Selección de Magistrados: una reforma necesaria que merece ser aprobada
Al sistema actual para elegir jueces enfrenta críticas por su opacidad. La reforma busca mayor transparencia, equidad y legitimidad en la selección.
Resulta inadmisible que en pleno siglo XXI los criterios de corrección de un examen se mantengan ocultos
Archivo MDZDesde hace algunas semanas, el Consejo de la Magistratura de la Nación posee la responsabilidad de discutir una serie de proyectos reglamentarios presentados por la consejera Jimena de la Torre con el objetivo de transparentar, modernizar y profesionalizar el proceso de selección de magistrados.
Estas iniciativas representan una oportunidad inédita para terminar con prácticas opacas, criterios arbitrarios y mecanismos que muchas veces han favorecido intereses sectoriales por encima del mérito.
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Las propuestas atacan de frente los puntos críticos del sistema
La prueba de oposición, la evaluación de antecedentes y la entrevista personal. Cada una de estas etapas ha sido objeto histórico de distorsiones, cuando no de manipulaciones. La publicación de las pruebas corregidas, una vez desanonimizadas, constituye una herramienta indispensable para garantizar control real sobre los jurados, desincentivar favoritismos y asegurar que las decisiones estén fundadas y sujetas a revisión técnica y ciudadana.
Resulta inadmisible que en pleno siglo XXI los criterios de corrección de un examen se mantengan ocultos, se definan ex post o se apliquen de forma discrecional. Obligar a los jurados a establecer y publicar sus criterios de evaluación antes de calificar no solo es una exigencia básica de transparencia: es una condición republicana.
En esa misma dirección, la propuesta de crear un Banco de Casos institucional y auditable, con soporte en inteligencia artificial, rompe con la improvisación que ha caracterizado muchas oposiciones. Los casos deben ser homogéneos en dificultad, validables, y su selección debe quedar librada a parámetros técnicos y no a la voluntad aislada de un jurado de turno. La tecnología debe ser un instrumento al servicio de la equidad.
La evaluación de antecedentes requiere cambios urgentes
Hoy se encuentran concursos donde dos candidatos con trayectorias similares reciben puntajes abismalmente distintos. La automatización de esta etapa, siempre bajo supervisión humana, permitirá aplicar el reglamento con uniformidad, reducir plazos y eliminar decisiones discrecionales.
Uno de los momentos más delicados del concurso es la entrevista personal. En muchos casos se ha transformado en una instancia de legitimación de acuerdos previos. La fijación de una escala puntuable, con ítems definidos, y la limitación de su peso al 20% del total, son pasos concretos para encauzar esta etapa hacia una función complementaria y no distorsiva.
Sin duda estos proyectos merecen ser debatidos. De mi parte, incluso considero que donde se requiere tal vez algunos ajustes es en la calificación de la oposición escrita. Si bien asigna el mayor peso a la solución técnica del caso, no se puede seguir subestimando aspectos centrales como el razonamiento jurídico, la claridad del lenguaje y la responsabilidad ética. Un juez no es solo un especialista en doctrina; es, sobre todo, alguien capaz de argumentar con lógica, comunicar con precisión y ejercer la función con templanza e independencia.
Por su parte, el nuevo esquema de ponderación (50% oposición, 30% antecedentes, 20% entrevista) va en la dirección correcta. Establece un centro de gravedad en el examen escrito y limita espacios de discrecionalidad. Sin embargo, será clave que estos porcentajes se mantengan estables y no se modifiquen según las circunstancias de cada concurso.
La selección de magistrados no puede seguir rigiéndose por lógicas opacas
Es tiempo de asumir que la legitimidad del Poder Judicial comienza en sus mecanismos de ingreso. Y esa legitimidad no se construye con discursos ni con retórica, sino con reglas claras, procesos controlables y concursos donde gane quien lo merece.
Por eso, resulta imperioso que el Consejo de la Magistratura avance sin dilaciones en la aprobación de estas reformas. La sociedad está harta de jueces elegidos a dedo, de concursos eternos, de criterios secretos y de nombramientos funcionales a intereses de turno. Cambiar esta matriz no es opcional: es una obligación institucional.
* Pablo A. Pirovano es abogado y presidente de FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia).