El derecho a la información pública
Salvo aquellos datos que estén vinculados con cuestiones estratégicas de la defensa nacional o que tengan que ver con garantizar la seguridad interna, cualquier ciudadano argentino tiene derecho a acceder a la información surgida en los diferentes estamentos estatales.
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Es el único modo que un ciudadano tipo tiene para poder pedir una "rendición de cuentas" y conocer los pormenores de la administración que lo representa.
No son datos estratégicos, sino que están relacionados con la cantidad de hechos delictivos que ocurren y son denunciados en Mendoza.
Tanto el procurador de la Corte, Rodolfo González, como el coordinador de los fiscales, Ramiro Salinas, anunciaron, cuando se puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal (diciembre de 2005), un sistema informático por el cual se podría acceder al resumen de todas las denuncias ingresadas a las oficinas fiscales. Sería público y se informarían los hechos, dónde fueron cometidos y a qué hora; nada que violara el secreto sumario de la causa judicial o que pusiera en juego el éxito de una investigación.
Pero el sistema informático se quedó en una promesa. Sólo es accesible para funcionarios judiciales que cuentan con nombre de usuario y una clave de seguridad suministrada por González, Salinas y quienes habitan los despachos de la Procuración.
Y del mismo modo en que se negaron a hacer pública la información, giraron instrucciones para que ningún auxiliar de las Oficinas Fiscales tome contacto con los medios de comunicación. Entre esas instrucciones figura una advertencia que indica que, quien no cumpla con esta pauta, será pasible de sanciones.
Seguridad, sin datos
El ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, declaró ayer que se encargará personalmente de que exista un acceso directo a la información que se origine en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO 911), ya que, actualmente, de allí sólo surgen novedades de hecho que, en su mayoría, son esclarecidos por la policía o terminan con los autores detenidos. Los impunes, en los que casi nunca hay pruebas ni sospechosos, parecen perderse en los archivos del cuestionado sistema de comunicación “Tetra”.
El propio Aguinaga reconoció que los datos de su cartera no son confiables. Por eso impulsó un proyecto de ley para establecer un nuevo patrón para registrar estadísticas delictivas. Y aclaró que, como consecuencia de esta realidad, hoy por hoy no se pueden hacer comparaciones para saber si el delito subió o bajó.
En diciembre del año pasado, MDZ hizo un pedido formal de acceso a la información, patrocinado por la Asociación de Derechos Civiles (ADC). El pedido era preciso y requería datos que deberían estar disponibles al público. La respuesta llegó casi un mes más tarde y con errores. Se suministró una información que no tenía nada que ver con la solicitada, pero con un agravante: una funcionaria del Ministerio sugirió: “la próxima vez, no hace falta que presenten una nota. Me dicen a mí y yo se las consigo; total, nos conocemos”.
El acceso a la información no puede estar vinculado con la confianza que puede existir entre un funcionario y un periodista. Debe estar disponible para cualquier persona, sin necesidad de que presente o justifique algún interés predeterminado. De eso se trata, porque, de lo contrario, sólo se podrán conseguir aquellos datos que no perjudiquen a los gobiernos de turno.
Una muestra de ello ocurrió en enero en la oficina de Prensa de Gobernación. Luego de consultar sobre qué normativa reglamentaba el uso de los autos oficiales, alguien, con cara de desesperado, ingresó al salón y advirtió: “tengan cuidado que están haciendo averiguaciones sobre el uso de los autos. No vayan a decir nada”.
Ponderar este derecho implica tener un gobierno de puertas abiertas. Un desafío que garantiza confiabilidad, pero que no todos están dispuestos a enfrentar.
