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Sociedad

Las dificultades de pedir una intervención telefónica para una investigación judicial

Fiscales y jueces mendocinos se enfrentan a diario a las trabas impuestas por la Secretaría de Inteligencia y por las empresas prestatarias del servicio telefónico. En algunos casos, la capacidad técnica y operativa es escasa; en otros, hay poca colaboración para llegar al esclarecimiento de un crimen.

Jorge Hirschbrand



Una de las piezas clave de una investigación judicial y policial moderna tiene que ver con la posibilidad de acceder a la información telefónica de un sospechoso. Vale para la intervención de una línea que permita conocer sus conversaciones y saber cuáles son sus contactos; el aporte de las compañías telefónicas para obtener el detalle de los llamados hechos y recibidos por ese número y el contenido de los mensajes de texto recientes, como para apelar a la tecnología y realizar una triangulación que permita conocer la ubicación de una persona en tiempo real a partir de la localización de su teléfono.

Nada de eso puede ser usado por la Justicia mendocina. Las trabas que deben enfrentar los fiscales que deciden usar este recurso para avanzar en una pesquisa son demasiadas como para que el resultado sea exitoso.

En el mejor de los casos, deben esperar al menos dos semanas para que desde la Secretaría de Inteligencia de la Nación (en su sede de Mendoza) respondan a las necesidades de los investigadores. Actualmente existe una lista de espera con números de teléfonos fijos y celulares anotados, que serán intervenidos recién cuando se abra una de las vacantes ocupadas por alguna otra causa judicial.

La capacidad con que cuenta “Observaciones Judiciales” de la Secretaría de Inteligencia en nuestra provincia es limitada. Y la única prioridad absoluta está reservada a aquellos casos de secuestros extorsivos, que son competencia de la Justicia Federal y por los cuales hay celdas telefónicas que permanecen libres por si surge alguna denuncia con estas características.

La segunda opción es recurrir a la sede que Inteligencia tiene en Córdoba. Pero si bien es una variante válida para ganar tiempo, el gasto es mayor: una buena intervención debe ser supervisada por alguno de los detectives que esté trabajando en ese caso puntual, para poder determinar qué diálogos puede aportar nuevas pruebas a la causa. Hay delincuentes sospechan que pueden estar siendo escuchados y utilizan palabras “códigos” para referirse a hechos o cosas puntales.

Las experiencias que suelen verse en series de televisión no tienen nada que ver con la realidad mendocina. Al no haber ninguna ley que reglamente esta situación, los magistrados también suelen ser prisioneros de las demoras de las empresas prestatarias del servicio telefónico para entregar alguna información solicitada.

Para el fiscal de Delitos Complejos, Daniel Carniello, sería fundamental contar con un sistema que permita localizar un teléfono en cuestión de minutos. “En muchos casos, tiene que ver con la capacidad técnica de las empresas. Pero al final uno no sabe si no pueden o no quieren”.

“Por suerte, con el pasar de los años fuimos conociendo a gente que nos va a adelantando algunos datos. Pero no debería funcionar así”, explicó otro de los integrantes de la Fiscalía Especial, Luis Correa Llano, quien hace tres semanas solicitó “pinchar” un teléfono para avanzar en uno de sus casos y todavía no obtiene respuesta.

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