La policía de Maipú responsabilizó a la fiscal por la represión a los ajeros
El jefe departamental de la Policía de Maipú, Oscar Hómola, aseguró que los agentes policiales que reprimieron ayer a un grupo de trabjadores que protestaban frente a la empacadora de ajo Campos Grandes, en Rodeo del Medio, lo hicieron siguiendo las órdenes de la fiscal Liliana Giner.
Explicó que desde la mañana, existía, por parte de Giner, la determinación de que los policías cumplieran con la "cesación del delito" ya que se consideraba que los trabajadores estaban faltando a la ley por impedir la circulación de los camiones.
"Sin embargo, yo mismo dispuse que no se cumpliera con esta decisión de la fiscal, dictada por teléfono al comisario Rafael Salinas, quien dirigió el operativo, sino hasta que ella se acercara personalmente al lugar de los hechos", explicó Hómola.
Una vez que esto sucedió, el cuerpo policial no pudo desconocer la autoridad de Giner y efectuó el desalojo, que se desarrolló en las violentas condiciones que muestran las imágenes emitidas por los canales de televisión.
Los disturbios sucedidos ayer frente a la empacadora de ajo fue el motivo por el que doscientos trabajadores inscriptos en la cooperativa Colonia Barraquero, concurrieron hoy a la Legislatura Provincial.
Llegaron para mostrar las marcas que las balas de goma y otros proyectiles les habían dejado en el cuerpo. Eran hombres y mujeres, a los que, según contaron, la policía golpeó y agredió indiscriminadamente.
Por lo sucedido, los integrantes del gremio de Frutas y Hortalizas, representados por el secretario de la entidad, Lucio Quillpatay, y el asesor legal Jorge Cabutti, pidieron que los legisladores se hagan eco de la solicitud de juicio político para la fiscal Liliana Giner, responsable de haber ordenado la represión policial de ayer, en la entrada de la ajera.
En la reunión, el diputado que dirige la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) Miguel Serralta, y la presidenta Provisional del Senado, Miriam Gallardo, aseguraron que responderán a los requerimientos de los trabajadores.
“La represión que vivimos los empleados ayer, fue brutal, nos pegaron a mansalva, y nosotros no estábamos provocando ningún disturbio, sólo impidiendo que salieran los camiones”, aseguró Miguel Torres, uno de los delegados gremiales heridos.
En tanto, muchos de los presentes en la reunión, vitoreaban las palabras del secretario gremial Quillpatay, en el momento en el que pedía justicia para los compañeros heridos durante la golpiza.
Sin embargo, Miguel Serralta fue por más culpables. También apuntó al Ministerio de Salud, desde dónde, aseguró, se negaban a enviar ambulancias para los heridos, por miedo a que los vehículos fuesen apedreados, y no dejó afuera al Ministerio de Seguridad, desde dónde nadie se hizo presente para dar explicaciones.
Por qué se generaron los disturbios
Miguel Torres contó a MDZ por qué se generó el conflicto que terminó con más de 60 operarios duramente golpeados.
Los trabajadores se encuentran en un proceso de conciliación con la empresa, porque quieren dejar de pertenecer a la Cooperativa Colonia Barraquero.
Esto es porque se encuentran en una relación de dependencia que no es tal, es decir, practicamente en negro, sin ningún beneficio, ganando sueldos indignos y además, algunos tienen una antigüedad de diez años dentro de la empacadora, y pueden ser despedidos sin miramiento alguno.
Luego de tres reuniones de carácter conciliatorio, cerca de las ocho de la mañana, y a punto de realizarse la cuarta, la persona responsable de la empresa, de nombre Damián Sánchez - según indicaron los trabajadores - anunció que no recibiría a los 32 delegados gremiales y que daba por terminadas las negociaciones.
Entonces, los gremialistas salieron a la calle y explicaron a los empleados lo sucedido, quienes decidieron impedir la entrada y salida de camiones.
La tensión fue subiendo en el transcurso de la tarde, hasta que cerca de las veinte, la policía recibió orden de reprimir. Y lo hicieron con dureza. La muestra de ello la exhibían los trabajadores lastimados, que estaban presentes en la Casa de las Leyes.
“Nuestra situación es terrible. Son miles de trabajadores los que integran esta cooperativa trucha, y nadie, ni la Subsecretaría de Trabajo, hace nada para evitar que la explotación continúe” afirmó Quillpatay.
Cada operario gana un sueldo aproximado de 730 pesos, y se le realiza una retención del 5% del salario, en concepto de jubilación. Sin embargo, según afirmaron muchos de ellos, no les figuran los aportes, es decir que, no se sabe dónde va a parar el monto de esa retención, que suma unos 38 pesos.
MDZ intentó comunicarse con los responsables de la ajera Campos Grandes, pero nadie respondió al pedido. “Hasta la semana que viene, no hay ningún gerente autorizado para hablar”, se excusó un guardia, en la entrada de la empacadora.