Tras un jueves exitoso, el Gobierno va por todo: busca sancionar este viernes la reforma laboral y la ley penal juvenil

Tras lograr la aprobación en el Senado del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea y la media sanción de la Ley de Glaciares, el Gobierno va por más y cree que este viernes podrá sancionar la reforma laboral y los cambios en la ley penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El Ejecutivo cree que contará con el respaldo de los sectores dialoguistas y darle sanción definitiva a ambos proyectos, resistidos por el kirchnerismo y la izquierda durante el debate en sesiones extraordinarias. Ocurrirá dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias de parte del presidente Javier Milei.

La iniciativa del régimen penal juvenil, promovida por el Gobierno, busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El oficialismo consiguió previamente el dictamen de comisión, lo que habilita su tratamiento en el recinto de manera inmediata. De convertirse en ley, implicaría cambios sobre la norma vigente (22.278), que rige desde 1980.

Desde La Libertad Avanza (LLA) sostienen que la Argentina se encuentra desfasada respecto de otros países latinoamericanos en materia de edad mínima de responsabilidad penal. Señalan que Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana la fijan en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen en 12. En todos esos casos, explican, el abordaje combina responsabilidad penal con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción.

En la fundamentación oficial también se advierte que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en hechos graves. Según esa mirada, esa situación alimenta una sensación de "injusticia" e "impunidad", que el Ministerio de Seguridad —actualmente encabezado por Alejandra Monteoliva y anteriormente por la hoy senadora Patricia Bullrich— busca revertir desde el inicio de la gestión.

El proyecto también apunta a actualizar un régimen sancionado hace más de cuatro décadas, con la intención de establecer “un marco legal moderno” acorde al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Por último, desde LLA sostienen que organizaciones criminales recurren a menores para ejecutar delitos bajo la premisa de que “que no pueden ser procesados”, y aseguran que la reforma pretende desalentar ese mecanismo.

Como volvió al Senado la reforma laboral

Patricia Bullrich Comisión de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda

Tras la eliminación del artículo 44 que establecía cambios en el régimen de licencias por enfermedad y licencias, el proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos en la votación en general en Diputados. La norma fue respaldada por los bloques de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio —integrado por UCR, MID y PRO—, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y legisladores monobloquistas.

En el Ejecutivo hay confianza. En la Cámara baja el apoyo de los gobernadores fue crucial y esperan que se repita en la Cámara Alta. Los nueve diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) acompañaron al Gobierno. Lo mismo hizo Marcelo Orrego (San Juan) con los dos de su bloque Producción y Trabajo y Rolando “Rolo” Figueroa con el monobloque La Neuquinidad. De los tres votos que tiene Osvaldo Jaldo (Tucumán) en la Cámara de Diputados, dos votaron a favor y uno, Javier Noguera, que durante la tarde difundió en redes sociales publicaciones en contra de la ley, finalmente se ausentó.

El texto mantiene como eje central la flexibilización de las relaciones laborales, con cambios en los esquemas de contratación, la promoción de modalidades más ágiles para pequeñas y medianas empresas y la revisión de los mecanismos de indemnización por despido. En ese punto, el oficialismo propone avanzar hacia sistemas alternativos, como fondos de cese laboral, que reemplacen el esquema tradicional previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

Otro de los capítulos relevantes es el referido a la reducción de la litigiosidad laboral. El proyecto apunta a acotar multas y sanciones consideradas “excesivas” por el sector empresario, además de redefinir criterios sobre registración laboral y actualización de créditos derivados de juicios. La iniciativa también incluye incentivos para la formalización de trabajadores no registrados, con esquemas de regularización que contemplan condonación parcial de deudas y alivio en cargas sociales, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

En paralelo, la reforma incorpora cambios en materia de negociación colectiva y en el rol de los convenios sectoriales, habilitando mayores márgenes para acuerdos por empresa. Los libertarios entienden que estas modificaciones buscan dinamizar el mercado laboral y fomentar la creación de empleo formal, mientras que la oposición y las centrales sindicales advierten sobre una posible pérdida de derechos adquiridos y anunciaron que irán a la justicia este lunes.