San Jorge suma votos: los llamativos apoyos que consiguió el Gobierno

El proyecto minero San Jorge, rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, tiene hoy un día clave porque la Cámara de Diputados tratará la Declaración de Impacto Ambiental, es decir el aval para avanzar. Desde el plano político, el proyecto, que es defendido por el Gobierno, tiene aval. El bloque completo de Cambia Mendoza, algunos legisladores del peronismo, de la Unión Mendocina y el Pro levantarán la mano a favor.

La ratificación no está en duda en cuanto a la cantidad de votos. La intención del oficialismo es conseguir el mayor consenso posible y por eso aspiran a tener 32 votos a favor, de los 47 diputados habilitados. Además, quieren estirar la sesión el tiempo que haga falta. Si Diputados lo aprueba, ya hay una estrategia para que antes de fin de año San Jorge tenga el aval total: el 9 de diciembre está agendada la sesión en la Cámara de Senadores para tratar la DIA que hoy aprobaría Diputados.

San Jorge es un proyecto para extraer cobre de un yacimiento ubicado en Uspallata, particularmente en la Estancia El Yalguaraz. Prevé una inversión de 560 millones de dólares y extraería cobre usando la flotación como proceso y por eso no tomarán gran parte de la materia prima que está en el mismo yacimiento (se trata del material oxidado que necesita lixiviación y uso de sustancias prohibidas por la ley). Pero PSJ tiene una connotación mayor. Es que el mismo proyecto fue rechazado por unanimidad por la Cámara de Diputados, tras haber obtenido la DIA durante el gobierno de Celso Jaque.

La minería es un tema que divide a los bloques. El antecedente del 2019, cuando fue modificada la ley 7722 con amplia mayoría y luego revertida por la presión social, inquieta. Por eso hay sectores que dudan hasta último momento sobre cómo votar. Esa es una de las razones que demora el inicio de la sesión. En la puerta de la Legislatura se concentran militantes que se oponen a la minería y en particular a San Jorge.

Revancha

Luego de muchas ideas y vueltas, este año la empresa presentó nuevamente la Manifestación General de Impacto Ambiental y antes de un año el Gobierno aprobó la Declaración de Impacto Ambiental y la elevó a la Legislatura para su ratificación. La ley 7722 impone como requisito la aprobación de la Legislatura para los proyectos mineros metalíferos. Para el Gobierno es un punto central en la política de impulso a la minería. Es que sería el primer proyecto de explotación metalífera y hasta podría ser también el que inicie la "era del cobre". Fuera de la pompa política, también pone a prueba la pericia del Estado para controlar proyectos mineros.

La Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge fue aprobada por las direcciones de Minería y Control Ambiental. Pero ese aval tiene implícitos muchos requerimientos técnicos que deben cumplir la empresa. Entre otras cosas, debe gestionar las autorizaciones en el Departamento General de Irrigación, planificar la impermeabilización del depósito de colas, perfeccionar los estudios ambientales y una larga lista de exigencias. Desde el CRICIT emitieron un comunicado advirtiendo sobre los condicionantes que se mencionaron en los estudios técnicos y que deberían cumplirse antes de habilitar el proyecto. En el Ejecutivo cuestionan a esa institución científica porque, aseguran, ya habían firmado el aval.

Si la DIA es finalmente ratificada, la empresa debe realizar el plan de factibilidad, donde se precisan las inversiones, los tiempos y el tipo de trabajo a realizar. Allí se incluye la ingeniería de detalle. Esa tarea demandaría un año. Y la construcción duraría entre 18 y 24 meses.