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Quieren que haya más puestos de trabajo en el Estado para discapacitados

Es una iniciativa de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. Desde el INADI aclararon que la legislación debe cumplirse, pero además, la accesibilidad tiene que estar garantizada ampliamente. Votá la encuesta.

Que los discapacitados son excluidos socialmente por situaciones fácilmente evitables, es una verdad con la que estas personas deben lidiar a diario.

Desde las barreras físicas más insignificantes, como la falta de rampas en las entradas de los edificios y veredas, hasta las más dolorosas, como la discriminación para obtener un trabajo, o estudiar en una universidad, la sociedad los excluye sistemáticamente.

Este es el fundamento por el que desde la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de la Provincia, se quiere hacer cumplir la Ley Nacional 22431, que, entre otras cosas,  exige al Estado contratar 5% de su sus empleados de planta a personas con dificultades físicas o psíquicas, que resulten idóneos para las tareas que se les encomienden.

El director de Derechos Humanos, Pablo Salinas, explicó a MDZ que la intención es que se incluyan a estas personas, como la legislación lo indica, ya que en este momento, y como ocurre con muchas otras leyes, no se lleva a la realidad, y sólo queda en un cúmulo de buenas intenciones que nadie se encarga de concretar.

Para esto, Salinas aseguró que ya han cruzado notas a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo, para resolver el tema con la mayor celeridad posible

Sin embargo, la visión de la representante local del INADI, Karina Ferraris, es crítica al respecto.

Es que, si bien no le parece una determinación a descartar, subraya que en realidad, la tarea del Estado debería ser incentivar a la desaparición de barreras sociales innecesarias.

Ferraris aclaró que, si bien la legislación debe cumplirse, la accesibilidad al trabajo debería estar garantizada ampliamente,  sin estar sujeta a ninguna traba sin sentido.

Según le consta al organismo al que Ferraris representa en Mendoza, existen prácticas discriminatorias en los procesos de selección para ocupar puestos laborales en todos los ámbitos: tanto estatales como privados.

La titular de INADI Mendoza, dijo, además, que una forma de fomentar la inclusión desde el gobierno, sería cambiar la fisonomía de la ciudad, volviéndola más inclusiva, y de fácil acceso para cualquier persona que padezca una discapacidad física. Es cierto que ni las escuelas, ni el transporte público, ni las calles están dispuestos para que las personas se integren.