Se reabre el debate por el financiamiento político

El proyecto de ley que busca transparentar los aportes a los partidos políticos y permitir el aporte de empresas privadas a las campañas electorales volverá a ser debatido hoy en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pese a que ya tenía dictamen, para introducirle algunos cambios y llevarlo al recinto de sesiones.

Según se informó oficialmente, la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional será reabierta al debate durante una reunión de la Comisión que se realizará desde las 16 en el Salón Eva Perón del palacio legislativo.

Previamente, los integrantes de ese cuerpo deberán elegir a las nuevas autoridades de la Comisión que, hasta el 10 de diciembre del año pasado, encabezaba el peronista catamarqueño Dalmacio Mera.

Asuntos Constitucionales tiene 19 integrantes, de los cuales siete pertenecen al peronismo no kirchnerista, otros 7 a Cambiemos y el resto se reparten de la siguiente manera: dos para el FPV-Unidad Ciudadana, uno para el peronismo puntano, otro para el interbloque Federal y el último para el Frente Renovador de la Concordia de Misiones.

La intención será introducirle nuevas modificaciones acordadas al proyecto para llevarlo al recinto de sesiones al día siguiente.

El proyecto obtuvo dictamen a principios de noviembre y había sido incluido en el llamado a sesiones extraordinarias hecho por el Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, el tema nunca llegó a debatirse luego de que la diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió, cuestionó que se les permita a los privados hacer aportes de campaña.

El proyecto de ley busca transparentar los fondos destinados a los partidos políticos al pretender bancarizar los aportes en las campañas electorales y, también, regular el trabajo de las encuestadoras.

En la sesión de hoy, Cambiemos y el peronismo federal deberán resolver qué pasará con el aporte de los privados.

El expediente levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas y establece que las agrupaciones no podrán recibir de una misma persona -humana o jurídica- un monto superior al cinco por ciento de los gastos permitidos para cada campaña electoral.

Quedarían afuera de la ley las contribuciones anónimas, las hechas por entidades nacionales, provinciales o municipales, los contratistas de obra pública, las firmas de juegos de azar, las personas o empresas extranjeras que no tengan residencia en el país ni las hechas por asociaciones sindicales, patronales o profesionales.