Tras "la bomba" de Patricia Bullrich, el Gobierno se partió en dos y se pelean por el recorte en Discapacidad

Las explosivas declaraciones de Patricia Bullrich sobre los cambios impuestos en discapacidad para el Presupuesto 2027 cayeron como una “bomba nuclear” dentro del gabinete.

La jefa del bloque libertario aseguró que los recortes que fija el Ministerio de Economía “no se hablaron en la mesa política” y cuestionó que los tomen como “tontos” por no ser contemplados en la elaboración de esas reformas claves para su posterior negociación en el Congreso.

La senadora deslizó que esas modificaciones obedecen a una postura radicalizada del ministro Luis Caputo, aunque avalada por Javier y Karina Milei. Considera que no hay posibilidades de avanzar con la agenda parlamentaria si se promueve este nivel de agresividad en el ajuste y mucho menos si se irrumpe con las pocas conversaciones frutíferas que había con la oposición.

La exministra se refirió a que en la Cámara de Diputados había un principio de entendimiento para acordar un proyecto que actualice los fondos para la atención de las personas con discapacidad, sin que implique una prórroga de la emergencia. Sin embargo, el proyecto que llegó del Palacio de Hacienda incineró los canales de diálogo y todo volvió a foja cero.

Ante ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscan reflotar ese acercamiento con los bloques y, por lo tanto, instar a que los cambios en discapacidad, estipulados en el presupuesto, queden sin efecto.

Durante este jueves hubo contacto con los jefes de bloque para convencerlos de que se podrá retirar o quitar los artículos más cuestionables del expediente.

Santilli y Menem son conscientes de la necesidad de sostener las alianzas legislativas en un contexto de muchos frentes abiertos para la Casa Rosada. Entienden que puede generar un efecto dominó y complicar otros proyectos claves.

De igual modo, todo este proceso deberá pasar por la reunión de gabinete del próximo lunes y la mesa política, donde se reúnen los funcionarios que negocian con la oposición, del próximo martes.

Cuáles son los cambios en discapacidad en el Presupuesto 2027

En el presupuesto el Gobierno fijó una serie de cambios en el régimen de discapacidad que modifican el sistema de pensiones, el esquema de prestaciones y la forma en que se determinan los aranceles que reciben los prestadores. Las modificaciones están concentradas principalmente entre los artículos 36 y 41 de la iniciativa y afectan disposiciones de las leyes 24.901 y 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Uno de los principales cambios está en las pensiones no contributivas. El artículo 36 reemplaza el esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y vuelve a denominarla Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. A su vez, el artículo 37 establece que el beneficio será incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, es decir, también alcanzaría a quienes estén registrados como monotributistas. De esta manera, se elimina la posibilidad actualmente contemplada de mantener la pensión cuando existe un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

El otro cambio central está en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El artículo 39 modifica la Ley 24.901 y determina que el nomenclador dejará de incluir “valores universales”. En el esquema vigente, existe un arancel común para las prestaciones que deben cubrir el Estado, las obras sociales, las prepagas y otros financiadores. Con la nueva redacción, cada ente obligado determinaría los valores en su relación con los prestadores. Para las prestaciones a cargo del Estado nacional, los aranceles serían fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad; si esa actualización no se realiza en término, se tomaría como referencia el IPC del INDEC. También se elimina el mecanismo de actualización automática vinculado a la movilidad jubilatoria.

El proyecto también modifica el alcance de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793. En particular, deroga los artículos 5, 8, 9 y 14. Entre otras cuestiones, esto elimina la definición y el esquema de protección incorporados por la emergencia, deja sin efecto la disposición que garantizaba la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas y elimina el mecanismo de traspaso automático de quienes ya tenían una pensión al nuevo régimen de protección social. También desaparece el artículo que había incorporado a la Ley 24.901 el principio de igualdad de aranceles y su mecanismo de actualización.

En materia presupuestaria, el proyecto prevé para 2027 $6,094 billones para el programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y otros $1,165 billones para la atención médica de sus beneficiarios. El financiamiento de las medidas vinculadas con la emergencia quedaría atado a partidas específicas del Ministerio de Salud y, si resultaran insuficientes, el Ejecutivo podría realizar compensaciones presupuestarias con créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro destinados a Salud y Seguridad Social.