Cómo funcionó el pacto en Colombia
Los acuerdos que involucran a los sectores representativos de la sociedad son, por definición, buenos. Cuando el problema que convoca a la firma de un pacto es la violencia, esos acuerdos no son sólamente buenos, sino fundamentales.
Sin embargo, deben tenerse en cuenta dos factores principales: uno, institucional y el otro social.
Primero, está vigente el precepto constitucional de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Esto es una advertencia a la tentación latente de generar “otros parlamentos”, ya sea desde la gente que, disconforme, decide tomar decisiones colateralmente, o desde gobiernos a los que no les convence la opinión o las iniciativas de sus cuerpos legislativos. Pero también es una señal de la que deben tomar notas los representantes elegidos por la gente: ellos tienen la misión de involucrarse, si o si.
Segundo, cuando se convoca muchas veces, ya sea con buenas o con aviesas intenciones y no se logran ver resultados, se atenta contra una herramienta fundamental de la democracia como es el “pacto social”. No sirve diluir responsabilidades en una mesa de muchos. Funciona, cuando es el gobierno el que decide hacerse cargo, delimita un plan a seguir y convoca a la sociedad a sumarse, con seriedad y responsabilidad.
¿Cómo funcionó la reforma que le devolvió a las principales ciudades de Colombia la tranquilidad? Precisamente, de esta manera.
El colombiano Andrés Villaveces es profesor de Epidemiología, subdirector del Centro de Prevención e Investigaciones en Lesiones de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.
El explicó que en su país, igual que aquí, pero con muchísima más violencia en las calles, la gente reclamaba medidas de carácter instantáneo, escapándole al verdadero diagnóstico del problema.
“A diferencia de otras aproximaciones donde puede haber intervenciones dirigidas a controlar la violencia, en este caso, toda la política del gobierno tuvo como eje central la reducción de violencia y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”, explicó Villaveces a MDZ.
De esta manera se generaron en Bogotá “infraestructuras administrativas y herramientas técnicas que facilitaran el seguimiento y la evaluación de políticas basándose en mediciones de indicadores de seguridad, salud y bienestar, entre otros criterios”.
El especialista relató cuáles fueron los dos elementos centrales utilizados en la capital colombiana, que demostraron, antes de pedirle ayuda a la sociedad, un claro liderazgo del Estado en la materia: “primero, fue el cambio promovido por el gobierno local para establecer una cultura ciudadana saludable y constructiva a nivel individual e institucional” y el segundo “fue una inversión a gran escala en la infraestructura de la ciudad para tratar de resolver problemas directamente relacionados con la violencia pero además relacionados con el bienestar de la población a nivel general”.
¿De qué manera? Villaveces relató que “para lograr lo primero, las políticas de desarrollo de cultura ciudadana e institucional siguieron unos principios de respeto por la vida, equidad, uso de estrategias no-violentas para dirimir conflictos, promoción del control por parte de la comunidad, desarrollo de un liderazgo colectivo e implementación de soluciones sostenibles que se enfocaran en problemas locales. Los enfoques programáticos de cada administración hicieron énfasis en el respeto y desarrollo del espacio público, la mejora del medio ambiente, aumento de la productividad urbana atada a mejores relaciones sociales y la legitimización de las instituciones”.
Las relaciones entre las personas se lograron mejorar “a través de políticas de desmarginalización, integración social, concepción de la ciudad con una escala humana por medio de mejoras en la movilidad, urbanismo, servicios, seguridad y eficiencia institucional”.
Por otro lado, Villaveces contó que “para disminuir la violencia se modificó la definición de seguridad, dándole connotaciones menos punitivas”.
Mientras se trabajó en lo simbólico, guiando a la población con autoridad en la materia y sin buscar falsas excusas o artilugios distractivos, “se fortaleció la policía con más recursos y con capacitación en derechos humanos, coexistencia pacífica y entendiendo la policía como agentes de promoción de cultura ciudadana” Agregó que, “adicionalmente, se mejoraron salarios y condiciones de los miembros de la policía y se hizo más énfasis en la participación comunitaria”.
Un dato que en estos días reveló el ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México y actual rector de la Universidad de las Américas, Alejandro Gertz Manero, puede sumarse a lo explicado por Villaveces como el manual del plan exitoso de seguridad de Bogotá: “si un vecino no sabe quién es el policía a cargo de su zona, está clarísimo que la policía no funciona”.
Dicho en otras palabras, Gertz Manero sostiene que el policía debe trabajar horizontalmente, para la comunidad desde donde debe recolectar información y devolverle tranquilidad, y no para satisfacer a sus jefes.
Haciendo un paréntesis y mirando a nuestro alrededor, podemos ver que estamos usando argumentos del siglo 19, como querer “meter a todo el mundo preso por las dudas”, con una policía formada en el siglo 20, marcado por las sospechas contra la misma sociedad de la que provenían y entrenados para multiplicar la violencia y con requerimientos que son propios del nuevo siglo, el 21, que estamos transitando.
Volviendo al experto colombiano, Villaveces también hizo referencia a lo sucedido en Cali. Allí “muchos de estos procesos se gestaron antes que en Bogotá”, afirmó. “En la misma década de los 90 –relató el especialista- los problemas de Cali eran peores que los de Bogotá y fue allí donde se concibieron los sistemas integrados de información sobre lesiones y violencia y donde se aplicaron y evaluaron intervenciones efectivas como la restricción del consumo de alcohol y la del porte de armas”.
Pero, ¿cuál es el riesgo que se corre cuando una apuesta tan fuerte cae en saco roto? “Desafortunadamente –evaluó Villaveces- en Cali no existió el interés ni seguimiento por parte de otras administraciones y estos programas no se implementaron. Como consecuencia de esto el descenso en mortalidad por violencia en Cali no ha sido tan claro como en Bogotá o Medellín donde si ha habido continuidad en las políticas de prevención y control de la violencia”.
Como aprendizaje: Bogotá pasó de tener un índice de muertes de 80 personas por cada 100 mil habitantes, a cerca de 18/100 mil, en 14 años de trabajo. La apuesta fue el consenso, fue el pacto entre todos los ciudadanos y las organizaciones del trabajo, la industria, la sociedad civil organizada.
Pero las principales acciones estuvieron a cargo del propio Estado en cosas sencillas que permitieron erradicar otras violencias latentes cuando se convive en una sociedad cargada de desigualdad e injusticia : mejorar la asistencia sanitaria, que los micros pasen a horario, que no se pase hambre, que los niños no se mueran por cuestiones evitables, que la gente no se mate a palos porque sabe que ir a la Justicia o a la comisaria es en vano.
Ya no sólo no se habla de “inseguridad”, sino que la palabra “seguridad” no es necesario pronunciarlo. Se vive.
No se duplicó la cantidad de presos ni se instauró la pena de muerte: se actuó con liderazgo frente al gobierno y se mejoraron todos los índices de calidad de vida.
Ese fue el pacto. Y quienes primero lo cumplieron, fueron los gobernantes.
El colombiano Andrés Villaveces es profesor de Epidemiología, subdirector del Centro de Prevención e Investigaciones en Lesiones de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.
El explicó que en su país, igual que aquí, pero con muchísima más violencia en las calles, la gente reclamaba medidas de carácter instantáneo, escapándole al verdadero diagnóstico del problema.
“A diferencia de otras aproximaciones donde puede haber intervenciones dirigidas a controlar la violencia, en este caso, toda la política del gobierno tuvo como eje central la reducción de violencia y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”, explicó Villaveces a MDZ.
De esta manera se generaron en Bogotá “infraestructuras administrativas y herramientas técnicas que facilitaran el seguimiento y la evaluación de políticas basándose en mediciones de indicadores de seguridad, salud y bienestar, entre otros criterios”.
El especialista relató cuáles fueron los dos elementos centrales utilizados en la capital colombiana, que demostraron, antes de pedirle ayuda a la sociedad, un claro liderazgo del Estado en la materia: “primero, fue el cambio promovido por el gobierno local para establecer una cultura ciudadana saludable y constructiva a nivel individual e institucional” y el segundo “fue una inversión a gran escala en la infraestructura de la ciudad para tratar de resolver problemas directamente relacionados con la violencia pero además relacionados con el bienestar de la población a nivel general”.
¿De qué manera? Villaveces relató que “para lograr lo primero, las políticas de desarrollo de cultura ciudadana e institucional siguieron unos principios de respeto por la vida, equidad, uso de estrategias no-violentas para dirimir conflictos, promoción del control por parte de la comunidad, desarrollo de un liderazgo colectivo e implementación de soluciones sostenibles que se enfocaran en problemas locales. Los enfoques programáticos de cada administración hicieron énfasis en el respeto y desarrollo del espacio público, la mejora del medio ambiente, aumento de la productividad urbana atada a mejores relaciones sociales y la legitimización de las instituciones”.
Las relaciones entre las personas se lograron mejorar “a través de políticas de desmarginalización, integración social, concepción de la ciudad con una escala humana por medio de mejoras en la movilidad, urbanismo, servicios, seguridad y eficiencia institucional”.
Por otro lado, Villaveces contó que “para disminuir la violencia se modificó la definición de seguridad, dándole connotaciones menos punitivas”.
Mientras se trabajó en lo simbólico, guiando a la población con autoridad en la materia y sin buscar falsas excusas o artilugios distractivos, “se fortaleció la policía con más recursos y con capacitación en derechos humanos, coexistencia pacífica y entendiendo la policía como agentes de promoción de cultura ciudadana” Agregó que, “adicionalmente, se mejoraron salarios y condiciones de los miembros de la policía y se hizo más énfasis en la participación comunitaria”.
Un dato que en estos días reveló el ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México y actual rector de la Universidad de las Américas, Alejandro Gertz Manero, puede sumarse a lo explicado por Villaveces como el manual del plan exitoso de seguridad de Bogotá: “si un vecino no sabe quién es el policía a cargo de su zona, está clarísimo que la policía no funciona”.
Dicho en otras palabras, Gertz Manero sostiene que el policía debe trabajar horizontalmente, para la comunidad desde donde debe recolectar información y devolverle tranquilidad, y no para satisfacer a sus jefes.
Haciendo un paréntesis y mirando a nuestro alrededor, podemos ver que estamos usando argumentos del siglo 19, como querer “meter a todo el mundo preso por las dudas”, con una policía formada en el siglo 20, marcado por las sospechas contra la misma sociedad de la que provenían y entrenados para multiplicar la violencia y con requerimientos que son propios del nuevo siglo, el 21, que estamos transitando.
Volviendo al experto colombiano, Villaveces también hizo referencia a lo sucedido en Cali. Allí “muchos de estos procesos se gestaron antes que en Bogotá”, afirmó. “En la misma década de los 90 –relató el especialista- los problemas de Cali eran peores que los de Bogotá y fue allí donde se concibieron los sistemas integrados de información sobre lesiones y violencia y donde se aplicaron y evaluaron intervenciones efectivas como la restricción del consumo de alcohol y la del porte de armas”.
Pero, ¿cuál es el riesgo que se corre cuando una apuesta tan fuerte cae en saco roto? “Desafortunadamente –evaluó Villaveces- en Cali no existió el interés ni seguimiento por parte de otras administraciones y estos programas no se implementaron. Como consecuencia de esto el descenso en mortalidad por violencia en Cali no ha sido tan claro como en Bogotá o Medellín donde si ha habido continuidad en las políticas de prevención y control de la violencia”.
Como aprendizaje: Bogotá pasó de tener un índice de muertes de 80 personas por cada 100 mil habitantes, a cerca de 18/100 mil, en 14 años de trabajo. La apuesta fue el consenso, fue el pacto entre todos los ciudadanos y las organizaciones del trabajo, la industria, la sociedad civil organizada.
Pero las principales acciones estuvieron a cargo del propio Estado en cosas sencillas que permitieron erradicar otras violencias latentes cuando se convive en una sociedad cargada de desigualdad e injusticia : mejorar la asistencia sanitaria, que los micros pasen a horario, que no se pase hambre, que los niños no se mueran por cuestiones evitables, que la gente no se mate a palos porque sabe que ir a la Justicia o a la comisaria es en vano.
Ya no sólo no se habla de “inseguridad”, sino que la palabra “seguridad” no es necesario pronunciarlo. Se vive.
No se duplicó la cantidad de presos ni se instauró la pena de muerte: se actuó con liderazgo frente al gobierno y se mejoraron todos los índices de calidad de vida.
Ese fue el pacto. Y quienes primero lo cumplieron, fueron los gobernantes.
