Una reforma a mitad de camino: tres malas decisiones que lesionan la autonomía municipal

A esto se suma, además, la decisión de blindar el régimen de coparticipación vigente y clausurar el debate. La enmienda no guarda silencio sobre la coparticipación municipal: por el contrario, establece explícitamente que la Provincia garantiza el régimen conforme a la ley actual. Pero justamente ahí radica el problema. Al constitucionalizar el esquema vigente, se evita deliberadamente discutir sus criterios, sus incentivos y sus posibles alternativas. Mendoza no parte de una mala situación —de hecho, distribuye a sus municipios alrededor del 18% de los recursos, por encima del piso legal, e incluso tributos como el automotor se coparticipan en altos porcentajes—, pero hace años que no se discuten ni los criterios ni los incentivos del sistema.

Hoy el peso determinante de la población en la distribución deja afuera variables clave como la eficiencia en la gestión, el esfuerzo fiscal o la inversión en obra pública. Y más aún, se pierde la oportunidad de pensar esquemas más innovadores que fortalezcan la responsabilidad local, incluso modelos de coparticipación inversa —como los que existen en Alemania— donde los municipios tengan un rol más activo en la recaudación. Sin recursos —y sin debate sobre cómo se asignan— la autonomía corre el riesgo de ser más declarativa que efectiva.

Finalmente, aquí creo que el problema es más grave: la decisión de imponer un esquema de regionalización que vacía de contenido la autonomía. En este sentido, el nuevo artículo 197 de la Constitución Provincial reformado preanuncia que la Legislatura dictará una ley marco para la formación de regiones entre municipios. Se trata de un agregado oportunista de último momento (en un contexto en el que el oficialismo necesitaba votos adicionales para alcanzar la mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados) que no solo es ajeno al espíritu de la reforma, sino que directamente lo tensiona.

Afirmo esto porque no es coherente, desde el punto de vista teórico ni constitucional, que se reconozca la autonomía municipal y que al mismo tiempo se habiliten —o peor aún, se impongan— esquemas de organización supramunicipal definidos desde arriba. Los procesos de cooperación intermunicipal son esencialmente voluntarios, horizontales, del tipo “bottom-up”. Surgen de la decisión de los propios municipios de asociarse para resolver problemas comunes. No se diseñan de manera centralizada ni se imponen por ley.

Lo que se propone aquí es lo contrario: un esquema “top-down”, donde la provincia define las reglas de agrupamiento. Eso no es cooperación ni asociativismo intermunicipal; es recentralización. Y en ese sentido, la reforma incurre en una contradicción evidente: proclama la autonomía, pero simultáneamente la condiciona.

Por eso, mi postura frente a la reforma es acompañar el reconocimiento de la autonomía municipal, pero advirtiendo –especialmente a las/os legisladores- que sin una discusión seria sobre categorización de gobiernos locales, sin revisar el régimen de coparticipación y con la incorporación de mecanismos de regionalización impuestos desde arriba, estamos frente a una reforma incompleta e inconsistente.

En definitiva, se trata de un proyecto de reforma de la autonomía municipal condicionado por decisiones políticas tan reactivas como centralizadoras que limitan de antemano el alcance real de esa autonomía. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿Queremos municipios verdaderamente autónomos, o simplemente estamos redefiniendo las formas de su dependencia?

Enzo Completa es magistas en Ciencia Política y Sociología de la FLACSO y Doctor en Ciencia Política de la UNR. Profesor titular en la Universidad Nacional de Cuyo y secretario de Investigación de la Universidad Champagnat.