Se acerca el plazo para que Cristina Kirchner devuelva el dinero de la causa Vialidad
Ni Cristina Fernández de Kirchner ni el resto de los condenados por la causa Vialidad devolvieron todavía los 530 millones de dólares que deben entregar.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A pocos días del vencimiento del plazo establecido por la Justicia, el 13 de agosto, ninguno de los condenados en la causa Vialidad, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cumplió todavía con la orden de restituirle al Estado los 530 millones de dólares establecidos en la sentencia por administración fraudulenta.
Según confirmaron fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, tanto Cristina Kirchner como el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López, principales condenados en el caso, han depositado aún los fondos en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación.
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Si los fondos no son depositados para el próximo miércoles, la Justicia avanzará con la subasta pública de los bienes decomisados.
Qué pasaría con las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos propiedades de Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires, los departamentos del complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país como activos susceptibles de ser rematados. Sin embargo, un conflicto legal complica el proceso: varios de estos inmuebles, cedidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, están embargados en la causa Hotesur – Los Sauces, aunque los fiscales sostienen que la causa Vialidad tiene prioridad para ejecutar las subastas.
En un giro reciente, una acordada de la Corte Suprema de Justicia abrió una alternativa al remate inmediato: los bienes decomisados podrían destinarse a uso institucional, ya sea para el máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura, transformándolos en oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para programas públicos. Además, el máximo tribunal contempla ceder temporalmente algunos inmuebles a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para iniciativas de educación, salud, asistencia a víctimas o reinserción social.