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Un medio porteño quiere conocer dos proyectos sobre seguridad locales
Esta noche, Santo Biasatti, conductor del programa Otro Tema (TN), tratará temas vinculados a la inseguridad. Para el análisis invitó al diputado mendocino Luis Petri, autor de dos iniciativas. Una de ellas propone controlar las llamadas telefónicas de los presos. La otra es una ley que crearía un plan de protección de testigos.
En medio de una inseguridad creciente en la provincia, extrañamente un canal de cable, de alcance nacional, invitó a un legislador de Mendoza para que explique un proyecto de su autoría: la regulación de las comunicaciones de los presos debido a los secuestros virtuales.
El periodista que se interesó especialmente en este proyecto es Santo Biasatti, conductor de Otro Tema, que emite el canal Todo Noticias.
Para explicar en qué consiste la regulación de las comunicaciones de los internos de las cárceles, Biasatti invitó al diputado concertador Luis Petri.
Sucede que la jueza Federal María Servini de Cubría investiga una red delictiva que opera desde el interior del Penal de Villa Devoto, en Capital Federal, cometiendo o intentando secuestros virtuales. Por ello, hace una semana la magistrada secuestró los teléfonos celulares a los reclusos.
Además, Servini de Cubría ya envió dos notas al ministro del Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, para que se tomen las medidas necesarias de control sobre los reclusos y los guardiacárceles que deben impedir que los internos accedan a teléfonos celulares.
Allí es donde entra Luis Petri, quien presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley que regula el derecho de comunicación telefónica para los internos de las cárceles.
Según el autor de la iniciativa, “no hay antecedentes legislativos en el país sobre el tema”. Esta debe ser la razón por la que Biasatti invitó al diputado mendocino, para que explique el proyecto presentado el 11 de octubre del año pasado en la Legislatura.
Sucede que en Mendoza se estudió la posibilidad de escuchar y grabar las comunicaciones telefónicas de los presos, aunque la Ley Nacional 24.660 establece que por derecho se debe garantizar la privacidad de las mismas bajo la supervisión que determina la reglamentación del penal.
Sin embargo, ante la evidente y creciente ola de secuestros virtuales, algo se debe hacer para evitarlos sin violar las leyes o pactos internacionales a los que adhirió la Argentina y que están consagrados en la Constitución de 1.994.
En su proyecto, el diputado Petri expone que ante esta problemática se debe prohibir el uso de telefonía celular en las cárceles, pero sí pueden hacerlo desde teléfonos fijos fijando un horario y pasando por un conmutador que registre el número al que llamó el recluso.
Además, estas llamadas serán anunciadas por la operadora como provenientes del Penal al receptor de la comunicación. Y que en los lugares donde esté el aparato telefónico para comunicarse esté vigilado por videocámaras que registren fechas y horarios, entre otras regulaciones.
Pero también, el programa de Biasatti le sugirió al legislador concertador que explique el proyecto sobre protección de testigos.
Este tiene como finalidad que quien aporte datos en una causa en la que se investiga un homicidio, por ejemplo, el Estado se encargue luego de brindarle la seguridad apropiada.
En muchos casos ocurre que quienes presenciaron un hecho delictivo no se animan a testificar por miedo a las represalias. Por lo tanto, la iniciativa de Petri busca que a ese testigo se lo saque de su ámbito y el Estado le consiga una casa de iguales características.
Esto significa que si alquilaba una vivienda en un barrio determinado, se lo traslado a otra y en un conglomerado de iguales características. El objetivo, entre otros, es que algunos testigos pícaros no hagan un negocio con el delito.
En relación a este proyecto, Petri es el autor de la actual ley de recompensas que rige en la provincia desde hace pocos meses.
Allí es donde entra Luis Petri, quien presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley que regula el derecho de comunicación telefónica para los internos de las cárceles.
Según el autor de la iniciativa, “no hay antecedentes legislativos en el país sobre el tema”. Esta debe ser la razón por la que Biasatti invitó al diputado mendocino, para que explique el proyecto presentado el 11 de octubre del año pasado en la Legislatura.
Sucede que en Mendoza se estudió la posibilidad de escuchar y grabar las comunicaciones telefónicas de los presos, aunque la Ley Nacional 24.660 establece que por derecho se debe garantizar la privacidad de las mismas bajo la supervisión que determina la reglamentación del penal.
Sin embargo, ante la evidente y creciente ola de secuestros virtuales, algo se debe hacer para evitarlos sin violar las leyes o pactos internacionales a los que adhirió la Argentina y que están consagrados en la Constitución de 1.994.
En su proyecto, el diputado Petri expone que ante esta problemática se debe prohibir el uso de telefonía celular en las cárceles, pero sí pueden hacerlo desde teléfonos fijos fijando un horario y pasando por un conmutador que registre el número al que llamó el recluso.
Además, estas llamadas serán anunciadas por la operadora como provenientes del Penal al receptor de la comunicación. Y que en los lugares donde esté el aparato telefónico para comunicarse esté vigilado por videocámaras que registren fechas y horarios, entre otras regulaciones.
Pero también, el programa de Biasatti le sugirió al legislador concertador que explique el proyecto sobre protección de testigos.
Este tiene como finalidad que quien aporte datos en una causa en la que se investiga un homicidio, por ejemplo, el Estado se encargue luego de brindarle la seguridad apropiada.
En muchos casos ocurre que quienes presenciaron un hecho delictivo no se animan a testificar por miedo a las represalias. Por lo tanto, la iniciativa de Petri busca que a ese testigo se lo saque de su ámbito y el Estado le consiga una casa de iguales características.
Esto significa que si alquilaba una vivienda en un barrio determinado, se lo traslado a otra y en un conglomerado de iguales características. El objetivo, entre otros, es que algunos testigos pícaros no hagan un negocio con el delito.
En relación a este proyecto, Petri es el autor de la actual ley de recompensas que rige en la provincia desde hace pocos meses.