de estar aprovechándose del confuso escenario que se vive en la provincia por estos días. “Después de haber perdido las elecciones, lo menos que podría haber hecho este Gobierno es convocar a una nueva audiencia pública. Hacer esto en medio de la emergencia sanitaria es estar aprovechándose de la situación, es lamentable”, sostuvo.
“Debería darse un profundo debate en la Legislatura, nosotros ya hemos juntado 20 mil firmas y, teniendo en cuenta los antecedentes de otras provincias, esto de puede frenar”, aventuró la gremialista, y afinó aún más su puntería asegurando que “queda muy claro que la rentabilidad del Grupo Vila la vamos pagar a entre todos, trabajadores y pequeños comerciantes”.
Por su parte, la representante gremial de los trabajadores estatales Raquel Blas reconoció que anoche, y apenas conocido el anuncio oficial, se reunieron los miembros de la Multisectorial para acordar los pasos a seguir ante “esta nueva embestida a los bolsillos de los trabajadores”. “Vamos a encabezar marchas, movilizaciones, cortes de ruta y, por supuesto, amparos legales”, asegura la titular de ATE.
Además, Blas acusó al Gobierno de estar aprovechándose del confuso escenario que se vive en la provincia por estos días. “Después de haber perdido las elecciones, lo menos que podría haber hecho este Gobierno es convocar a una nueva audiencia pública. Hacer esto en medio de la emergencia sanitaria es estar aprovechándose de la situación, es lamentable”, sostuvo.
“Debería darse un profundo debate en la Legislatura, nosotros ya hemos juntado 20 mil firmas y, teniendo en cuenta los antecedentes de otras provincias, esto de puede frenar”, aventuró la gremialista, y afinó aún más su puntería asegurando que “queda muy claro que la rentabilidad del Grupo Vila la vamos pagar a entre todos, trabajadores y pequeños comerciantes”.