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Los dueños de los taxis no quieren colocar blindex y van a la Justicia

Aprotam presentó un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia para frenar la resolución de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, que los obliga a colocar el vidrio blindado en sus vehículos. La medida surgió de un reclamo de los propios taxistas al Gobierno, luego de sufrir una seguidilla de asaltos y asesinatos. Los propietarios argumentan que el blindex le generaría perjuicios económicos.
La medida del gobierno permitió destrabar en abril un reclamo por más seguridad. Foto: MDZ
La medida del gobierno permitió destrabar en abril un reclamo por más seguridad. Foto: MDZ
La polémica por el blindex en los taxis vuelve a instalarse: los taxistas que lo reclaman para evitar seguir siendo blanco de los delincuentes y los propietarios que se rehúsan a implementarlo por la rentabilidad y los costos.

Aprotam –Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza- recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia para frenar la medida que lanzó el gobierno de Celso Jaque ante el creciente reclamo de los choferes por mayor seguridad.

Es que la cámara empresaria sostiene que la resolución dictada en abril es inconstitucional, ya que la ley 6082 establece que los permisionarios de este tipo de vehículos de transporte público están obligados a instalar un solo sistema de seguridad.

Y señalan que ya cuentan con la "luz violeta" (un foco que cuando se prende obliga  a la policía a detener el vehículo, ya que esa luz advierte una situación de peligro), el GPS y el cierre centralizado.

En abril la Dirección de Vías y Medios de Transporte firmó una resolución donde estableció la obligatoriedad de la incorporación de los vidrios blindados para separar el habitáculo del conductor del resto del auto en aquellas unidades que lo permitan. La firma de esta resolución permitió destrabar un conflicto que el Gobierno mantuvo con los taxistas enfurecidos por reiterados hechos de delincuencia que sufrieron algunos de ellos.

Además, en la misma resolución se estableció la incorporación de videocámaras en los coches y la implementación de una tarjeta de identificación de los choferes.

Por estos días una empresa privada está acondicionando un vehículo para comprobar si realmente esta medida es efectiva o no. Sin embargo, los propietarios de taxis no perdieron tiempo y recurrieron a la Justicia para solicitar una medida cautelar que deje sin efecto la resolución del gobierno.

Desde la cámara empresaria sostienen que esta medida podría ocasionarles perjuicios económicos debido a que la capacidad de transportar pasajeros se reduciría ya que en el asiento delantero no podría viajar una persona.

Además sostienen que el vidrio podría provocar golpes en los niños o tener cierta peligrosidad para el pasajero en caso de algún choque.

De todas formas resta que en el transcurso de esta semana la empresa –cuyo nombre no trascendió- diga si esta herramienta es realmente una medida de prevención viable ante el delito o no.

De constatarse la eficiencia de esta herramienta y que la Corte no fallara a favor de los permisionarios, Mendoza sería la primera provincia del país en contar con este elemento de seguridad.

Por otra parte, se dijo que el Fondo para la Transformación y el Crecimiento otorgaría créditos para que los dueños de los taxis pudieran colocar el blindex, que tiene un precio superior a los $10.000.