Tasa Vial: La Suprema Corte bonaerense definirá si es legal su cobro en Mar del Plata
El Máximo Tribunal de Justicia provincial, acepto resolver si es legal cobrar un doble tributo al expendio de combustibles en Mar del Plata. El fallo podría provocar un efecto domino en los municipios que cobran Tasa Vial.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense podría eliminar el cobro de la Tasa Vial en la provincia de Buenos Aires, sentando un precedente para el resto de las provincias
El conflicto por el polémico recargo del 3% en la carga de combustible en el Municipio de General Pueyrredón llego a la máxima instancia judicial de la provincia de Buenos Aires. Tras un derrotero de fallos cruzados, el exdiputado libertario Guillermo Castello logró que la Suprema Corte de Justicia Bonaerense revise la constitucionalidad de la Tasa Vial impulsada por el exintendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro.
La resolución del Máximo Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en caso de declarar la inconstitucionalidad del doble tributo; no solo impactará en el bolsillo de los marplatenses ya que sentaría un precedente que sería letal para las arcas de los más de 20 municipios bonaerenses y de otras provincias que cobran este tipo de tributos. En pocas palabras, el fallo podría provocar un efecto domino en los municipios que aplican la tasa vial.
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La cruzada del ex diputado libertario Guillermo Castello comenzó a principios de 2024, cuando la gestión encabezada por Guillermo Montenegro implementó la Tasa Vial con el objetivo de financiar el mantenimiento de las calles en la ciudad de Mar del Plata y en otras localidades del partido de General Pueyrredón, como una “contraprestación” al doble tributo. Aunque termino siendo un impuesto encubierto, como la afirmo en dialogo con MDZ el ex legislador bonaerense.
Si bien Guillermo Castello reconoció que durante los primeros meses de la aplicación del tributo hicieron algunas obras, especialmente en el centro marplatense, “Guillermo Montenegro quería mostrar que le estaba dando destino a la Tasa Vial. Eso duro muy poco, las calles de Mar del Plata están detonados y termino como dijimos que iba a pasar, que esos miles de millones de pesos que recaudan con este impuesto encubierto terminan en rentas generales para financiar su ineficiencia”.
Asimismo, el exdiputado libertario, cargando contra el ahora exintendente marplatense dijo: “Ingreso a la Legislatura en la Lista de La Libertad Avanza; por lo que debería ser más coherente con su discurso, poniéndose en línea con el gobierno nacional. Por lo que Guillermo Montenegro debería acompañar lo que voto la gente, que son menos impuestos, menos gasto público, más eficiencia y más austeridad; y él va a contramano, en 6 años de gestión sobredimensiono el municipio, metía ñoquis por todos lados y en vez de ajustar el gasto crea impuestos nuevos, trasladándole a los vecinos con el cobro de la Tasa Vial, cada vez que van a cargar combustible, la ineficiencia de su gestión”.
“Montenegro se pinto de violeta, para sobrevivir al naufragio del desastre de los seis años de gestión”, y añadió: “ Se nota que no es liberal, porque el objetivo de un liberal es bajar el gasto público, optimizar recursos, eliminar impuestos todo lo contrario a lo que hace Guillermo Montenegro en Mar del Plata”, remarcó el ex diputado violeta.
Y en cuanto a su cruzada judicial, Guillermo Castello, sostuvo “La Tasa Vial, es un atajo ilegal para recaudar. Viola la Constitución, la tasa debe solventar un servicio público determinando; ya lo dijo la Corte Suprema deben ser a cambio de una concreta efectiva e individualizada contraprestación. Eso es lo que diferencia las tasas municipales de los impuestos que son de carácter general y no requieren contraprestación”
“La Tasa Vial, que ya la están cobrando mas de 20 municipios, se convirtió en la estrella del festival de tasas municipales que hay en la provincia de Buenos Aires. Y creo que si la Suprema Corte de Justicia bonaerense me da la razón esto va a provoca un efecto domino. No solo porque va a caer la Tasa Vial, sino que se va a terminar con la catarata de tasas absurdas que cobran los municipios, que son impuestos disfrazados cobrados por los degenerados fiscales de los intendentes ”, afirmo Castello
Los argumentos detrás de la demanda judicial
El planteo de Guillermo Castello se basa en tres pilares jurídicos que cuestionan la naturaleza misma del tributo, que son:
- La falta de servicio individualizado: según la doctrina jurídica, una tasa debe retribuir un servicio concreto al ciudadano que la paga.
- Doble imposición: el municipio grava el consumo de combustibles, que está bajo la órbita de impuestos nacionales coparticipables, por lo que sostiene en su presentación a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que "se viola la prohibición de aplicar gravámenes análogos a los nacionales".
- Invoca el Decreto Ley 505/58, que prohíbe expresamente a las provincias y municipios crear gravámenes sobre los combustibles líquidos.
Es de destacar que el avance judicial se cristalizó esta semana cuando la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo concedió el recurso extraordinario interpuesto por Guillermo Castello. Para llegar a este punto, el exlegislador libertario debió realizar un depósito cercano a los 4 millones de pesos, una clara señal de la determinación de llevar el caso hasta las últimas consecuencias
El respaldo de la Casa Rosada y el factor "Caputo"
El litigio judicial llevado adelante por Guillermo Castello, se podría inscribir en la ofensiva del Gobierno nacional contra lo que consideran un "abuso recaudatorio" de los intendentes. El ministro de Economía, Luis Caputo, puso a Mar del Plata bajo la lupa incluyéndola en un relevamiento de los municipios con mayor carga tributaria del país.
Desde el gobierno nacional impulsan la eliminación de este tipo de “cargos extras” que aplican los intendentes que impactan en el bolsillo de sus vecinos. De hecho, la Justicia Federal avaló la decisión del Ministro de Economía de prohibir la inclusión de tasas municipales en las boletas de luz y gas, otorgando a los municipios un plazo de 90 días para buscar formas alternativas de recaudación que no "escondan" cargos ajenos al consumo real de servicios básicos.


