Tensión en Diputados: arranca el debate por la Ley de Glaciares con movilizaciones en el Congreso
Diputados inicia audiencias por la Ley de Glaciares con más de 100 mil inscriptos, restricciones en la participación y una protesta en puerta.
El Congreso retomará su actividad este miércoles 25 de marzo con un tema de alta sensibilidad política y ambiental. La Cámara de Diputados dará inicio a las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, con la participación de los primeros 100 oradores en lo que será la primera de dos jornadas previstas.
El proceso arranca en un clima de tensión, atravesado por cuestionamientos a la organización del debate y a las condiciones de participación.
Más de 100 mil inscriptos y un esquema de participación restringido
El interés por intervenir en la discusión superó todas las previsiones: más de 100.000 personas se registraron para exponer, lo que obligó a las comisiones a redefinir el formato de las audiencias.
Frente a ese volumen inédito, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales —presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc— resolvieron limitar las intervenciones en vivo.
Según el esquema definido, solo 200 exposiciones podrán realizarse de manera presencial o virtual, mientras que el resto de los participantes deberá enviar su aporte en formato de video.
Límites en el acceso y malestar en la oposición
Las restricciones no se limitaron a los oradores. También se establecieron condiciones para el ingreso a las reuniones de comisión.
Solo podrán participar los diputados que integran formalmente esos cuerpos, a pesar de que el reglamento habilita la presencia de cualquier legislador. Además, se fijó un máximo de dos asesores por bloque.
Estas decisiones generaron críticas de la oposición, que advierte sobre una reducción de la participación y cuestiona la transparencia del proceso.
La Justicia rechazó el amparo y crece la protesta
El conflicto escaló luego de que la Justicia desestimara el recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas, que buscaban ampliar la audiencia para garantizar que todos los inscriptos pudieran exponer.
Tras ese revés judicial, los mismos espacios, junto con bloques opositores, convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna: “traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”.
“La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer. La restricción es la contracara de una audiencia pública”, afirmó la diputada García.
Comunidades y organizaciones advierten por el impacto de la reforma
De la protesta participarán representantes de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto con integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural.
Los convocantes buscan visibilizar los posibles efectos ambientales, sociales y culturales que, según advierten, podría generar una flexibilización de la normativa vigente.
Un oficialismo apurado por avanzar hacia el dictamen
En paralelo, en el oficialismo existe una clara intención de acelerar los tiempos. La audiencia pública es un requisito formal, pero en La Libertad Avanza buscan avanzar rápidamente hacia la firma del dictamen y su posterior tratamiento en el recinto.
Ese apuro se da en un contexto político complejo, atravesado por cuestionamientos al presidente Javier Milei por el caso $Libra y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su estilo de vida.
En ese marco, el Gobierno apuesta a evitar que el debate escale y complique la agenda parlamentaria.
El trasfondo económico: minería, inversiones y redefiniciones técnicas
Detrás de la discusión legislativa aparece un interés económico central. Las conversaciones del Gobierno con empresas extranjeras están fuertemente orientadas a impulsar inversiones en el sector minero.
Para ello, la modificación de la Ley de Glaciares resulta clave. El proyecto apunta a habilitar actividades en zonas actualmente restringidas, en particular aquellas consideradas como áreas periglaciares.
Entre los cambios propuestos, se plantea reemplazar el concepto de “ambiente periglacial” por el de “geoforma periglacial”, lo que implicaría una reducción de las áreas protegidas.
Además, se propone revisar el inventario de glaciares y habilitar intervenciones en determinadas zonas si las provincias logran demostrar que no se ve afectado el recurso hídrico.
Un debate que combina ambiente, política y modelo productivo
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares se posiciona así como uno de los debates más sensibles del Congreso, donde confluyen intereses ambientales, económicos y federales.
Con audiencias cuestionadas, movilizaciones en puerta y un oficialismo decidido a avanzar, el tratamiento promete escalar en intensidad en los próximos días.